Demandamos seguridad jurídica sobre nuestra tierra. Queremos conservarla como la vemos, con sus plantas, aguas y animales, y por eso vamos a luchar en una asamblea constituyente, dijo a IPS Anacleto Supayabe, un dirigente comunal indígena en la Bolivia donde reverbera la pugna por la tierra.
Le acompañan, en un paraje llanero próximo a Santa Cruz de la Sierra, en el oriente boliviano, una veintena de hombres y mujeres de las comunidades amazónicas yuracaré-mojeño, a día y medio de camino. Dialogan con participantes en una conferencia de la organización no gubernamental Coalición Internacional de Acceso a la Tierra.
¿Por qué peleamos con las trasnacionales petroleras, mineras o forestales? Porque destruyen la tierra, para producir oro han contaminado las aguas con cianuro, cal o mercurio, o instalan un gasoducto sin reconocer ningún beneficio a los pueblos indígenas, continúa Supayabe, protegido del inclemente sol con una gorra del equipo estadounidense de béisbol Medias Blancas de Chicago.
Bolivia atraviesa una crisis de gobernabilidad en la que destaca la falta de acuerdos mínimos entre el presidente Carlos Mesa y fuerzas políticas y sociales que demandan una asamblea constituyente, y entre las cuales hay coaliciones de indígenas y otros sectores populares, así como los grupos autonomistas en la provincia de Santa Cruz.
La crisis de marzo estalló por los recursos energéticos. En el lapso de 15 días, el presidente Mesa amenazó con renunciar, pero revisó su decisión bajo el compromiso de algunos grupos parlamentarios de votar una ley de hidrocarburos aceptable para las compañías transnacionales, y luego vio como ese pacto se diluía ante movilizaciones populares que tenían prácticamente bloqueado el transporte carretero.
El parlamento dio curso a un proyecto con retenciones fiscales a los hidrocarburos consideradas imposibles de aplicar por Mesa. Éste quiso entonces llamar a elecciones anticipadas, pero el Poder Legislativo rechazó su propuesta.
Uno de los problemas pendientes en Bolivia es la reivindicación simultánea de distintos derechos sobre los mismos espacios por parte de ganaderos, grandes agricultores, pequeños y medianos colonos (campesinos emigrados de las tierras altas), empresas petroleras, mineras, forestales, el Estado central y también las provincias y municipios, así como comunidades indígenas.
En algunos casos, comunidades indígenas han reclamado hasta un millón de hectáreas (10.000 kilómetros cuadrados) de bosque amazónico para unas 2.000 familias, dijo a IPS Miguel Urioste, director de la Fundación Tierra.
Urioste explica que en realidad son reivindicaciones maximalistas, alentadas por la facilidad con la que en el pasado se formaron en el oriente boliviano grandes latifundios, pues el Estado entregó gratuitamente extensiones de 50.000 o 100.000 hectáreas a quien invocase un proyecto de inversión.
Por contraste, en el Altiplano andino y los valles del occidente, pequeñas parcelas sobreexplotadas sin soporte técnico suficiente han empobrecido a miles y miles de campesinos que emigraron a campos en el oriente o a las ciudades. En el medio está la rica zona cocalera del Chapare.
Incluso las migraciones a la ciudad sostienen el tema de la tierra en el centro de los debates por fijar nuevos rumbos para Bolivia, porque los residentes —nuevos habitantes de La Paz y su agitado suburbio El Alto— son ex campesinos que mantienen vínculos organizacionales intensos con sus comunidades de origen en el Altiplano.
En Santa Cruz, el movimiento autonomista —abundan las banderas, las fachadas y los taxis pintados con sus colores verde y blanco— expresa en buena medida los intereses de los propietarios de tierras, ganaderos o sembradores de soja que desean una aplicación especialísima de la legislación boliviana.
Una de sus propuestas es que, así como a comunidades indígenas se les pueden reconocer alegatos de posesión ancestral de tierras, en su caso el Estado avale como buenos —supletorios de títulos de propiedad— los documentos de hipotecas que la banca privada ha aceptado para concederles créditos.
Están por otra parte los activísimos cultivadores de coca en la región de Chapare, que defienden el uso de sus tierras frente a las políticas de erradicación de cultivos ilícitos que impulsa Estados Unidos, y también existe un Movimiento de Campesinos Sin Tierra, inspirado en el brasileño, que ha protagonizado algunos episodios de violencia.
En la Amazonia, varios agrupamientos de comunidades indígenas se esfuerzan por obtener derechos sobre las tierras, no para proceder a su explotación agropecuaria sino para asegurar que se preserve como área de aplicación de sus usos y costumbres.
Nosotros reivindicamos derechos sobre 100.000 hectáreas a lo largo del río Ichilo, dijo a IPS otro líder de la comunidad yuracaré-mojeño, David Góngora. Pero sólo destinaremos a la agricultura las parcelas que cada familia necesita para poder vivir. El resto lo usaremos según nuestros usos y costumbres, para recoger miel y frutos, o para cazar, y proteger las aguas y los bosques.
Las comunidades estarían obligadas, si el Estado les concede derechos sobre la franja que reivindican, a elaborar un plan de manejo de los bosques, recordó por su parte la ingeniera Ana Betancourt, de la organización no gubernamental de desarrollo comunitario Centro de Tecnología Intermedia.
La titularidad de las tierras puede ser una manera de conseguir más recursos, porque junto al Ichilo vivimos con muy poco, comentó a IPS la activista Elizabeth Chapi. Sobrevivimos con la medicina tradicional, a base de plantas, pero no tenemos otros medicamentos, ni médico. Nos conformaríamos con una enfermera.
Las reivindicaciones de los yuracaré-mojeños tocan tierras que están bajo concesiones forestales y petroleras, así como mineras, en el municipio Yapacaní, de 12.000 kilómetros cuadrados y de los cuales más de la mitad son reservas forestales.
Las comunidades indígenas han establecido alianzas con colonos collas (mestizos u originarios del Altiplano) que son unos 33.000 y ocupan el tercio sur del municipio, en tanto los indígenas reivindican toda la franja occidental.
Es verdad que un montón de fuerzas externas caen sobre los territorios que reivindican los indígenas, pero el Estado boliviano no tiene capacidad de garantizar los distintos derechos de cada uno de los actores sobre la tierra, observó a IPS el asesor del Ministerio de Desarrollo Sostenible, Erwin Melgar.
Los anteriores gobiernos prácticamente parcelaron todo el territorio, y el actual no tiene capacidad de imponer directrices porque hay una crisis de gobernabilidad. Habrá que esperar entonces que una asamblea constituyente establezca las reglas y logre un compromiso de todos los bolivianos, agregó Melgar.
