Dos años después de iniciado, el Programa Hambre Cero del gobierno brasileño presenta cifras impresionantes, como 6,5 millones de familias beneficiarias de una beca especial, pero soporta muchas críticas.
Se trata de una política pública que busca articular numerosos programas gubernamentales, y todos avanzan razonablemente, con resultados que se podrán evaluar mejor a lo largo de este año, dijo a IPS el secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de Desarrollo Social, José Giácomo Baccarin, que coordina el Programa.
La Beca-familia, por ejemplo, debe llegar a 8,7 millones de familias este año y alcanzar todo el universo de familias (11,4 millones) en situación de riesgo alimentario el próximo año, recordó. Cada núcleo familiar recibe una ayuda de hasta 95 reales (35 dólares) por mes. El promedio del año pasado fue de 66 reales (24 dólares).
El Hambre Cero es correcto en su amplitud y concepción, pero la escasez de recursos hace que avancen más las medidas de emergencia, como la Beca-familia, y la distribución de alimentos, en desmedro de las actividades estructurantes, evaluó Flavio Valente, coordinador de la no gubernamental Acción Brasileña por la Nutrición y los Derechos Humanos.
Las limitaciones impuestas por la política económica impiden las inversiones necesarias en programas que generen empleo y soluciones estructurales, como la reforma agraria y el saneamiento, destacó.
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En la reforma agraria no se alcanzó en 2004 la meta de asentar a 115.000 familias, y para este año un gran recorte del presupuesto indica nuevos incumplimientos, ejemplificó. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió entregar tierras a 400.000 familias durante su gobierno (2003-2006), pero hasta ahora sólo alcanzó menos de un tercio.
Asentamos a 85.000 familias en 2004, es decir 80 por ciento de la meta, lo que es razonable, contrarrestó Baccarin, añadiendo que el gobierno se preocupa por mejorar la calidad de los asentamientos, antes implantados sin asistencia técnica, crédito y otras condiciones necesarias para el sustento de los campesinos.
El recorte presupuestario afecta la actividad del comienzo de año, pero luego se podrá liberar más recursos, observó. Asentar a 200.000 familias en 2005 y 2006 equivaldría a beneficiar a todas las que viven actualmente en campamentos a la espera de tierras, solucionando un grave problema social y ampliando la producción de alimentos, señaló Baccarin.
Esas familias, junto con comunidades indígenas, afrodescendientes que viven aislados en los llamados quilombos y víctimas de desastres naturales o de áreas inundadas por represas, reciben del Estado canastas de alimentos. En 2004 fueron distribuidas 709.000 canastas, y la meta para este año es de 1,2 millones.
Los avances en la agricultura familiar —una acción estructurante— se reflejan en la concesión en 2004 de créditos por 6.500 millones de reales (2.400 millones de dólares) a ese sector, el triple de la suma de 2002, celebró Baccarin.
Esa expansión se dio especialmente en el nordeste, la región más pobre de este país de más de 182 millones de habitantes.
Las mejoras aparecen en Piauí, considerado el estado más pobre. Ya implantamos 54 huertos comunitarios en 28 municipios. Al final de 2006 contaremos con 4.000 familias en el proyecto, dijo a IPS el director de la Unidad de Agricultura Familiar de la Secretaría de Desarrollo Rural de Piauí, Álvaro Ramos.
Este es uno de los proyectos que el gobierno local impulsa involucrando principalmente a los clientes de la Beca-familia, que al obtener sus propios ingresos dejan el programa, abriendo el cupo para otras familias, explicó.
Según Ramos, las dos ciudades de Piauí donde se inauguró el Hambre Cero a inicios de 2003, Acauán y Guaribas, viven hoy otra realidad. Guaribas, que no tenía ninguna infraestructura, obtuvo agua canalizada, la gente dejó de hacer compras afuera porque la ciudad tiene ahora una feria callejera, y muchas personas se alfabetizaron.
También hacen parte del Hambre Cero programas tan distintos como la construcción de cisternas para recoger agua de lluvia y la erradicación del trabajo infantil, que ofrece una ayuda a las familias para mantener a sus hijos en la escuela en lugar de ocupados en trabajos penosos.
Las cisternas son estanques de construcción fácil y poco costosa que llevan a cabo los mismos beneficiados. Tienen capacidad para 16.000 litros de agua destinada al consumo doméstico en la zona rural semiárida del nordeste, donde muchas familias tienen que caminar kilómetros para buscar agua insalubre.
Ya se construyeron unas 75.000 cisternas y para este año hay presupuesto para otras 50.000, aseguró Baccarin. Pero como los gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales (ONG) también financian su diseminación, podrían sumar 200.000 al final de este año, espera el funcionario.
La Meta de Articulación del Semiárido (ASA), que reúne a unas 800 ONG, es haber construido un millón de cisternas en 2008, para atender a todas las familias rurales amenazadas por la sed.
Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (adoptados por la comunidad internacional en 2000) se propone suministrar acceso seguro al agua potable a unos 500 millones de personas, la mitad de la población mundial que carece de ese servicio básico.
El principal problema del Hambre Cero es la insuficiente coordinación política para la implementación articulada de sus variadas dimensiones, diagnosticó Valente, único representante de la sociedad civil en el Comité Permanente de Naciones Unidas sobre Nutrición (SCN), que se reunió del lunes al viernes en Brasilia.
Las críticas que hace Valente son para mejorar la ejecución, y nada tienen que ver con los oportunistas que quieren acabar con el programa social, una política correcta, aclaró.
Se busca, por ejemplo, invalidar el plan Hambre Cero, acusándolo de confundir conceptos como hambre, desnutrición y pobreza. Es necesario precisar las definiciones, pero en este caso el programa es perfectamente justificable por el concepto más amplio de inseguridad alimentaria, coincidieron Valente y Baccarin.
En opinión de Valente, el gobierno de Lula también actúa correctamente en la búsqueda de alianzas internacionales que permitan a Brasil negociar mejor el comercio, la deuda externa y otras relaciones, para superar las limitaciones económicas de sus inversiones sociales.
La deuda pública vuelve al gobierno rehén del agronegocio exportador, a contramano de los objetivos sociales, ejemplificó.
