El abogado Eduardo Contreras pidió este miércoles a la justicia de Chile tramitar el desafuero del senador derechista Sergio Fernández, acusado de cómplice o encubridor del represivo Plan Cóndor durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La solicitud por Fernández, ministro del Interior de 1978 a 1982 y de 1987 a 1988, se suma al procesamiento de dos generales retirados que ocuparon el mismo cargo en la dictadura, a los que se les imputa complicidad en 20 secuestros calificados en el marco de la mediática Operación Colombo, montada para encubrir el asesinato de 119 insurgentes.
Contreras señala a Fernández, en la actualidad senador de la Unión Demócrata Independiente, por negarse supuestamente a informar sobre personas que habían sido detenidas y desaparecidas a través del Plan Cóndor, la coordinación de las dictaduras del Cono Sur de América en los años 70 y comienzos de los 80.
Entre los argumentos presentados por el abogado a la justicia se cuenta el hecho de que enviados de la Iglesia Católica, encabezada entonces por el fallecido cardenal Raúl Silva Enríquez, puso en manos de Fernández los datos de 488 detenidos por los aparatos de represión para que se hicieran las averiguaciones correspondientes, pero nunca hubo respuesta.
La secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, recordó ante IPS que Fernández se comprometió a investigar estos casos a petición del propio Silva Enríquez con el fin de que depusiéramos una huelga de hambre que mantuvimos desde el 22 de mayo hasta el 7 de junio del año 1978.
El profesional querellante solicita, además, una serie de diligencias, como citar a declarar a varias personas que durante el régimen militar fueron defensores de los derechos humanos, como monseñor Hernán Precht, ex vicario de la Solidaridad, el abogado Javier Egaña Barahona y al diputado socialista Carlos Montes, detenido en 1982.
Por otra parte, el juez Juan Guzmán informó el viernes pasado del procesamiento de dos oficiales militares que también estuvieron al frente del Ministerio del Interior en la dictadura de Pinochet.
Los generales en retiro Enrique Montero Marx, del Ejército, y César Raúl Benavides, de la Fuerza Aérea, están acusados de ser cómplices de 20 secuestros calificados enmarcados en la Operación Colombo, diseñada para ocultar el asesinato de miembros del insurgente Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Hace tiempo que venía insistiendo en la responsabilidad penal de Sergio Fernández en esta materia, pero la verdad es que nos decidimos a presentar la petición de desafuero luego del procesamiento de Benavente y Montero Marx, dijo a IPS el abogado Contreras.
El encausamiento dictado recientemente por el juez Guzmán nos dice que la justicia por fin se dio cuenta que hay que seguir todas las responsabilidades penales, entre ellas la de cómplice y encubridor, aunque éstas no tengan penas muy importantes, argumentó.
Sabemos que los autores materiales son en su mayoría militares, dijo Contreras, pero aseguró que los civiles que participaron en el gobierno de Pinochet permitieron de una u otra manera la realización de los crímenes cometidos contra miles de chilenos.
Anticipándose a la solicitud de Contreras, el senador Fernández se mostró el martes dispuesto a colaborar con los tribunales de justicia y señaló que asumía toda la responsabilidad política de sus actos como ministro del Interior y los de todos los ministros y subsecretarios que lo acompañaron en el gabinete y los de sus colaboradores directos.
También precisó que las responsabilidades penales son individuales. Fernández se escuda en que ninguna persona arrestada por un decreto suyo desapareció, pero Contreras asegura que el ex ministro instruyó a la represiva Central Nacional de Inteligencia (CNI) para que no informaran a los tribunales de los distintos casos.
Por su parte, la abogada defensora de los derechos humanos Carmen Hertz respondió inmediatamente y dijo a la radio local Cooperativa que Fernández, al igual que otros ministros de la dictadura como Montero Marx y Benavides, sí tienen responsabilidad penal en casos de delitos contra la humanidad.
¿Vamos a creer que en un régimen como el de ese momento, en estado de excepción permanente, en una dictadura en la que el ministerio del Interior tiene la tutela de todo lo que ocurre, Sergio Fernández no sabía lo que pasaba en el caso de las personas secuestradas y desaparecidas?, se preguntó para responder de inmediato: eso no es cierto.
Contreras es cauto al señalar la presunta responsabilidad de otros ex colaboradores de Pinochet. Hay que analizarla cuidadosamente, en base a los antecedentes que se tengan, pero no descarto nada, advirtió.
En tanto, Sergio Onofre Jarpa, que también fue ministro de Interior de la dictadura militar de 1983 a 1985, afirmó al diario La Segunda que, si las autoridades deben responsabilizarse de los problemas que ocurren durante sus mandatos, el actual presidente de Chile, Ricardo Lagos, debería hacerlo por las irregularidades en el Caso MOP.
El llamado caso MOP-Gate es un proceso judicial a cargo de la jueza Gloria Ana Chevesich, que investiga supuestos pagos ilegales y probable desvío de fondos para campañas política en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que data de 2003.
En la entrevista, Jarpa cuestionó la situación actual por la que atraviesan las autoridades que encabezaron el gobierno militar y aseguró que aquí las responsabilidades en materia penal son directas y las autoridades no pueden ser culpadas.
En tanto, Mónica Madariaga, ex ministra de Justicia y Educación durante la dictadura, fue otra que responsabilizó directamente a Pinochet de las violaciones a los derechos humanos perpetradas en esa época e intentó, a la vez, exculpar a dos generales ya procesados.
El gran tema está en las autoridades que dirigían las instituciones castrenses, en el hecho de que el general Pinochet no haya jamás querido asumir la responsabilidad que le cabía como comandante en jefe del Ejército, más que como presidente y que esté dejando que su gente sea arrastrada a procesos sin que él asuma ningún rol en esto, dijo a una radio local.
Si el día de mañana están procesando a mis abogados, a mis funcionarios, a mis auxiliares, yo voy a salir a dar la cara, y no voy a esconderme debajo de la mesa, ni menos debajo de un catre, para dejar que otros respondan por mí, añadió.
Si bien la represión respondió a una política gubernamental, como no cabe duda, fue una política manejada por las instancias castrense, ajena a mi modo de ver a las instancias netamente administrativas, orgánicamente institucionalizadas como ministerios o servicios públicos, sostuvo.
Mientras, el presidenciable de la derechista Alianza por Chile, Joaquín Lavín, alabó la actitud del senador Fernández de asumir su responsabilidad por los actos políticos que tuvieron lugar durante su gestión como jefe de gabinete.
No quiero hablar de las otras personas, cada uno según su conciencia asume, pero lo que hizo Sergio Fernández de decir 'fui ministro del Interior y asumo lo que pasó cuando fui ministro del Interior', habla de una persona íntegra, señaló Lavín, durante un acto de campaña.
Por lo pronto, no hay plazo definido para el juez Guzmán realice las diligencias solicitadas por el abogado Contreras ni para elevar los antecedentes a la Corte de Apelaciones, quien decide el eventual desafuero de Fernández.
