”No queremos ser objeto de caridad o de proyectos paternalistas”, advirtieron líderes de la etnia guaraní-kaiwoá que viven en el estado de Mato Grosso do Sul, en el centro-oeste de Brasil, donde el hambre mató a por lo menos ocho niños indígenas este año.
La divulgación de estas muertes y de la desnutrición de centenares de niños conmueve al país desde el mes pasado, generando nuevas presiones por medidas gubernamentales para resolver la crisis.
La tragedia de los kaiwoá, subdivisión del pueblo guaraní que se repartió por varias partes de Brasil, además de Paraguay y Argentina, es más inquietante porque se trata del mismo grupo que hace diez años se hizo conocido por un auge de suicidios, especialmente entre sus jóvenes.
”Necesitamos un proyecto estructurante”, dijo a IPS Anastacio Peralto, uno de los miembros de la Comisión de Derechos Indígenas de los Kaiwoá, que divulgó el domingo un manifiesto denunciando la desnutrición como resultado principalmente de ”la pérdida de la tierra, que conduce a la desorganización de nuestra economía”.
La condición básica es la tierra, pero también es indispensable que se creen condiciones para ”volver a los cultivos tradicionales”, como mandioca, maíz y banano, reforestar y que los indígenas cuenten con asistencia técnica, escuelas bilingües (con enseñanza en guaraní-y portugués) y viviendas, sostuvo Peralto.
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”Nos dieron tractores, pero no tenemos quien los maneje”, y sin capacitación no es posible incorporar las tecnologías hoy indispensables para la producción agrícola, afirmó.
La sucesión de muertes de niños guaraníes abrió los ojos de la prensa y las autoridades ante un drama que, según ahora se divulga, se extiende a muchos otros pueblos indígenas, en algunos casos con índices de mortalidad superiores.
”Esas muertes están dentro de los números que normalmente ocurren”, y no son más que en años anteriores, indicó el ministro de Salud, Humberto Costa, para sorpresa e indignación de muchos.
La Fundación Nacional de Salud (Funasa), órgano del ministerio dirigido por Costa, trató de relativizar los hechos de otra forma, al destacar que la mortalidad infantil entre todos los indígenas brasileños bajó de 112 por mil nacidos vivos en 1999, cuando ese organismo asumió la asistencia a ese sector, a 47 por mil el año pasado, según su Departamento de Salud Indígena.
Pero esa proporción es muy superior a la registrada en el conjunto de la población brasileña, que fue de 27 por mil nacidos vivos en 2003.
La proporción de personas desnutridas entre indígenas de Mato Grosso do Sul también bajó mucho desde 2003, de 26 a 16 por ciento, según el coordinador local de la Funasa, Francisco Kickmann.
Las muertes divulgadas de niños indígenas en el estado desde enero son el doble de las ocho reconocidas como producto de la desnutrición. Las demás fueron atribuidas a diarreas, problemas respiratorios u otras causas, pero los médicos admiten que la insuficiencia alimentaria pudo agravar el efecto de esos males.
En Dourados, el municipio donde es más grave el problema, se evaluó la situación de cerca de 2.000 niños de hasta cinco años desde enero, y 294 quedaron en tratamiento para recuperarse de desnutrición. Actualmente 46 están internados y la Funasa anunció el lunes que 20 camas en el Hospital Universitario local de dedicarían a atender nuevos casos.
”Los indígenas no se alimentan debidamente porque no tienen dónde sembrar”, y eso ocurre porque hace un siglo que les quitan tierras en Mato Grosso do Sul, debido a ”una acumulación de errores de los gobiernos”, dijo a IPS el antropólogo Rubem de Almeida, que acompaña desde hace tiempo el drama de los kaiwoá.
Los guaraníes, divididos en los subgrupos kaiwoá y ñandeva, son unos 35.000 en el sur del estado, y viven en varias zonas que suman unas 40.000 hectáreas. Es poca tierra, especialmente porque sus alrededores han sido deforestados por el avance de la ganadería y la agricultura, especialmente en los últimos 30 años, observó.
La lucha de esos indígenas por recuperar condiciones para que sea viable su modo de vida trqdicional, aunque sea parcialmente, puede afrontar nuevas circunstancias adversas.
Un grupo kaiwoá, de ”unas 200 familias” según Peralto, está en peligro de perder la mayor parte de las 500 hectáreas que habitan en el Cerro Marangatú del municipio Antonio Joao, a 230 kilómetros de Dourados. Un fallo de la Justicia reconoció que ese terreno es propiedad de algunos hacendados y ordenó el desalojo de los indígenas.
En Mato Grosso do Sul los gobiernos concedieron muchas tierras a particulares para expandir la agricultura en los últimos 70 años, observó Egon Heck, coordinador local del Consejo Misionero Indigenista, vinculado con la Iglesia Católica.
Así se recortaron las áreas indígenas y se deforestó la región.. Pero la Constitución Nacional de 1988 reconoció el derecho de los nativos a las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos, y eso permitió que recuperaran parte de ellas, en un proceso que implicó numerosos conflictos por todo el país.
En el caso de Marangatú, una jueza de apelación suspendió la orden de desalojo de los kaiwoá hasta el 31 de marzo, con la intención de dar tiempo al gobierno para encontrar una solución, evitando una posible confrontación y otra tragedia social.
La solución está en manos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Almeida coordinó el estudio que demarcó el territorio indígena Nhande Ru Marangatu, que ampliaría a 9.300 hectáreas las tierras a que tienen derecho los kaiwoá. El area ya fue demarcada hace dos años, y sólo falta la homologación presidencial para poner fin al litigio.
La intensa divulgación del drama indígena en Mato Grosso do Sul representa una presión adicional sobre Lula, cuya hesitación en concluir la demarcación de territorios indígenas viene provocando decepciones y críticas entre indigenistas y ambientalistas.
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