La Unión Europea (UE) debe modificar su política agraria para cumplir las Metas de Desarrollo del Milenio, lo que beneficiará no sólo a los países más pobres, sino a la mayoría de los agricultores europeos, actualmente muy discriminados.
El reclamo corresponde a la organización no gubernamental Intermón Oxfam (filial española de la internacional Oxfam, con sede en Gran Bretaña).
Siete grandes terratenientes españoles recibieron en 2003 subsidios de la UE por más de 14 millones de euros (19 millones de dólares), un monto similar al repartido entre 12.700 explotaciones agrícolas más pequeñas y equivalente a la renta anual de 90.000 campesinos de Mozambique, sostuvo Intermón Oxfam, en un informe presentado esta semana en Madrid.
Entre esos siete grandes subsidiados por la Política Agraria Común (PAC), están Cayetana Fitz James Stuart, la duquesa de Alba, quien percibe 1,88 millones de euros (2,5 millones de dólares) al año. Y la lista la encabezan los hermanos Mora-Figueroa Domecq, con 3,6 millones de euros (4,7 millones de dólares), suma equivalente al ingreso anual de 15.000 campesinos en Guatemala.
La concentración de ayudas en los grandes terratenientes y productores ha puesto en dificultades a la agricultura familiar europea. Entre 1999 y 2003, desaparecieron en España 147.000 explotaciones familiares.
[related_articles]
Las Metas del Milenio fueron aprobadas por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2000, y proponen reducir a la mitad la proporción de personas hambrientas e indigentes en el mundo antes de 2015, entre otros objetivos de desarrollo, salud, educación, equidad de género y ambiente.
Mil doscientos millones de personas viven con menos de un dólar al día, 2.700 millones con dos, y la mayoría de ellas están radicadas en África, Asia y América Latina, afirma la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Hay que hacer un reparto más equitativo de la ayuda de la UE a su sector agropecuario, dijo a IPS el responsable de relaciones internacionales, estrategia y desarrollo de la española Confederación de Organizaciones Agrarias y Campesinas (COAG), Javier Sánchez Ansó.
Desde 1990, su organización viene reclamando cambios a la actual distribución de las ayudas del bloque, que carece de legitimidad social, pues el cuatro por ciento de los receptores se llevan 40 por ciento de las mismas, lo que es ilegítimo e injustificable, dijo.
La COAG sostiene que el sector agropecuario debe ser retirado de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues no es productor de tornillos, sino la base de una soberanía alimentaria, dijo Sánchez Ansó.
Según estadísticas de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, 18 por ciento de los receptores de ayudas en la agricultura y la ganadería concentran 76 por ciento del total que otorga la PAC.
Entre las empresas beneficiadas se encuentra la española Ebro Puleva, la sexta compañía agroalimentaria de la UE, que recibió en 2003 más de veinte millones de euros (26 millones de dólares) por sus actividades en el sector del azúcar y el arroz.
En el resto del bloque la situación no cambia, en todo caso empeora. En Gran Bretaña, por ejemplo, el duque de Westminster recibe cada año el equivalente a 628.000 dólares, y el duque de Malborough unos 715.000 dólares en subsidios de la PAC.
En Francia, según cifras oficiales, un cuarto del total de productores no recibe ayudas, en tanto que 15 por ciento de las explotaciones más grandes concentran seis de cada diez euros otorgados en subsidios.
De acuerdo con el estudio de Intermón Oxfam, cada agricultor alemán recibe subvenciones equivalentes a más de cuatro veces el salario medio de un trabajador industrial.
El panorama no es más alentador en Estados Unidos. Allí, 60 por ciento de los agricultores no reciben ninguna ayuda de los 20.000 millones de dólares que el gobierno destina a ese sector, mientras 10 por ciento de las explotaciones más grandes y rentables se llevan 72 por ciento del total, según promedios efectuados entre 1995 y 2003 por el no gubernamental Environmental Working Group, con sede en Washington.
