La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará esta semana sobre el ataque terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido en 1994 y aún impune. El proceso podría desembocar en una condena al Estado argentino por privación de justicia.
Ana y Lucía tenían 8 y 12 años en 1994, cuando su madre murió en el ataque contra la AMIA junto a otras 84 personas. Once años después, la tía de las huérfanas viaja a la sede de la OEA en Washington para buscar la justicia que le negaron en su país.
Es algo inimaginable tener que salir a buscar justicia fuera de Argentina, pero pienso en las chicas (muchachas), que ahora tienen 19 y 23 años, y no quiero que ellas tengan que seguir esta posta, dijo a IPS Adriana Reisfeld, hermana de la asesinada Noemí Reisfeld, una inquieta asistente social que trabajaba en la institución judía.
El ataque terrorista explosivo fue perpetrado el 18 de julio de 1994 y mató a 85 personas e hirió a unas 300. A pesar de su magnitud y del tiempo transcurrido, aún está impune por falta de una efectiva instrucción judicial. La justicia no solo fracasó en dar con los responsables sino que desvió la pesquisa.
Ante el descalabro de la causa, un reducido número de familiares que integran la agrupación Memoria Activa optó por la vía internacional. Reisfeld es una de ellas, como Diana Weissman, viuda del arquitecto Andrés Malamud, quien era padre de dos niñas cuando murió en la explosión.
Reisfeld y Weissman viajarán este viernes a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington para conocer el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ellas mismas demandaron cinco años atrás, cuando ya desconfiaban por completo de la acción de la justicia argentina.
Los familiares fueron convocados por la CIDH a una audiencia junto a representantes del Estado argentino para iniciar un proceso de solución amistosa de la demanda. Si no hubiera acuerdo, la causa pasaría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ámbito en el cual Argentina podría ser condenada por privación de justicia.
En el informe de la CIDH —aún secreto— se registran las gravísimas irregularidades detectadas en la instrucción y el aparente encubrimiento de los responsables políticos del ataque, según pudieron saber Reisfeld y el abogado de Memoria Activa, Pablo Jacoby.
El autor del pronunciamiento de la CIDH es el chileno Claudio Grossman, veedor de del organismo que indagó en el expediente y asistió en Buenos Aires a las sesiones del juicio oral y público contra un civil y cuatro ex policías acusados de entregar a los autores del atentado la camioneta utilizada como coche bomba.
En ese proceso, que se prolongó por casi tres años, la justicia absolvió a todos los encausados debido a las irregularidades detectadas en la instrucción. La más grave anomalía fue el pago de 400.000 dólares a uno de los detenidos, Carlos Telleidín, para que atestiguara que había entregado el vehículo a los agentes policiales, incriminándolos.
Según se develó en el juicio, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) realizó ese pago ilegal con conocimiento del juez federal Juan José Galeano, ahora suspendido de sus funciones por este caso. El tribunal sostuvo que de esa manera el juez intentaba conformar a la sociedad, que presionaba por el esclarecimiento del ataque.
Pero además de ese soborno, se extraviaron pruebas en el juzgado, y funcionarios que debían investigar colocaron pistas falsas.
Memoria Activa fue la única agrupación de familiares de las víctimas que nunca confió en la investigación encabezada por Galeano. La entidad señalaba al magistrado por encubrir los vínculos del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) con gobiernos acusados de financiar a grupos terroristas, especialmente Irán y Siria.
Otras entidades de deudos de las víctimas coincidieron en criticar las fallas de la pesquisa, pero consideran que había pruebas suficientes para mantener en prisión a los cinco detenidos por su participación en el atentado.
En cambio, Memoria Activa prefirió siempre la anulación de todo lo actuado, en lugar del cierre de la investigación por un juicio irregular que no llegó al fondo de la cuestión. Por eso, ya en 2000 Reisfeld denunció el caso ante la OEA. La sentencia del tribunal oral, en 2004, y el reciente informe Grossman, le dieron la razón.
En diálogo con IPS, el abogado Jacoby de Memoria Activa explicó que todas las denuncias que la agrupación venía haciendo contra la pesquisa fueron corroboradas por el tribunal oral, y de hecho se procedió a la suspensión y pedido de enjuiciamiento del juez que intervino en la etapa de la investigación del atentado.
El gobierno de Néstor Kirchner, que asumió hace dos años, coincide con el diagnóstico de denegación de justicia. El martes, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el presidente anticipó que en la comparecencia ante la CIDH, este viernes, el Estado promoverá una solución amistosa sobre este contencioso.
Kirchner remarcó que Argentina acepta expresamente la responsabilidad del Estado en el punto vinculado a la denegatoria de justicia y afirmó que ordenó a la SIDE entregar a la justicia 400.000 fojas con datos sobre el atentado a la AMIA y otro anterior, perpetrado en 1992 contra la embajada de Israel.
En representación del Estado, viajará a Washington el ministro de Justicia, Horacio Rosatti, y otros funcionarios de esa cartera.
La Unidad Especial de Investigación de la AMIA, que depende de ese ministerio, tiene previsto que el Estado se comprometa ante los familiares a avanzar en los procesos contra los funcionarios políticos y judiciales que impulsaron una hipótesis incriminatoria falsa.
Para el responsable de esa unidad, Alejandro Rúa, la pista falsa de los ex policías ocultó la participación de otros actores clave, como el colombiano Samuel El Reda, convertido al Islam y casado con Silvana Saín, secretaria del entonces agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Moshen Rabbani.
Rúa aseguró que desde el mismo año del ataque consta en el expediente el testimonio de una persona que incrimina a El Reda, pero el juez Galeano abrió un legajo al respecto nueve años después. Rabbani tiene pedido de captura internacional desde fines de los '90.
Rúa también sostiene que hubo un llamado telefónico muy sugestivo realizado desde la región de la Triple Frontera —que comparten Argentina, Brasil y Paraguay— con un teléfono a nombre de André Márquez, desde el que se habrían coordinado los preparativos para el sangriento ataque.
Todos estos datos son analizados ahora por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa, aunque después de 11 años es difícil.
Como si todo apenas comenzara, el gobierno de Kirchner procura avanzar en los pedidos de captura emitidos para la detención de sospechosos que se mantienen prófugos de esta causa.
Mientras, los familiares de las víctimas siguen reclamando justicia.
