Los bloqueos viales contra la política energética siguen paralizando a Bolivia, mientras fracasa el diálogo entre gobierno y movimientos sociales, promovido por el defensor del Pueblo y la no gubernamental Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
Los partidos tradicionales se aprestan a aprobar en el Congreso legislativo un régimen tributario flexible para las compañías petroleras transnacionales que operan en el país, mientras campesinos y trabajadores continúan reclamando la nacionalización de las riquezas energéticas y una ley que retenga para el Estado 50 por ciento de las regalías de la explotación del gas.
Bolivia cuenta con la segunda reserva de gas natural de América del Sur.
Desde hace 16 días, unos 2.500 camiones y buses de transporte de pasajeros están cautivos en medio de cortes de carreteras en la semitropical región del Chapare, central departamento de Cochabamba, bastión sindical de los cultivadores de hoja de coca y cuyo líder indígena es el jefe del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS), el diputado Evo Morales.
Los conductores de los vehículos han abandonado la carga y salido de su prolongado encierro a pie y en busca de alimentos, dijo el lunes el presidente de la Cámara de Transporte Nacional e Internacional, Enrique Martínez.
La carretera Cochabamba-Santa Cruz es la principal ruta de tránsito que une occidente con la productiva región oriental, que el pasado año exportó 600 de los 2.000 millones de dólares de ventas al exterior.
El ministro de la Defensa, Gonzalo Arredondo, no descarta decretar el estado de sitio regional para contener la movilización.
Hasta el lunes, los fiscales no lograban coordinar con el gobierno la aplicación de la mano justa para tratar a los manifestantes, anunciada la semana pasada por el presidente Carlos Mesa ante una muchedumbre que le ofrecía respaldo y reclamaba mano dura contra los que cortan carreteras.
Los transportistas se sumarán a las protestas encabezadas por el MAS en una huelga indefinida, mientras la Central Obrera Boliviana (COB) comienza este martes un cese de actividades de 48 horas, al cual se sumarán los campesinos de occidente con bloqueos esporádicos.
En la ciudad de El Alto, la Federación de Juntas Vecinales no consiguió un compromiso formal del gobierno para el retiro de la compañía de origen francés Aguas del Illimani (que cobra elevados precios por sus servicios a una población empobrecida) y anunció nuevos bloqueos en coordinación con la Central Obrera Regional.
El lunes, tras la fracasada cumbre social para considerar la conflictiva legislación energética en la central ciudad de Cochabamba, el MAS, la COB y otras organizaciones sociales resolvieron replantear la estrategia de defensa de los recursos naturales y reclamaron, además de 50 por ciento de regalías, la nacionalización de los hidrocarburos sin compensación.
La posición surgió tras el desaire del presidente Mesa a la invitación a dialogar cursada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el defensor del Pueblo, que intentaron aproximar a las partes en conflicto.
Al contrario, el mandatario inició una ronda de reuniones con los jefes de los partidos ex aliados del depuesto Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), Jaime Paz Zamora, del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, y Manfred Reyes Villa, de la Nueva Fuerza Republicana, quienes ofrecieron a Mesa apoyo para aprobar en el parlamento una regalía de 18 por ciento e impuestos progresivos a la explotación petrolera de 32 por ciento.
La tensión política de la semana pasada en este país andino de 9,2 millones de habitantes (71 por ciento de los cuales vive en la pobreza), llegó a su punto máximo con la amenaza de renuncia de Mesa. El mandatario consiguió poco después que los partidos tradicionales firmaran un pacto político de estabilidad gubernamental, que incluía la garantía de una ley de hidrocarburos en armonía con los inversores extranjeros.
Pero la principal fuerza del parlamento, el MAS, aliado de Mesa durante el primer tramo de su gestión, no suscribió ese acuerdo y continuó con las protestas sociales que reclaman el cumplimiento del resultado de una consulta popular sobre la política energética boliviana, efectuada el año pasado.
El MAS conformó el Pacto Antioligárquico con la COB, el líder aymara Felipe Quispe, el concejal de la ciudad de El Alto, Roberto de la Cruz, y otros dirigentes sociales y sindicales.
Morales dispuso un bloqueo nacional de carreteras en rechazo a la propuesta gubernamental. Los sindicalistas indican que el impuesto de 32 por ciento que quiere aplicar el gobierno es deducible de un gravamen a las utilidades, con lo cual el Estado no obtendría la mitad de las ganancias por la actividad petrolera.
Tras presentar su renuncia el 6 de marzo, Mesa declaró inviable la aplicación de una regalía de 50 por ciento y expresó su temor por el asilamiento en que se colocaría Bolivia ante la comunidad internacional, si pusiera en vigor un régimen resistido por los países sede de las compañías petroleras que tienen contratos con el Estado.
Según el presidente, la comunidad internacional aporta los recursos para pagar gran parte de los salarios del sector público.
Hasta el día que presentó su renuncia, la batalla de Mesa por alcanzar una política tributaria flexible estaba perdida, porque la Cámara de Diputados había aprobado un Impuesto Directo a la Producción de 32 por ciento y una regalía nacional de 18 por ciento.
Este martes, la Cámara de Diputados volverá a instalar sus sesiones y revisará los impuestos a la luz del nuevo pacto político.
El 17 de octubre de 2003, el entonces presidente Sánchez de Lozada renunció y huyó en helicóptero tras una rebelión denominada la guerra del gas, que movilizó a organizaciones sociales contra el proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos y México a través de puertos chilenos.
Unas 67 personas fallecieron durante la represión de las protestas de octubre de 2003 y 200 fueron heridas, según los familiares de las víctimas.
Mesa, quien era vicepresidente, asumió el mando prometiendo cumplir las demandas populares de detener el proyecto de exportación, establecer una política energética avalada por la ciudadanía y poner en marcha una reforma constitucional que reconociera derechos indígenas y autonomías.
Pero estaba previsto que la hora de la verdad para su gestión (que debería concluir en agosto de 2007), llegaría con la consideración de la nueva ley de hidrocarburos, por la influyente presencia de compañías extranjeras que invirtieron unos 3.000 millones de dólares en Bolivia, inserta en un mercado de varios países vecinos desabastecidos.
