El ministro brasileño de Hacienda, Antonio Palocci, anunció este lunes que su país no renovaría el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero se mantendrá la política económica basada en la austeridad fiscal.
Los fundamentos económicos del país, más favorables que al inicio del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en enero de 2003, hicieron posible esa decisión, que es mejor para Brasil y para el FMI, explicó el ministro.
Además del crecimiento de 5,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) registrado en 2004, la economía nacional está menos vulnerable a las turbulencias internacionales, al exportar más de 100.000 millones de dólares en los últimos doce meses y registrar un inusual superávit en las cuentas corrientes externas, destacó.
El año pasado Brasil obtuvo un saldo comercial positivo de 33.696 millones de dólares y redujo en 13.600 millones de dólares su deuda externa, que en diciembre bajó a 201.400 millones de dólares, según datos del Banco Central.
Las reservas cambiarias del país tuvieron un gran aumento en los últimos meses. El Banco Central adquirió divisas cuya abundancia en el mercado sobrevaluó el real. En febrero, esas reservas ya superaban los 59.000 millones de dólares, aunque las reservas netas, según el concepto adoptado por el FMI, se limitaban a 31.400 millones de dólares.
Brasil conquistó el derecho de caminar por sus propias piernas y no necesita de ayuda para practicar la austeridad fiscal, dijo el presidente Lula, destacando que la decisión fue comunicada al FMI con serenidad.
El anuncio de que no se renovará el acuerdo, vigente hasta este jueves 31 de marzo, provocó encontradas reacciones.
Mientras opositores de izquierda y derecha afirmaron que no habrá ningún cambio, el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Luiz Marinho, manifestó la esperanza de un vuelco en la política económica, hacia el rescate de los compromisos históricos del izquierdista Lula con los movimientos sociales.
Sin el vínculo formal con el FMI, se abre una oportunidad de debatir nuevas formas de sostener el crecimiento económico, promover más inversiones productivas, empleos y aumentos de salarios, superando la política atada al combate a la inflación solo por medio de alzas de intereses, según el dirigente de la central sindical allegada al gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Pero las mismas explicaciones de Palocci sobre el fin de un período de seis años y medio en que Brasil contó con ayuda y fiscalización del FMI no alientan expectativas de cambio.
El gobierno mantendrá el esfuerzo fiscal, cuya meta es un superávit primario de 4,25 por ciento del PIB. Eso quiere decir que los gastos e inversiones públicas, descontando el pago de intereses de la deuda, quedarán por debajo de la recaudación impositiva en más de 25.000 millones de dólares.
Ese ahorro se destina a asegurar la capacidad de pago del sector público y, mantenido a largo plazo, a reducir la deuda en términos de proporción del PIB. En diciembre del año pasado se logró bajar esa relación a 51,8 por ciento del PIB, después de varios años en los que el endeudamiento fue equivalente a casi 60 por ciento del producto.
Pero este indicador, importante para la evaluación del riesgo económico del país, deberá crecer este año, ante el alza de la tasa básica de interés del Banco Central, de 16 por ciento en septiembre a los actuales 19,25 por ciento, con tendencia a nuevas subas debido a presiones inflacionarias por los precios del petrolero, del acero y de productos agrícolas en el mercado internacional.
Muchos economistas prevén incluso la posibilidad de un ajuste fiscal más rígido para contener la inflación, cuya meta oficial, de 5,1 por ciento este año, ya se considera imposible de cumplir. La persistencia del Banco Central en perseguir esta meta hace inevitable el alza de intereses, lo cual desalienta las inversiones productivas, trabando en consecuencia el crecimiento económico.
Brasil pidió ayuda al FMI en 1998, tras las crisis generada por la crisis financiera de Rusia, que provocó una acelerada fuga de capitales en Brasil. El acuerdo firmado en noviembre de aquel año puso a disposición del país 41.500 millones de dólares y estableció compromisos de inflación y superávit fiscal primario.
Con la devaluación del real, la moneda brasileña, en enero de 1999, la fuerte austeridad fiscal impuesta a los gobiernos central, estaduales y municipales y una brutal elevación de los intereses, el país logró contener la crisis.
Pero las turbulencias volvieron en los meses que antecedieron la elección de Lula en octubre de 2002, por temores del mercado financiero a un gobierno del izquierdista PT. Los compromisos que asumió el entonces candidato en materia de respeto a los contratos y no alteración de la política económica, no evitaron la fuga de capitales, la fuerte devaluación del real y el recrudecimiento de la inflación.
En consecuencia, el nuevo gobierno renovó el acuerdo con el FMI, elevó las tasas de interés y la meta de superávit fiscal primario, promoviendo el estancamiento económico de 2003, cuando el PIB creció solo 0,5 por ciento.
Los buenos resultados obtenidos el año pasado, sin embargo, permitieron a Brasilia renunciar a los créditos del Fondo (que cesaron a fines de 2003) y evitar la renovación del acuerdo, ahora.
