La Corte Suprema de Justicia de Chile rechazó este jueves el procesamiento del general Augusto Pinochet por el asesinato del militar constitucionalista Carlos Prats, cometido en 1974 en Buenos Aires, otorgando así una impunidad definitiva en este caso al ex dictador (1973-1990).
El fallo del máximo tribunal, aprobado por 15 votos a favor y cuatro en contra, señaló que la posible responsabilidad de Pinochet en ese crimen es cosa juzgada, invocando un dictamen anterior, del 12 de noviembre de 2002, en que rechazó el desafuero del ex gobernante solicitado entonces por la jueza argentina María Servini de Cubría.
Con el dictamen de la Corte Suprema está garantizada definitivamente la impunidad (de Pinochet) respecto al crimen del general Prats, señaló la abogada Pamela Pereira, representante de los herederos del militar en el juicio.
Prats, antecesor de Pinochet como comandante del ejército chileno, y su esposa, Sofía Cuthbert, fueron asesinados el 30 de septiembre de 1974 mediante un atentado terrorista en Buenos Aires, organizado y ejecutado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de los primeros años del régimen dictatorial.
Michael Townley, agente estadounidense de la DINA, confesó como testigo protegido su participación en el asesinato del militar y su esposa, quienes se encontraban exiliados en Argentina e intentaban viajar a Europa, lo que no pudieron hacer a tiempo porque la embajada chilena en Buenos Aires les retrasaba el otorgamiento de pasaportes.
La jueza Servini de Cubría pidió en noviembre de 2000 a las autoridades chilenas el arresto de Pinochet, luego de la condena a cadena perpetua en Argentina del ex agente civil de la DINA Enrique Arancibia Clavel, hasta ahora el único sentenciado por el crimen del matrimonio Prats-Cuthbert.
La investigación en Argentina, y en particular la confesión de Townley posibilitaron la apertura de un proceso en Chile, a cargo del juez Alejandro Solís, quien el 25 de febrero de 2003 formalizó cargos contra el general retirado Manuel Contreras, ex jefe de la DINA.
Solís ordenó igualmente procesar a los oficiales retirados Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga Neuman, José Zara y Jorge Iturriaga Neuman, todos ellos altos mandos de la DINA, al tiempo que inició la investigación sobre Pinochet.
El 2 de diciembre de 2004 la Corte de Apelaciones de Santiago acordó por mayoría despojar al ex dictador del fuero penal especial que le fue otorgado por un estatuto de ex presidentes en julio de 2002, para que pudiera ser investigado en el caso Prats.
El fallo adoptado este jueves por la Corte Suprema revocó la resolución del tribunal de apelaciones, en lo que constituye un verdadero golpe a la comunidad de derechos humanos, según comentó el diario estatal La Nación.
Pablo Rodríguez, abogado de Pinochet, se declaró muy satisfecho por el dictamen de los magistrados de la Corte Suprema. Si se desconoce la cosa juzgada, evidentemente los tribunales de justicia no dan la certeza que la ciudadanía requiere, dijo.
Según Rodríguez, el fallo ratificó las razones anteriores en virtud de las cuales no existe ninguna presunción o sospecha respecto de la participación del general Pinochet en el asesinato del general Prats.
No existe ningún antecedente para encausar al general Pinochet en una causa tan horrible y tan espantosa como ésta, el crimen de Prats y su esposa, insistió el jurista, quien se hizo conocido durante el derrocado gobierno de Salvador Allende (1970-1973) como líder del grupo neofascista Patria y Libertad.
La familia Prats alega que existen testimonios que vinculan a Pinochet con la orden de asesinar al militar constitucionalista, a lo cual se suman declaraciones de Contreras, quien afirmó hace dos meses que Pinochet era la cúpula de la DINA.
La abogada Pereira señaló que la resolución del año 2002, que se invoca ahora, se basó en los diagnósticos de demencia senil del ex dictador de 89 años, pero recordó que la propia Corte Suprema el 4 de enero de este año estableció que la salud mental del ex dictador no lo exime de ser juzgado en un proceso por crímenes de la Operación Cóndor, el plan de coordinación represiva en el Cono Sur de América aplicado en los años 70 y 80.
Entonces, la verdad es que estamos frente a una esquizofrenia jurídica incomprensible, sostuvo Pereira a propósito de los cambios en los criterios del máximo tribunal chileno.
Angélica Prats, una de las tres hijas del asesinado, calificó de francamente lamentable lo resuelto por la Corte Suprema.
El fallo deja a Pinochet en una impunidad frente a este caso, cuando tenemos la certeza de su responsabilidad, y lo deja también en una situación de privilegio en relación a los otros cinco oficiales de ejército que están siendo juzgados, dijo.
El director ejecutivo en Chile de la organización humanitaria Amnistía Internacional, Sergio Laurenti, dijo a IPS que el dictamen es desalentador, pero era esperable, pues es consistente con la conducta del tribunal de evitar que Pinochet sea juzgado en el caso Prats.
Según Laurenti, corresponde ahora esperar que prosperen las otras causas en que está involucrado Pinochet, en particular en el proceso que instruye el juez Juan Guzmán por los crímenes de la Operación Cóndor..
El ex dictador está también acusado de enriquecimiento ilícito y evasión tributaria por la fortuna que acumuló en cuentas secretas en el banco estadounidense Riggs y en otras casas financieras internacionales, aunque el magistrado Sergio Muñoz, quien investiga este asunto, no ha resuelto aún si pedirá su desafuero.
