Unos 250.000 niños y niñas son explotados como combatientes, peones, espías y esclavos sexuales por fuerzas beligerantes en conflictos armados, advirtió un alto funcionario de la ONU.
En países como Colombia, Sierra Leona y Liberia, los niños suelen enrolarse —voluntariamente o forzados— para participar en combates cuando son menores de 15 años, en contravención de las convenciones internacionales.
Los niños esperan, imploró Olara Otunnu, representante especial del Secretario General de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados, ante el Consejo de Seguridad, en una sesión celebrada especialmente para afrontar el problema de los soldados menores de edad.
Otunnu expuso las recomendaciones de un informe emitido este mes por el secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Kofi Annan, para exigir un estricto cumplimiento del régimen que protege a niños y niñas del reclutamiento en conflictos armados y castiga a los reclutadores.
Tal régimen apelaría a sanciones específicas, como embargos de armas y cese de asistencia militar, así como restricciones de viajes y de flujos financieros a los líderes de los países violadores de las normas y su exclusión de cualquier estructura gubernamental.
Las medidas propuestas por Annan apuntarán a quienes cometan alguna de las seis violaciones graves establecidas por la oficina de Niños y Conflictos Armados de la ONU (CAAC), explícó Otunnu, natural de Uganda.
Éstas violaciones son asesinato o mutilación de niños, reclutamiento o uso de soldados menores de edad, ataques contra escuelas u hospitales, secuestro, violación u otro acto de violencia sexual grave contra niños e impedirle a éstos acceder a asistencia humanitaria.
La sudirectora ejecutiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Rima Salah, admitió que en el pasado hubo grandes dificultades para controlar la situación y aplicar estos criterios.
Unicef necesitará suficientes recursos para desarrollar una guía, una metodología y herramientas de manejo de datos apropiadas, así como asegurar la seguridad del equipo que trabaja para la agencia, sostuvo Salah.
Es necesaria una cooperación plena de los gobiernos si queremos ser eficaces en el cumplimiento de este mandato, agregó.
El informe de Annan incluyó mecanismos de denuncia sobre presencia de niños en conflictos armados. La información puede ser recogida por organizaciones no gubernamentales, gobiernos y funcionarios de la ONU.
Los datos deben ser derivados luego a una Red de Protección Infantil, que reunirá a organismos de la ONU e instituciones gubernamentales, y finalmenta a un Grupo de Trabajo constituido a nivel nacional.
Luego de esta etapa, la información se derivará a las instancias centrales de la ONU, donde la analizará la CAAC con miras a elevarla al Consejo de Seguridad o la Asamblea General.
La activista Jo Becker, de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, manifestó preocupación por que los asuntos considerados el miércoles por el Consejo de Seguridad vienen analizándose hace tres años.
Pero, según Becker, aún no se ha acordado un plan de acción coherente para acabar con el reclutamiento de niños y niñas.
Los embargos de armas, por sí solos, no sirven de mucho, pues cuatro de los cinco países en que se reclutan menores de edad ya son objeto de tales sanciones, dijo la activista a IPS.
El informe de Annan indica que la situación mejoró en muchos países, como Afganistán, Liberia, Sierra Leona y Timor Oriental. Pero el secuestro y la violación de niños y niñas continúa, por ejemplo, en Burundi, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Somalia.
El estudio de la ONU también menciona a Sudán, donde las milicias árabes Janjaweed son responsables de actos calificados de genocidio por Estados Unidos. De todos modos, Colombia es el país en que la situación es peor, con más de 11.000 niños combatientes.
En total, 54 partes en 11 conflictos armados violan las normas sobre reclutamiento de menores, según la lista presentada por Otunnu. Desde el informe del año anterior, 18 partes fueron retiradas de la nómina y se sumaron seis.
El informe diferencia entre las partes ofensoras de los convenios sobre infancia y los países donde éstas operan, pues la mayoría de los reclutamientos corresponden a organizaciones rebeldes que luchan contra sus gobiernos.
Los insurgentes que reclutan niños suelen evadir sus responsabilidades al decir que sus combatientes son todos mayores de edad. Otunnu afirmó que siempre que se le pregunta la edad a un niño soldado, responderá que es mayor de 18 años.
Pero los funcionarios de la ONU y las organizaciones de derechos humanos son incapaces de verificar la edad real de los combatientes, pues no fueron registrados al nacer.
Así, no existen registros del nacimiento de seis de cada 10 niños nacidos cada año en Asia meridional, ni de 55 por ciento de los nacidos en África subsahariana.
Es imposible saber cuántos son los niños no registrados, pero estimamos que son más de 500 millones, según un informe de la organización no gubernamental Plan, divulgado en Londres.
Cualquier reclutador de niños verá facilitada su tarea si no existen documentos disponibles que verifiquen la edad del combatiente, dijo a IPS Colin McCallum, de Plan.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia, aprobada en 1990 y ratificada por 192 países, establece que ningún menor de 15 años puede ser reclutado.
De todos modos, un protocolo opcional de la Convención, en vigor desde 2003, prohíbe la participación en combates de los menores de 18 años.
El artículo 7 de la Convención establece que los niños deben ser registrados inmediatamente después de nacer. Pero algunos países que ratificaron la norma no implementaron aún esa disposición.
(*) Con aportes de Thalif Deen, desde Naciones Unidas
