La salida del procurador general de Panamá condujo a una revisión de un caso internacional de lavado de dinero de enormes dimensiones iniciado en Italia.
La Operación Malocchio (mal de ojo, en italiano) fue una de las mayores investigaciones anti lavado en Italia, según el ex fiscal Giovanni Salvi, quien estuvo al cargo de ella junto con el también fiscal Pietro Saviotti y el juez de instrucción Otello Lupacchini.
La pesquisa comenzó en 1996, con el seguimiento de cientos de millones de dólares producto del tráfico de 900 kilogramos de cocaína desde América Latina.
En ese momento, la red de narcotraficantes estaba por adquirir un banco en Belize e importar cinco toneladas de la droga, según un reportaje publicado por la revista italiana Espresso.
La Operación Malocchio se inició después de un intercambio de información entre las autoridades italianas y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) de Estados Unidos, decía en 2001 un informe de la unidad antimafia (DIA) del Ministerio del Interior italiano.
La finalidad del operativo era desmantelar un complejo grupo de delincuentes involucrados en el tráfico de partidas importantes de cocaína desde América del Sur, así como en lavado de dinero y en la reinversión de enormes capitales a través de canales financieros internacionales.
La investigación derivó en varios arrestos en 1998. Tres años después, 15 personas fueron condenadas por narcotráfico, incluido el cabecilla de la banda, Fausto Pellegrinetti, quien escapó y aún está fugitivo. Las apelaciones fueron rechazadas.
Cómplices en Panamá, así como en Brasil y Belize —pequeño país centroamericano con una población de 273.000 habitantes y fronteras con Guatemala y México—, tuvieron un importante papel en el lavado de dinero y en las reinversiones, según documentos requisados por la policía italiana.
Tras recibir una petición de información de Italia, en 1997, la oficina panameña de la Policía Internacional (Interpol) confirmaba a sus colegas italianos que tres números telefónicos sospechosos pertenecían al conocido político panameño Alfredo Oranges, quien en 1998 aspiró a la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá descubrió entonces que dinero procedente del extranjero era transferido regularmente entre cuentas de banco locales correspondientes a la empresa Clark's Investment. Oranges —siempre según la UAF— estaba autorizado para firmar documentos en nombre de Clark's Investment.
Esta corporación sirvió como un puente para una serie de transferencias bancarias a través de varios países, sin un aparente motivo o actividad comercial que los justificara, según la UAF. Algunas de esas operaciones superaron el millón de dólares.
Edwin Arias Castillo, ejecutivo de Clark's Investment vinculado a Oranges, era tesorero de la empresa France Mistral, cuyo vicepresidente fue la mano derecha en América Latina de Pellegrinetti, Lillo Rosario Lauricella, advirtió la UAF.
Se depositaban grandes sumas de dinero desde el extranjero a través de corporaciones panameñas en cuentas bancarias locales, en las que podían permanecer un par de días y luego eran transferidas a un banco en otro país, dijo a IPS en entrevista telefónica el ex jefe de Interpol Panamá, Jorge Mottley.
La investigación italiana se conoció públicamente en 1998, en una conferencia de prensa del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, rival de Oranges dentro del PRD.
Mientras el político protestaba en Panamá, el juez Lupacchini ordenaba en Roma la detención preventiva de 58 personas, entre ellas Oranges, a los que acusaba de integrar una red de delincuentes involucrados en narcotráfico y lavado de dinero.
Autoridades italianas indicaron en la orden de arresto que la red había depositado 250 millones de dólares en Panamá.
En 1998, el entonces procurador de Panamá, José Antonio Sossa, envió al fiscal especial antidrogas Rosendo Miranda a Italia. Miranda transmitió desde Roma la copia de un documento según el cual las autoridades italianas tenían evidencia del pasaje de dinero del narcotráfico a través de Panamá, dijo Mottley.
Varios documentos decomisados por las autoridades italianas indican que Lauricella hizo aportes a la campaña presidencial de Oranges, quien luego lo admitió.
Según Mottley, el fiscal antidrogas Miranda llevó consigo a Panamá una solicitud de congelamiento de los fondos vinculados con Oranges y para que lo interrogaran en presencia de un representante de la fiscalía italiana. Nada de eso sucedió, sostuvo el ex jefe de la Interpol.
Inexplicablemente, el fiscal general Sossa concluyó que no había pruebas contra Oranges.
El político, entrevistado en 1999 por el diario panameño La Prensa, admitió haberse reunido en diversas ocasiones con Lauricella, quien, explicó, estaba interesado en el negocio de los casinos. También aseguró que no conocía los antecedentes del italiano, y que no podría investigar a todos sus asociados.
Lauricella vivió en Panamá, al parecer, entre julio de 1996 y febrero de 1998, según las autoridades migratorias de ese país. Declaró ser empleado jardinero y vivir en el lujoso Hotel El Panamá.
Mientras, la orden de arresto contra Oranges fue cancelada en Roma.
Luego de ensamblar las piezas del caso, estoy seguro de que había pruebas más que suficientes para investigar a Oranges, dijo Salvi. De hecho, solicitó la orden para hacerlo al juez de instrucción Lupacchini, quien la concedió, recordó el fiscal italiano.
