La Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia se reunirá esta semana en el septentrional puerto de Cartagena de Indias. Los críticos del presidente Alvaro Uribe temen que los donantes aflojen sus exigencias frente a las violaciones de derechos humanos que se cometen en este país.
En un encuentro anterior celebrado en Londres en julio de 2003, la comunidad internacional estableció condiciones para mantener la cooperación con el país andino, instado en dos años consecutivos por la ONU a cumplir una agenda de 27 puntos en materia de derechos humanos, de los cuales 23 son responsabilidad del gobierno y del Estado.
La Declaración de Londres, que manifestaba además la necesidad de una negociación para poner fin al conflicto armado en el marco de una política de paz, fue considerada un revés para el gobierno colombiano.
El documento llamaba al gobierno a concertar con las organizaciones civiles y de derechos humanos, a proteger su actividad y a tomar medidas contra la impunidad, que según juristas especializados alcanza a más de 95 por ciento de los crímenes.
Pero dos meses después, Uribe protagonizó un escándalo al acusar públicamente, dos veces en una misma semana, a los activistas de estar al servicio del terrorismo y de ser traficantes de los derechos humanos.
La Mesa de Coordinación y Cooperación Internacional para Colombia reúne al G-24, un grupo informal para acordar una política internacional de asistencia con el país sudamericano que vive una longeva guerra interna.
Está integrado por 27 países, entre ellos 20 europeos (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Holanda, Hungría, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa y Suiza).
También son parte del G-24 Canadá, que preside el grupo, Estados Unidos y Japón y los latinoamericanos Argentina, Brasil, Chile y México.
Lo conforman además la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea), todas las agencias de la ONU y la banca multilateral: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento.
A partir de noviembre se intensificó el tira y afloje para fijar los términos de lo que será la Declaración de Cartagena, considerada, como la de Londres, una carta de navegación para la política internacional frente a Colombia, que redundará en decisiones de cooperación.
El gobierno de Uribe ansía obtener la aprobación internacional de su gestión para financiar su política social, pues necesita destinar, según sus cálculos, el equivalente a 5,3 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista, que lleva 40 años en armas.
Al rubro de seguridad nacional se destina 11 por ciento del presupuesto general de la nación, mientras el servicio de la deuda pública interna y externa acapara 36 por ciento del mismo, según el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Ricardo Bonilla, coautor del libro Reelección: El embrujo continúa, basado en datos del Ministerio de Hacienda.
Colombia afronta un déficit fiscal de 6,5 para este año, dos puntos más que en 2000.
La cooperación civil del G-24 complementaría la asistencia militar de Estados Unidos, que suma 3.300 millones de dólares desde 2000, de los cuales se han dedicado 120 millones anuales a aliviar el impacto de la guerra en algunas regiones. Colombia es el tercer mayor receptor de ayuda estadounidense después de Israel y Egipto.
En tanto, la cooperación de la Unión Europea ascendió en 2003 a 120 millones de dólares.
Para el derechista Uribe, principal aliado del gobierno de George W. Bush en América Latina, la comunidad internacional no comprende que en Colombia el Estado es atacado y por lo tanto es una víctima, igual que la sociedad.
En el conflicto chocan guerrillas izquierdistas, paramilitares derechistas y fuerzas gubernamentales, todo alimentado por el combustible del narcotráfico.
Términos como conflicto armado interno en lugar de guerra contra el terrorismo, o crisis humanitaria están en el ojo del silencioso huracán diplomático en torno al texto definitivo de la declaración que debe ser aprobada en la reunión de Cartagena, este jueves y el viernes.
El texto, ya concertado pero que aún podría sufrir algunos cambios, se conocerá en la medianoche del jueves, hora GMT.
Según filtraciones a la prensa, el G-24 reconocerá los esfuerzos de Uribe contra el terrorismo y el narcotráfico y dará apoyo a la desmovilización de los paramilitares emprendida por el gobierno, aunque sólo si se aprueban reglas claras en cuanto a verdad, justicia y reparación de las víctimas.
Entre Londres y Cartagena, Uribe inició un debatido acuerdo de desmovilización con los paramilitares, considerado necesario. Pero para defensores de derechos humanos, el modo en que el proceso viene desarrollándose es un pasaporte a la impunidad.
Según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) los paramilitares son responsables de 80 por ciento de las atrocidades de la guerra.
Aunque las tasas de criminalidad bajaron desde que estos grupos irregulares decretaron el cese al fuego en diciembre de 2002, hasta septiembre del año pasado habían cometido 1.889 homicidios, según la no gubernamental Comisión Colombiana de Juristas.
Los paramilitares desmovilizados no requeridos previamente por la justicia pueden marcharse a sus casas, adonde un endeble aparato judicial seguramente no los irá a buscar, advierten los críticos.
De acuerdo con versiones periodísticas, la Declaración de Cartagena reconocerá algunos avances en el cumplimiento de las recomendaciones de la ONU por parte del Estado y del gobierno.
También fijará como prioridades para la cooperación seis bloques temáticos: bosques, reincorporación a la civilidad, desarrollo productivo y alternativo, fortalecimiento del Estado de derecho y de los derechos humanos, programas regionales de desarrollo y paz, desplazamiento forzado y asistencia humanitaria.
El G-24 basa su evaluación en los informes de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, entre otras fuentes.
La discrepancia interna en cuanto a los resultados de la gestión de Uribe quedó en evidencia dos días antes del inicio de la Mesa.
Mientras el gobierno anunció el lunes que el desplazamiento forzado disminuyó en 37 por ciento en 2004, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, principal fuente no gubernamental del tema, reportó el martes un incremento de 38,5 por ciento de personas que huyen de la guerra.
El plato de entrada de la Mesa lo servirá la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines por una Cooperación Internacional para la Paz y la Democracia en Colombia, formada por 125 entidades, muchas de ellas federaciones como las centrales sindicales, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Ruta Pacífica de las Mujeres y la Red de Iniciativas para la Paz.
Han citado al G-24 para la tarde de este miércoles, y esperan influir sobre el menú de los comensales al día siguiente.
