La asunción de un gobierno de izquierda en Uruguay marca un quiebre en la historia de este pequeño país sudamericano y completa un puzle subregional definitivamente distinto del escenario neoliberal de los años 90.
La sensación de cambio fue visible en las calles de Montevideo y las gargantas de decenas de miles de personas que salieron a celebrar una jornada histórica, que marcó también el 20 aniversario de la restauración democrática tras casi 12 años de dictadura militar.
También se notó esa sensación en el discurso pronunciado por el ahora presidente Tabaré Vázquez luego de jurar fidelidad a la Constitución ante la Asamblea General legislativa.
El gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría es en muchos sentidos una ruptura respecto del pasado político de Uruguay, pero también tiene un perfil nítidamente distinto a las administraciones de Chile, Argentina, Brasil y Venezuela, con las que se lo señala más o menos hermanado.
Vázquez, socialista y médico oncólogo de 65 años, prometió en su discurso de 25 minutos materializar ese cambio que fue el lema de su campaña electoral.
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Sintetizó esos compromisos en austeridad gubernamental, expansión de los derechos humanos a todos los ámbitos de la vida nacional, una política exterior de integración regional, respeto a los compromisos asumidos con los acreedores internacionales, e impulso a una agenda global del desarrollo frente a otra de la seguridad.
El presidente recordó que, 20 años después del fin de la dictadura, subsisten zonas oscuras en materia de derechos humanos.
Por el bien de todos es necesario y posible aclararlas en el marco de la legislación vigente, para que la paz se instale definitivamente en el corazón de los uruguayos y la memoria colectiva incorpore el drama de ayer, con sus historias de entrega, sacrificio y tragedia, agregó.
Se refería al cumplimiento del artículo cuarto de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (que clausuró la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura, de 1973 a 1985) y que habilita investigar la suerte de unos 200 desaparecidos.
Vázquez también habló de las cuestiones pendientes en materia de igualdad racial, equidad de género, derechos del niño, derecho a la información, a la cultura, derecho a un medio ambiente seguro. Esos también son derechos humanos que hacen a la calidad de la democracia.
El presidente reiteró el concepto de más y mejor Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), al que calificó de proyecto político estratégico para el país, pero reivindicó el derecho a desarrollar relaciones con todas las naciones, y aseguró que impulsará un rápido acuerdo comercial del bloque sudamericano con la Unión Europea.
Vázquez reiteró que su gobierno honrará las deudas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los acreedores privados, en el marco de relaciones de respeto y del derecho al desarrollo de la sociedad uruguaya.
Pero desde el inicio de nuestro gobierno debe quedar bien claro, lo decimos con respeto, pero con la máxima firmeza: no toleraremos injerencia externa en nuestros asuntos internos. Los asuntos, decisiones y problemas de los uruguayos los resolvemos entre los uruguayos, sostuvo.
Vázquez adjudicó especial trascendencia a los acuerdos firmados con las fuerzas opositoras el 16 de febrero, en materias económica, exterior y educativa. Pero sería ingenuo esperar de ellos efectos milagrosos, advirtió.
Las modificaciones que el país requiere no pueden llevarse a cabo sin amplios acuerdos sociales, añadió.
Las expectativas ciudadanas de cambio y los reclamos sectoriales ejercerán considerable presión sobre el nuevo gobierno.
La democracia uruguaya atravesó con éxito la crisis económica y social de 2002, pero con un gran costo social, que dejó en la pobreza a un millón de los 3,2 millones de habitantes.
El nuevo gobierno aspira a negociar rápidamente, en semanas, un nuevo acuerdo con el FMI, dijo el lunes el ahora ministro de Economía, Danilo Astori. El país tiene una deuda externa que equivale a casi todo su producto interno bruto.
También se pondrá en marcha un Plan de Emergencia de dos años con un presupuesto anual de 100 millones de dólares, para atender las necesidades de alimentación, salud y educación de la población indigente, estimada en algo menos de 100.000 personas.
A mediano plazo, la administración aspira a corregir las desigualdades redistribuyendo el gasto público y las cargas impositivas, pero sobre todo atrayendo inversiones que permitan crear más y mejores empleos, dijo Astori.
Para el politólogo Jorge Lanzaro, la izquierda podrá ejercer una política de correctivos y de cambios moderados, sin giros radicales, ni vuelcos de proyección global.
Las instituciones públicas muestran que, aun en esta tónica, es problemático y trabajoso producir transformaciones, afirma Lanzaro en el libro La izquierda uruguaya entre la oposición y el gobierno.
Además, la izquierda no ha sido impermeable a la revolución cultural neoliberal, y ha integrado algunos de sus elementos, como la necesidad del equilibrio fiscal, la apertura comercial y la competitividad, dijo a IPS el especialista.
Lo cierto es que a partir de este martes se producirá un formidable recambio en las elites vinculadas a los resortes del Estado uruguayo.
La izquierda no sólo ejercerá el Poder Ejecutivo, tendrá mayoría parlamentaria absoluta y controlará las poderosas empresas públicas, sino que irá renovando progresivamente miles de cargos altos y medios en la administración pública, que fueron por más de 170 años de historia política coto del ahora saliente Partido Colorado y, en menor medida, del Partido Nacional.
Este es un aspecto que diferencia al nuevo gobierno uruguayo de experiencias de países vecinos.
El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva gobierna con una suerte de coalición parlamentaria con sectores en algunos casos en las antípodas de su izquierdista Partido de los Trabajadores, apenas la primera minoría en la cámara baja.
El argentino Néstor Kirchner expresa el pensamiento político del ala centroizquierdista del Partido Justicialista, mayoritario en el parlamento pero que en los años 90 ejerció un gobierno adherido al neoliberalismo económico y al conservadurismo político.
Tampoco la coalición centroizquierdista que gobierna Chile desde 1990 es comparable al gobernante Frente Amplio de Uruguay, fundado en 1971 y con un continuo crecimiento electoral desde entonces.
La administración de Venezuela discurre por el terreno de un movimiento social aglutinado en torno de una figura, la del presidente Hugo Chávez, sobre la desintegración del sistema de partidos y una polarización política extrema.
Pero la izquierda uruguaya tiene en común con todos ellos la búsqueda de un camino diferente al seguido en la región en los años 80 y 90, basado sobre el desmantelamiento del Estado y las privatizaciones. Llega al poder con todos los atributos para encontrarlo.
