En abierta contradicción con el Vaticano, el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, destituyó al obispo castrense que había sugerido arrojar al mar al ministro de Salud por pronunciarse a favor de despenalizar el aborto.
Tras el fracaso de las gestiones diplomáticas ante el Vaticano para que el obispo Antonio Baseotto fuera separado de su cargo por la Iglesia Católica, el presidente firmó un decreto retirando el acuerdo que el Poder Ejecutivo había brindado en 2002 al nombramiento del prelado por la Santa Sede.
Para reafirmar su decisión unilateral, Kirchner firmó un segundo decreto en el que retiró al obispo el presupuesto del Estado asignado a su vicaría para la labor de asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas.
El área recibía unos 20.000 pesos argentinos por mes (equivalentes a 6.000 dólares) y el obispo 5.000 pesos (1.700 dólares), en este país donde la Iglesia Católica ha tenido una profunda influencia en el Estado.
La información fue suministrara por el jefe del Gabinete, Alberto Fernández, en una rueda de prensa junto al canciller Rafael Bielsa y el secretario de Culto, Guillermo Olivieri. Bielsa, quien fracasó en las gestiones para que el Vaticano removiera a Baseotto, informó que se aguarda una postulación de la Santa Sede para el cargo.
Fernández consideró que la decisión gubernamental no implica entrar en ningún tipo de debate, disputa o confrontación con la Iglesia y comparó la remoción con la de cualquier funcionario que tiene expresiones repudiables. Pero en este caso, el Vaticano había ratificado al obispo el lunes.
El ordinariato castrense fue establecido en 1957 por un régimen militar, y elevado a obispado en 1992 por el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), quien otorgó sueldo y atribuciones de subsecretario de Estado al obispo designado.
Desde entonces, el Vaticano propone un candidato y el Poder Ejecutivo efectúa el nombramiento.
Baseotto tenía abultados antecedentes por declaraciones antisemitas, macartistas y de reivindicación de las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura militar (1976-1983). Pero esos dichos cobraron estado público cuando a fines de febrero arremetió contra el ministro de Salud, Ginés González García.
El ministro, que promueve el reparto de preservativos y la despenalización del aborto, fue el blanco de una de las diatribas de Baseotto, quien adaptando una cita bíblica aseveró que González García merecía que le cuelguen una piedra de molino al cuello, y lo arrojen de cabeza al mar.
El exabrupto tuvo un impacto muy negativo en este país en el que los represores militares de la última dictadura apelaron justamente a la práctica de arrojar a sus prisioneros vivos al mar desde aviones militares.
No era la primera vez que Baseotto emitía declaraciones polémicas. En 1986, en un espacio que tenía en un programa de televisión de la norteña provincia de Santiago del Estero, el entonces sacerdote había dicho dijo que si la pornografía es negocio, el hebreo vende pornografía. Y si la droga es negocio, vende droga.
Si para ganar más conviene chantajear, va a chantajear y si tiene que hundir a la competencia lo va a hacer, predicaba entonces Baseotto. La colectividad judía del distrito manifestó su disgusto, pero el sacerdote fue respaldado.
En los últimos años, en una particular argumentación contraria al aborto (que es ilegal en Argentina) el prelado dijo: Nos hacemos cruces por las víctimas de los nazis, ¿y segregar al que no ha nacido? ¿No es un crimen abominable?.
La misma lógica utilizó mencionando a los desaparecidos por la dictadura que, a su juicio, tienen más defensores que los no nacidos. El obispo también había justificado a los militares que violaron los derechos humanos por los excesos imposibles de evitar en una guerra.
La colectividad judía presionó contra la permanencia del obispo, y el jueves lo hizo Carlos Susevich, padre de una de las víctimas del atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, dos años antes de otro ataque terrorista a una institución judía. En los dos crímenes murieron más de un centenar de personas.
Las organizaciones de derechos humanos rechazaron la autoridad del obispo y señalaron que el secretario de Baseotto, el sacerdote Alberto Zanchetta, había sido en 1977 capellán de la temible Escuela de Mecánica de la Armada, por entonces el mayor centro clandestino de detención y torturas.
Mabel Gutiérrez, de la agrupación Familiares de Desaparecidos y Detenidos Políticos, dijo a IPS que alguna medida había que tomar con un funcionario que estaba incitando al crimen.
Para nosotros se trata de una imagen con connotaciones trágicas porque los nuestros fueron efectivamente arrojados al mar, lamentó.
El gobierno pidió al Vaticano la destitución de Baseotto, pero después de 20 días de tramitada la solicitud, el nuncio apostólico Adriano Bernardini informó el lunes al ministro de Defensa, José Pampuro, que no encontraba en el derecho canónico razón alguna para separar del cargo al obispo.
El respaldo del nuncio (emisario del Vaticano) a Baseotto no fue consultado con la Conferencia Episcopal Argentina, y causó malestar en la jerarquía eclesiástica local.
Bernardini participó de las deliberaciones de los prelados argentinos durante dos días luego de su entrevista con el ministro y sin embargo no les informó de sus gestiones ante el gobierno.
No obstante, los obispos han evitado pronunciarse sobre los dichos del controvertido obispo. La Iglesia argentina tiene una posición manifiestamente contraria a la despenalización del aborto que, además de ilegal, es la primera causa de muerte materna en este país.
