El Grupo de los Siete (G-7) países más ricos del mundo decidió este sábado examinar caso por caso la deuda externa de los países más pobres, en lo que constituye un éxito parcial de la campaña encabezada por el ex presidente sudafricano Nelson Mandela.
Acordamos un análisis caso por caso de los países pobres altamente endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés), basados sobre nuestra voluntad de dar un alivio de hasta 100 por ciento de la deuda multilateral, declararon los ministros de Finanzas del G-7 al cabo de su reunión de dos días en Londres.
Esto significa que instituciones multilaterales de crédito, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en cuyas juntas el G-7 tiene mayoría, considerarán la deuda de cada uno de los 37 HIPC, con miras a una eventual cancelación.
No hubo un anuncio similar respecto de la totalidad de los países de bajo ingreso, que son 61, según la nómina del Banco Mundial.
El análisis caso por caso podría incluir condiciones, pues el FMI ha vinculado sus mecanismos de reducción de deuda a la concreción de determinadas reformas económicas.
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La declaración de los ministros del G-7 —alianza que reúne a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón— deja suficiente espacio para que el FMI mantenga sus condiciones.
Esta declaración está muy lejos de una cancelación de deuda, dijo a IPS Romilly Grenhill, de la organización humanitaria ActionAid, una de las que promueven la campaña. Debemos lograr que el G-7 diga qué significa exactamente 'análisis caso por caso'.
De todos modos, acotó Greenhill, la declaración implica un reconocimiento de que la cancelación de la deuda es necesaria para algunos. Establece un camino y compromete al G-7 a ir más allá en la reunión de donantes que se realizará este año.
ActionAid y otras organizaciones humanitarias como Oxfam y la Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar, participaron en la campaña liderada por Mandela para urgir a los ministros del G-7 a aprovechar la reunión para cambiar la vida de millones de personas en el Sur.
El propio Mandela viajó a Londres esta semana para promover su iniciativa, y además de reunirse con participantes en la reunión ministerial realizó un acto público con una multitudinaria asistencia.
La declaración ministerial también se refiere a la necesidad de mejorar la asistencia al desarrollo, pero no se contradice, ni mucho menos, con la insistencia del FMI en vincular esa ayuda a las reformas.
Para avanzar en el desarrollo económico y social, creemos esencial que los países pobres implementen políticas de desarrollo sustentable. Instituciones y políticas adecuadas, responsables y transparentes son la base del crecimiento económico sustentable y de la reducción de la pobreza, indica la declaración ministerial.
El texto especifica aun más el tipo de reformas que quiere el G-7. Aumentar la transparencia fiscal es esencial. Una prioridad para los países en desarrollo es combatir la corrupción, que es una importante barrera al crecimiento, el sector privado, la inversión y la reducción de la pobreza, declararon.
Al pronunciamiento no le faltó una renovada insistencia en promover la privatización, pero sí un compromiso hacia el cumplimiento de la meta de asignar 0,7 por ciento del producto interno bruto de los países del Norte industrial a la ayuda oficial al desarrollo.
Los ministros tampoco lograron un acuerdo sobre la creación de un Servicio Financiero Internacional con la venta de parte de las reservas de oro del FMI, una propuesta del británico Gordon Brown.
La intención del funcionario es recaudar así 50.000 millones de dólares de los mercados con apoyo gubernamental, con el fin de que obtener recursos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos reducir la población pobre a la mitad para 2015.
Estados Unidos se opuso firmemente a la iniciativa. Este mecanismo no funciona para nosotros. Funciona para otros países, y eso está bien, dijo el subsecretario del Tesoro estadounidense, John Taylor.
Al respecto, la declaración se limita a mencionar el acuerdo entre los ministros en torno de un programa de trabajo para analizar la iniciativa británica y otras similares de Alemania y Francia, así como la Cuenta del Desafío del Milenio creada por Estados Unidos para financiar el desarrollo.
Brown consideró, de todos modos, que la declaración es un gran avance. Podemos estar en la largada de una etapa final del proceso por el que se reconozca que la deuda de los países más pobres, consolidada a lo largo de 20 o 30 años, es simplemente impagable en el mundo real, sostuvo.
Greenhill indicó que la declaración era apenas el comienzo de un proceso hacia la cumbre del Grupo de los Ocho (que suma al G-7 y a Rusia) que se celebrará en Escocia en julio.
Habrá otras reuniones en abril y en junio en que se analizará la cancelación de las deudas y la asistencia al desarrollo, dijo la activista.
Las organizaciones de la sociedad civil esperan que, de ahora en adelante, sus campañas por el desarrollo del Sur pobre y por la condonación de las deudas sea cada vez más fuerte, concluyó.
El G-7, que controla las decisiones de los organismos de crédito, lanzó en 1996 la iniciativa para los HIPC, diseñada para reducir la deuda de esos países a niveles manejables, a cambio de que sus gobiernos aplicaran una serie de reformas económicas para atraer inversiones extranjeras.
Hasta ahora, 27 países que juntos debían a los organismos multilaterales 100.000 millones de dólares redujeron sus compromisos a 30.000 millones, lo que significa una disminución a menos de la mitad de sus servicios anuales.
Sin embargo, la mayoría de los beneficiados por la iniciativa siguen pagando cada año más en servicios de deuda de lo que invierten en salud y en educación, lo que, según los activistas, es moralmente indefendible.
Peor aun es que, en la mayor parte de los casos, la deuda original de estos países fue contraída por dictadores que malgastaron o malversaron el dinero.
