El estudiante estadounidense Ahmed Abu Ali fue devuelto en secreto por Arabia Saudita, donde estaba detenido, a Estados Unidos, cuyo gobierno lo acusó de planear el asesinato de presidente George W. Bush.
Las autoridades de Estados Unidos transportaron a este hijo de inmigrantes jordanos, de 23 años, mientras sus abogados presentaban ante la justicia demandas contra el gobierno de Bush por mantenerlo confinado en Arabia Saudita sobre la base de evidencia secreta.
Abu Ali, nacido en Houston, Texas, y criado en Falls Church, Virginia, estuvo 20 meses detenido en Arabia Saudita como sospechoso de terrorismo, pero sin ser acusado. Esta semana, al comparecer ante un tribunal estadounidense, afirmó haber sido torturado.
La acusación indica que, en 2002 y 2003, Abu Ali y un supuesto cómplice no identificado consideraron en Arabia Saudita, donde el joven estudiaba, la posibilidad de asesinar a Bush, a balazos en la vía pública o bien con un coche bomba.
Abu Ali es acusado también de brindar apoyo material a la red terrorista Al Qaeda. En caso de ser declarado culpable, podría pasar hasta 80 años preso. Según los fiscales, Abu Ali se unió a una célula de Al Qaeda en 2001..
Los abogados defensores contratados por sus padres habían advertido ante los tribunales estadounidenses, antes del regreso del joven, que funcionarios de Washington estaban detrás de su arresto en Arabia Saudita y que pretendían mantenerlo allí para torturarlo en procura de información.
El gobierno presentó una moción secreta para que la justicia desacreditara la demanda. La defensa de Abu Ali debió preparar su respuesta sin siquiera haber leído los argumentos del Poder Ejecutivo.
Uno de los abogados del joven, David Cole, del Georgetown Law Center, dijo a IPS: Estuve en muchos casos con evidencia secreta antes, pero en ninguno de ellos estuvo en juego la libertad de un ciudadano estadounidense.
El gobierno dice que puede desatender un cuestionamiento legal a la detención de un ciudadano estadounidense sin siquiera permitir a sus abogados ver la evidencia o los argumentos empleados en su contra. Estamos peleando contra sombras, sostuvo Cole.
Abu Ali fue arrestado en junio de 2003 cuando se aprestaba a rendir un examen en la saudita Universidad de Medina. En todo ese periodo no fue acusado ni se le brindó asesoría legal. Las autoridades del país árabe aseguraron haberlo detenido a instancias de Estados Unidos.
Mientras, Washington negó haber tenido algo que ver con el arresto, aunque no presentó ninguna evidencia que documentara ese extremo. Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) interrogaron al estudiante en su prisión saudita.
Los abogados defensores advirtieron que ningún tribunal, a ningún nivel, desacreditó nunca con evidencia secreta un caso en que estuviera en juego la libertad física de un ciudadano estadounidense, lo cual viola las normas del debido proceso.
Nada es más fundamental para el sistema de justicia etadounidense que la noción de que la confrontación de pruebas es el mejor modo de evitar errores y de proteger los derechos individuales, indicó la defensa.
El gobierno no puede utilizar evidencia secreta y usarla en los tribunales para bloquear acciones legales por la libertad de un ciudadano, agregó.
La familia de Ali afirma que el joven fue víctima de una presentación (rendition), procedimiento irregular según el cual sospechosos son conducidos a otros países para que se los interrogue sin las restricciones de las leyes estadounidenses.
Mientras, Washington advertía que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre lo que pueda sucederle a un ciudadano estadounidense detenido en el extranjero.
El diario The New York Times afirmó que el caso parece otra demostración de los errores de la guerra contra el terror declarada por el presidente Bush.
Si el Departamento de Justicia creía que el señor Abu Ali era un terrorista, hace mucho tiempo que debió haberlo traído al país para procesarlo. En cambio, lo convirtió en uno más entre una cantidad indeterminada de prisioneros detenidos por funcionarios estadounidenses o gobiernos extranjeros tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, sostuvo el periódico.
Mientras, el diario The Washington Post sostuvo que la ley secreta es inaceptable, no importa cuán malo pueda ser el señor Abu Ali.
Funcionarios de seguridad sauditas confirmaron el uso de tácticas de presión física y psicológica. La acusación ocurrió dos años después del arresto, lo que sugiere que las autoridades estadounidenses pueden estar confiando en evidencia suministrada por los sauditas, agregó el diario.
Los jueces deben garantizar que no se utilizará evidencia obtenida mediante tortura, sea con o sin la connivencia del gobierno (de Bush), para acusar a personas en los tribunales estadounidenses, concluyó el diario.
El Departamento de Justicia, que en Estados Unidos cumple la función de fiscalía general, invoca razones de seguridad nacional extraordinariamente elevadas para no explicitar las razones por las que se niega a intervenir en el caso.
En otras instancias, los tribunales estadounidenses basaron sus fallos sobre información secreta, pero en relación con la negativa de una licencia de trabajo o para pilotar aviones. En este caso sin precedentes, el objeto de la demanda es la libertad de una persona.
Dos meses después de su arresto, Ali fue interrogado por agentes del FBI que, según distintas versiones, lo amenazaron con declararlo combatiente enemigo y enviarlo a la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba.
Organizaciones de derechos humanos y civiles de todo el mundo acusan a Estados Unidos de violar los derechos humanos y las normas del debido proceso en Guantánamo, donde están confinadas personas tomadas prisioneras en el marco de la guerra contra el terrorismo declarada por Washington.
Luego de su entrevista con agentes de la CIA, Abu Ali fue confinado en una celda aislada durante tres meses.
Washington vincula a Abu Ali con un caso de terrorismo que ya fue procesado en los tribunales.
El principal acusado de ese caso, Sabri Benkhala, ya fue absuelto por la justicia de Virginia.
Benkhala, quien habría admitido pertenecer a la red terrorista Al Qaeda interrogado por funcionarios sauditas en presencia de agentes del FBI, había declarado en julio de 2003 que Ali estaba asociado con él.
