Nepal se sumerge con rapidez en una masiva crisis de derechos humanos tras el golpe de Estado real de la semana pasada, según activistas internacionales. Un millar de dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles están detenidos.
Los arrestados corren riesgo de desaparecer en manos de las fuerzas armadas y policiales, advirtió Human Rights Watch (HRW), organización de derechos humanos con sede en Nueva York.
Como la constitución impide que las acciones del rey sean cuestionadas ante los tribunales, la población de Nepal está efectivamente a merced de las fuerzas de seguridad, que tienen antecedentes de violaciones serias de derechos humanos, agregó HRW.
Por segunda vez en dos años, el rey Gyanendra de Nepal tomó el control del poder absoluto al disolver el martes 1 el gobierno del primer ministro Sher Bahadur Deuba (del centrista Partido del Congreso), declarar el estado de emergencia e impuner una fuerte censura a los medios.
El monarca cuestionó la incapacidad de Deuba de restaurar la paz en el país, asolado por una guerra civil entre las fuerzas gubernamentales y una guerrilla maoísta inspirada en la organización peruana Sendero Luminoso.
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No estamos preocupados solo por los arrestos arbitrarios. Nuestra principal preocupación es que algunos de los detenidos no vuelvan a ser vistos con vida, pues pueden ser desaparecidos o asesinados en custodia, dijo el director de la división de Asia de HRW.
Entre los primeros arrestados figuraron los dirigentes políticos cuestionados por el rey Gyanendra en la cadena de radio y televisión en que informó sobre el golpe el martes 1. En esa ocasión, también anunció que ocuparía el poder total durante tres años.
El gobierno admitió este miércoles que había detenido a 43 personas para asegurar la ley del orden. El portavoz del ejército, general Dipak Gurung, dijo que los poderes de emergencia que se asignó la corona permite a las fuerzas de seguridad detener a cualquier persona por tres meses sin darle explicaciones.
Pero el portavoz del Partido del Congreso Nepalés, Argun Narsingh, dijo que unos 1.000 dirigentes de partidos políticos, organizaciones estudiantiles y sindicatos han sido detenidos en todo el país.
Algunos atravesaron la frontera con India para evitar el arresto y otros pasaron a la clandestinidad, aseguró Narsingh.
Ninguno de los embajadores en Nepal que intentaron visitar a dirigentes políticos en arresto domiciliario recibieron permiso para hacerlo.
Numerosos dirigentes políticos y estudiantiles lograron escapar el cerco del Ejército Real Nepalés en las áreas fronterizas de Uttaranchal, Pithoragarh y Banbasa hasta alcanzar territorio indio, según la agencia estatal Press Trust of India.
El ex embajador nepalés en India Lok Raj Baral fue arrestado el lunes en el aeropuerto internacional Tribhuvan, en Katmandú, luego de regresar de una conferencia en Nueva Delhi.
El rey Gyanendra acusó al gobierno de Deuba de fracasar en el intento de llamar a elecciones y en su lucha contra la insurgencia maoísta, a cuyos integrantes calificó de terroristas.
Los rebeldes pretenden instaurar una república comunista en Nepal. Más de 10.500 nepaleses murieron a causa de la violencia política desde que se desató la insurgencia en 1996.
Todas las fuerzas democráticas y líderes políticos deberían haberse unido para proteger la democracia. Niños inocentes fueron masacrados y el gobierno no pudo lograr ningún resultado importante y efectivo, dijo el monarca en su mensaje televisivo, de media hora de duración.
La corona es tradicionalmente responsable de proteger la soberanía nacional, la democracia y el derecho del pueblo a vivir en paz, advirtió Gyanendra.
La comunicación electrónica interna y con el resto del mundo fue cortada. La telefonía fija se restauró, pero la satelital fue prohibida y varios aparatos pertenecientes a embajadas y agencias internacionales fueron confiscados por el ejército.
Nueve expertos en derechos humanos de la ONU manifestaron este miércoles su preocupación por la ola de detenciones, así como por las acciones contra los medios de comunicación.
Llamamos al gobierno a reafirmar los principios básicos del estado de derecho, la democracia y la supremacía de la constitución, así como a garantizar los derechos humanos básicos de todos los ciudadanos, incluidos el derecho a la vida, a la integridad física y psicológica, a la libertad, la seguridad y a la libre expresión, declararon los expertos.
Entre los expertos figuran los relatores especiales de la ONU Leandro Despouy (independencia de jueces y abogados), Yakin Ertk (violencia contra la mujer) y Ambeyi Ligabo (libertad de expresión), y la representante especial de la Secretaría General sobre los activistas de derechos humanos, Hina Jilani.
Reunido con directores de diarios, el secretario del rey Gyanendra advirtió que el monarca no podría ayudar si las fuerzas armadas deciden desaparecer periodistas por unas pocas horas.
Es una declaración perturbadora en un país que, según la ONU, sufrió la mayor cantidad de nuevas desapariciones en 2003 y en 2005, alertó HRW.
