Mientras el gobierno de Estados Unidos intenta imponer a otros países su visión opuesta al aborto, feministas del mundo árabe y musulmán advierten que esa campaña puede causar un daño irreparable a su larga lucha por los derechos de la mujer.
La delegación de Estados Unidos intenta debilitar nuestros esfuerzos por la igualdad de derechos, afirmó Maha Abu Dayyeh-Shamas, una activista palestina de Jerusalén que asiste a una conferencia internacional de dos semanas en la ONU para evaluar las acciones de los gobiernos a favor de los derechos de las mujeres en los últimos 10 años.
Estamos muy preocupados por la posición de Estados Unidos. Intentan dividir a nuestras sociedades, dijo a IPS.
La delegación estadounidense hizo circular una enmienda al proyecto de declaración de la conferencia, llamada informalmente Beijing más 10 por celebrarse 10 años después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en la capital de China bajo los auspicios de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
La enmienda dice que, aunque los delegados reafirman la Plataforma de Acción acordada en Beijing en 1995, no crean ningún derecho humano internacional nuevo y estos derechos no incluyen el derecho al aborto.
Grupos de mujeres consideraron esta iniciativa como una interferencia indebida en sus esfuerzos por la igualdad de género y arguyeron que, como el documento de Beijing no alude específicamente al derecho al aborto, no hay necesidad de hacerle cambios. La Plataforma deja librada a cada gobierno la posibilidad de tomar medidas a favor o en contra del aborto.
La Plataforma es un documento cuidadosamente redactado, resaltó Jessica Neuwirth, presidenta de Equality Now (Igualdad Ahora), una federación internacional de cientos de grupos de mujeres de más de 160 países.
El gobierno de Estados Unidos aprovecha esta oportunidad para imponer sus propios objetivos, pero no, no precisamos ningún cambio, dijo.
Lo que Washington pretende es que la conferencia declare que el compromiso de Beijing con los servicios de salud reproductiva no es una garantía del derecho al aborto, explicó Ellen Sauerbrey, una diplomática estadounidense.
El documento de Beijing, que abarca una amplia gama de derechos económicos, sociales, políticos, culturales y reproductivos de las mujeres, fue adoptado en 1995 por 180 gobiernos, incluido Estados Unidos.
Hasta ahora, Estados Unidos sólo logró el apoyo de dos países islámicos: Egipto y Qatar, aliados de Washington en Medio Oriente.
Cada día hay altas y bajas, señaló en referencia a las negociaciones Karin Ronge, una activista alemana de Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres, un grupo de Turquía.
Pero hasta ahora, sólo hay unos pocos países detrás de Estados Unidos. Esperamos que la Plataforma de Beijing no cambie, expresó.
Otras líderes de la sociedad civil compartieron la observación de Ronge. Hasta ahora, la mayoría de las delegadas musulmanas no han apoyado a Estados Unidos, dijo Charlotte Bunch, directora ejecutiva del Centro para el Liderazgo Mundial de las Mujeres, de Estados Unidos.
Sin embargo, Bunch teme que la iniciativa de Estados Unidos aliente a gobiernos dominados por hombres, no sólo en el mundo islámico sino también cristiano, a revertir conquistas que han alcanzado las mujeres en los últimos años.
Eso es exactamente lo que teme Shamas, aunque desde una perspectiva diferente.
Podríamos tener miedo de hablar nuevamente, porque los elementos conservadores de nuestras sociedades nos acusarían de ser occidentalizadas, dijo.
Desde la conferencia de Beijing, la presión de movimientos feministas forzó a varios gobiernos del mundo islámico a derogar leyes discriminatorias de las mujeres, aunque aún persisten y se toleran distintas formas de violencia como la violación marital y la mutilación genital femenina.
La enmienda propuesta por Estados Unidos también decepcionó a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de 45 miembros, que organizó la conferencia Beijing más 10. En la conferencia participan más de 100 delegaciones gubernamentales, entre ellos 80 ministros y 6.000 activistas.
La Plataforma de Beijing es un documento político. No crea ningún derecho humano nuevo, recalcó Kyung-wha Kang, presidenta de la Comisión..