Pero el Tribunal de Reexámenes de Italia decidió de manera diferente, agregó. Funcionarios judiciales consideraron que ese fallo se basó en un tecnicismo.
El periodista Marco Lillo, de Espresso, cree que las autoridades italianas sólo estaban interesadas en los sospechosos italianos. Y, como puede imaginarse, la reacción de los países a las solicitudes enviadas desde Roma no fue muy entusiasta, dijo.
Antes de que el caso alcanzara el tribunal de apelaciones en Italia, la investigación progresó gracias a información aportada por Lauricella en carácter de testigo cooperador.
La Operación Malocchio reveló entonces que las ganancias del narcotráfico se invertían en varios negocios, desde la importación de frutos exóticos de República Dominicana hasta la instalación de máquinas tragamonedas en Brasil.
En 2000, Lauricella fue condenado, pero desapareció, dijo el subjefe de DIA, Luca Armeni. En cualquier caso tan complejo como éste se necesitan dos cosas: buenos documentos y buenos testigos cooperadores, dijo Salvi. Y Lauricella se reveló como un mal testigo al desaparer.
Lauricella adoptó una identidad falsa y en 2002 fue muerto a tiros fuera de un casino en Caracas. Fue difícil identificar su cadáver a causa de las cirugías plásticas a las que se sometió, indicó Espresso en noviembre.
Las ramificaciones del caso no fueron investigadas en Panamá ni en Belize, pero en Brasil se inició una pesquisa que hasta hoy está en curso.
DIA envió a las autoridades brasileñas información aportada por Lauricella. Algunos de esos datos fueron divulgados el mes pasado por el Instituto Brasileño Giovanni Falcone, organización dedicada a la lucha contra el crimen organizado.
Las máquinas tragamonedas instaladas en Sao Paulo y en Río de Janeiro sirvieron como instrumento para lavar dinero producido por el narcotráfico internacional, indicó el Instituto. En su primer envío, según DIA, se enviaron 35.000 máquinas a Brasil.
La fiscalía del estado brasileño de Paraná indicó que la acusación (…) fue reanimada en 2004 con una nueva indagatoria sobre lavado de dinero en relación con los juegos de azar.
En Panamá, Mottley se vio despojado de su cargo en 2000, tres años después de hacerse cargo del caso. Sossa lo acusó de entregar ilegalmente información reservada a las autoridades italianas. Mottley fue exonerado luego.
Oranges presentó tres demandas, una ante la Corte Suprema de Panamá contra el estado panameño, otra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también contra el estado, y una tercera ante la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos contra la república de Italia.
Sólo el primer caso, admitido en febrero de 2004, continúa en curso. Oranges exige al estado panameño una compensación de 48 millones de dólares por perder su candidatura presidencial.
La Operación Malocchio quedó en el olvido en Panamá desde que Mottley dejó Interpol en 2000. Hasta ahora. El controvertido mandato de Sossa al frente de la procuraduría concluyó en enero, y su desempeño es objeto de una reevaluación.
Mottley lo acusó en enero ante la justicia de corrupción, calumnias, falso testimonio, incumplimiento de los deberes de un funcionario público y otros delitos contra la administración de la justicia.
Las consultas telefónicas de IPS a Sossa concluyeron con abruptos cortes de llamada. En declaraciones a La Prensa a través de su abogado panameño, Oranges volvió a asegurar que es inocente.
Sosa se negó a investigar testimonios firmes de irregularidades en al menos otro caso importante.
Desde 1996, Panamá había recibido varios pedidos de autoridades de Estados Unidos, Alemania y Chile para que investigara a Marc M. Harris, un financista estadounidense radicado en aquel país.
Algunas de las solicitudes indicaban que Harris parecía brindar servicios financieros a narcotraficantes condenados.
La Prensa publicó documentos que lo probaban, y también que algunos clientes de Harris eran estafadores y lavadores de dinero.
Pero la estafa era doble. Un informe del Senado estadounidense indicó en 2001 que Harris estuvo detrás de varios fraudes bancarios, de inversión y de seguros. El financista huyó a Nicaragua, de donde fue expulsado en 2003 y conducido ante tribunales de Miami.
El 21 de mayor de 2004, fue condenado a 17 años de prisión y a pagar una multa de 26 millones de dólares por 16 casos de lavado de dinero, evasión fiscal y conspiración para estafar al gobierno estadounidense.
La Prensa también informó sobre la omisión de Sossa en el caso Harris. El ex fiscal general demandó por difamación a varios periodistas del periódico, sin éxito.
La comisión para la prevención, el control y la erradicación de las drogas, el narcotráfico y el lavado de dinero del parlamento panameño había solicitado en 2000 una investigación del papel de Sossa en los casos de la Operación Malocchio y en el de Harris, entre otros.
La ex fiscal Alma Montenegro de Fletcher, quien también dejó hace poco el cargo, absolvió a Sossa ese mismo año. Pero en su fallo indicó que el entonces fiscal general había desatendido sus tareas y mostrado una conducta inaceptable para un funcionario público.
(*) Con la cooperación de Mónica Palm, editora de La Prensa en Panamá. Miren Gutiérrez es jefa de edición de IPS. Ex editora de la sección Negocios de La Prensa, integró la unidad de investigaciones del periódico panameño.
