El Banco Mundial considera detener sus proyectos en Nepal si el gobierno de ese país no respeta las libertades constitucionales, anunció la institución financiera bajo presión de grupos de desarrollo y derechos humanos.
La comunidad internacional y las instituciones financieras multilaterales financian más de 60 por ciento del presupuesto de desarrollo de Nepal y 28 por ciento de su presupuesto total, por lo tanto tienen sobre ese reino himalayo una enorme influencia que pueden usar para proteger los derechos humanos, exhortaron los grupos.
El rey Gyanendra asumió poderes absolutos el pasado 1 de febrero después de destituir al gobierno del primer ministro Sher Bahadur Deuba, con el argumento de que era necesario para combatir una insurgencia maoísta de nueve años que se ha cobrado más de 11.000 vidas.
Momentos después de su discurso televisado a la nación, Gyanendra suspendió las libertades civiles fundamentales, incluida la libertad de expresión, lo que generó una fuerte condena de la comunidad internacional. Días después, el rey puso a todos los líderes políticos bajo arresto domiciliario y juramentó a su propio gabinete.
En una declaración cuidadosamente redactada, el Banco Mundial señaló el miércoles que está vigilando de cerca los acontecimientos en Nepal y que podría tomar medidas en un plazo de dos meses.
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Trascendió que el personal del Banco escribió anteriormente una carta a la Junta de Gobernadores diciendo que precisaría más tiempo para realizar una evaluación en el terreno sobre la posibilidad de continuar con los proyectos actuales en Nepal.
La Junta expresó preocupación por la situación de seguridad en Nepal y la posibilidad de seguir adelante con los proyectos del Banco en ese país, y también sobre la capacidad del gobierno de continuar la implementación de reformas económicas en ausencia de mecanismos representativos para construir amplios consensos.
Sin embargo, la Junta apoyó el enfoque cauteloso propuesto por los directores ejecutivos.
El Directorio Ejecutivo toma nota de las preocupaciones de la Junta y seguirá realizando consultas con otros socios de desarrollo para evaluar el progreso del gobierno en la aplicación de las reformas, así como otros asuntos relacionados con la gobernanza del país, incluido el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, declaró el Banco.
El miércoles, el director nacional del Banco para Nepal, Ken Oshashi, dio al gobierno un plazo de uno a dos meses para demostrar un compromiso con las reformas y la gobernanza.
El Banco observará si el gobierno demuestra un compromiso auténtico con la visión nacional de desarrollo expresada en su Documento Estratégico para la Reducción de la Pobreza, un plan de reformas económicas promovido por la institución.
Grupos observadores del desarrollo y los derechos humanos aprobaron la nueva postura del banco.
Creo que esta es una amenaza muy importante del Banco Mundial, comentó Mark Schneider, vicepresidente del Grupo Internacional de Crisis, de Washington.
En esencia, esta advertencia pone en riesgo la principal fuente de recursos de Nepal, resaltó.
Cerca de 40 por ciento de los 27 millones de nepaleses son pobres. Con un ingreso por habitante de apenas 230 dólares anuales, Nepal es uno de los países más pobres del mundo.
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero, los abusos han aumentado y muchos activistas políticos han desaparecido, denunciaron grupos de derechos humanos.
A dondequiera que hemos ido, hemos encontrado una profunda sensación de miedo, incertidumbre e inseguridad entre la gente, manifestó la secretaria general de la organización Amnistía Internacional, Irene Khan, tras una visita a Nepal.
El estado de excepción refuerza el poder de las fuerzas de seguridad, reduce la perspectiva de un proceso político hacia la paz y aumenta las probabilidades de que se produzca una escalada en el conflicto, advirtió Amnistía.
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