En España, Gonzalo Fanjul, autor del informe de 51 páginas de Intermón Oxfam, titulado Goliat contra David, reclamó el fin de un modelo que beneficia solamente a las grandes compañías y terratenientes, y pidió al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno español, liderar en el bloque una reforma de la política agraria que sea coherente con sus compromisos en la lucha contra la pobreza.
En plena campaña para las elecciones que lo llevaron al poder, Zapatero dijo en febrero de 2004 que quería ser el presidente del gobierno que integrara a España en una alianza contra el hambre, por considerar ese mal la más mortífera arma de destrucción masiva.
Zapatero se diferenciaba así del entonces jefe del gobierno español, el derechista José María Aznar, quien apoyó la invasión estadounidense a Iraq invocando la existencia en ese país de armas de destrucción masiva.
Si Rodríguez Zapatero y la UE quieren cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio tienen que garantizar unas reglas justas para los mercados agrarios, dijo Paloma Escudero, directiva de Intermón Oxfam.
Éste es un año clave, pues en septiembre se celebrará una conferencia especial sobre las Metas del Milenio en Nueva York, sede de la ONU. También se establecerá la reforma del sector azucarero de la UE y, en diciembre, se llevará a cabo una reunión ministerial de la OMC, que deberá trazar el mapa de la liberalización del comercio agrícola mundial para los próximos 15 años.
Por ello, España tiene ante sí una oportunidad política única para conjugar sus intereses y sus compromisos. Mantener el sistema actual amenaza el futuro del campo español y daña la credibilidad de la lucha del gobierno contra el hambre y la pobreza, insistió Escudero.
Un sector demostrativo del desequilibrio agrario europeo es el del azúcar. Según cálculos de Oxfam, seis grandes refinadoras de ese producto recibieron, en 2003, 819 millones de euros (1.000 millones de dólares) en subsidios a la exportación. Con ello la UE se mantuvo como segundo exportador mundial, a costa de países tradicionalmente productores como Malawi, Etiopía o Brasil.
La empresa más beneficiada por esos subsidios es la francesa Beghin Say, seguida de la alemana Sudzucker, la más grande de Europa, y la británica Tate & Lyle. Esa exportación subvencionada hunde los precios internacionales entre un 20 y un 23 por ciento.
En Malawi, por ejemplo, la caída significó pérdidas por 42,8 millones de dólares, una cantidad que equivale al presupuesto total de salud de ese país, en el que 15 por ciento de la población padece sida.
En República Dominicana, donde 30.000 pequeños ganaderos viven de la producción lechera, la UE vende leche en polvo subsidiada a un precio 25 por ciento debajo del producto fresco local, lo que empujó a 10.000 productores a abandonar la actividad en la última década.
En Honduras la competencia desleal estadounidense (venta de bienes a precios por debajo de sus costos de producción) en la importación de arroz dejó sin ocupación a más de 20.000 familias que dependían de ese cultivo para su subsistencia.
Oxfam no plantea quitar la ayuda a los campesinos españoles, sino hacerla más equitativa y, al mismo tiempo, respetar las reglas del comercio, para no perjudicar a los países más pobres.
Los intereses de la mayoría de los agricultores españoles no chocan con los intereses de los países pobres. Si quiere acabar con el hambre y la pobreza, el gobierno debe empezar exigiendo un reparto más justo de las ayudas y el fin de las exportaciones subvencionadas europeas, dijo Fanjul.
No hay ninguna posibilidad de cumplir los Objetivos del Milenio asumidos por la comunidad internacional si no se garantizan reglas justas para los mercados agropecuarios, añadió.
Para ello Oxfam propone una serie de acciones, entre ellas una ronda de negociaciones comerciales al servicio del desarrollo, donde se plantee un calendario para acabar con las subvenciones a la exportación, y se garantice el derecho de los gobiernos de los países más pobres a proteger su seguridad alimentaria y su futuro.
