Estados Unidos, inflexible opositor a la Corte Penal Internacional (CPI), debe decidir esta semana si se abstiene o ejerce su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ante la propuesta francesa de encomendar a ese tribunal el juicio de crímenes de guerra en Sudán.
La moción de Francia, presentada formalmente el miércoles, pone a prueba la voluntad proclamada por Washington, tras la reelección en noviembre del presidente George W. Bush, de retomar el camino del multilateralismo y mejorar la cooperación con sus tradicionales aliados europeos, que han criticado duramente su política unilateral en la cuestión iraquí y en relación con varios tratados internacionales.
Sería una vergüenza que Estados Unidos se opusiera a esta resolución, opinó Richard Dicker, de la organización no gubernamental humanitaria Human Rights Watch, un grupo estadounidense que trabajó intensamente por el establecimiento de la CPI, creada en 1998 para juzgar crímenes de guerra, genocidios y otros crímenes contra la humanidad.
La CPI es el único tribunal que puede llevar adelante estos procesos con credibilidad, en beneficio del pueblo de Darfur, la occidental zona sudanesa afectada desde hace más de dos años por una guerra civil, sostuvo Dicker.
Darfur fue un reino independiente hasta que Sudán lo anexó en 1917. Los antecedentes de la actual crisis se remontan a disputas por tierras de pastoreo en los años 70, entre comunidades islámicas de nómades árabes y de agricultores negros.
La violencia se ha intensificado desde febrero de 2003, cuando guerrilleros negros comenzaron a responder con violencia al hostigamiento de las milicias árabes Janjaweed, y se calcula que desde entonces el conflicto ha causado la muerte de unas 300.000 o 400.000 personas y el desplazamiento de 1,6 millones.
Los Janjaweed son acusados de llevar adelante una campaña de limpieza étnica, con apoyo o tolerancia de Jartum, contra tres tribus negras que respaldan a las organizaciones guerrilleras Ejército para la Liberación de Sudán y Movimiento por la Justicia y la Igualdad. Más de 200.000 habitantes de Darfur huyeron a campamentos para desplazados en la frontera con Chad, pero aún son vulnerables a los ataques.
Estaba previsto que el Consejo votara la moción de Francia en la tarde del jueves, pero pocas horas antes de la sesión correspondiente, el embajador francés Jean-Marc de la Sabliere anunció que había aceptado una postergación a pedido de algunos delegados que necesitaban reflexionar sobre el asunto y pedir instrucciones de sus gobiernos. Se espera que la cuestión se resuelva esta semana en uno u otro sentido.
Observadores cercanos de la negociación destacan que Washington está ante un dilema, tras encabezar los esfuerzos internacionales para poner fin a la violencia en Darfur, ya que la diplomacia estadounidense califica la matanza en esa región de genocidio, pero no reconoce a la CPI, y lleva adelante una campaña diplomática mundial, mediante tratados bilaterales, para proteger a sus ciudadanos de juicios ante ese tribunal.
Nueve de los 15 integrantes actuales del Consejo de Seguridad están entre los 98 países que ya han ratificado el Tratado de Roma, creador de la CPI, y no votarán contra la moción francesa, dijo a IPS un diplomático latinoamericano, con la condición de que no se revelara su identidad.
Uno de esos países es Gran Bretaña, el aliado más firme de Estados Unidos, y el embajador británico Emyr Jones Perry adelantó que estaba dispuesto a votar la moción francesa esta semana.
Esa iniciativa no está dirigida en absoluto contra Estados Unidos, sino que busca hacer justicia al pueblo de Darfur, enfatizó.
Estados Unidos es uno de los cinco integrantes permanentes y con derecho a veto del Consejo, junto con China, Francia, Gran Bretaña y Rusia.
El proyecto de resolución fue presentado tres meses después de que una comisión creada por el propio Consejo de Seguridad, tras un debate a instancias de Estados Unidos, para analizar la cuestión de Darfur le recomendó remitir el asunto a la CPI, por entender que era el mejor mecanismo y el único modo creíble de hacer justicia.
En vez de aceptar esa recomendación, Washington ha hecho circular un borrador con alternativas, que no se opone en forma explícita a la intervención de la CPI, pero reitera anteriores propuestas para que los casos de Darfur sean juzgados en Tanzania por un tribunal independiente, según había sugerido Estados Unidos, o por un panel africano de justicia y reconciliación, como había recomendado Nigeria.
Quienes abogan por fuertes acciones contra Jartum dicen que un veto estadounidense a la moción francesa será interpretado como una garantía de impunidad por quienes cometen o respaldan atrocidades en Darfur.
Mientras el Consejo de Seguridad tarda, la situación en Darfur empeora. El pueblo de Darfur necesita una gran fuerza protectora, pero mientras eso se implementa, las sanciones selectivas y la justicia podrían tener un impacto inmediato, arguyó Peter Takirambudde, director de la División África de Human Rights Watch.
Sobre la cuestión de las sanciones a Jartum, el Consejo está dividido, con Estados Unidos a favor y la oposición de Rusia y China, que tienen vitales intereses económicos en la región.
Por encima de sus discrepancias, los 15 integrantes del Consejo aprobaron el jueves una moción presentada por Washington para desplegar en Sudán una fuerza de mantenimiento de la paz con 10.000 soldados.
Pero los críticos apuntan que está previsto desplegar esa fuerza en áreas del norte y el sur sudaneses, para garantizar el cese negociado de otro conflicto sudanés, y no en Darfur, donde existe un desastre humanitario. (FIN/2005)
