El afán de lucro, motor de la contaminante revolución industrial de Occidente, está en la lógica del Protocolo de Kyoto que entró en vigor esta semana para que los países ricos pongan coto a los gases que están cambiando el clima terrestre.
Paradójicamente, el dióxido de carbono (uno de los gases que recalientan la atmósfera) ya tiene cotización. En el mercado europeo se transa a 7,9 euros (10 dólares) la tonelada, y podría subir rápidamente a 12 dólares, según operadores financieros.
¿Tiene sentido vender y comprar gases? Sí para las empresas de 35 naciones industriales obligadas por el Protocolo de Kyoto a reducir sus emisiones. Sobre todo si el esquema implica reducir costos y obtener ganancias.
El uso intensivo de carbón mineral desde mediados del siglo XIX, la expansión de industrias contaminantes y la revolución del transporte con base en combustibles fósiles acumularon en la atmósfera volúmenes inmensos de sustancias tóxicas a un ritmo que la naturaleza no pudo tolerar.
Las grandes potencias, particularmente los países de Europa y Estados Unidos, pero también otras como la Unión Soviética hasta su desaparición a inicios de los años 90, marcaron ese camino al desarrollo, seguido tarde y mal por el resto del mundo.
Los daños no respetaron fronteras. En pocos años, la atmósfera comenzó a dar señales inquietantes. El agujero de la capa de ozono, que protege la vida de radiaciones solares nocivas, y el recalentamiento global han sido probados, medidos y estudiados con meticulosidad desde los años 70.
El tratado ambiental que dio origen al Protocolo de Kyoto, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reconoció en 1992 que ese modelo de desarrollo debía ser abolido por el bien de todos, pero que no todos eran igualmente responsables de mitigar los daños comunes.
Esa lógica llevó a firmar en 1997 el Protocolo, que colocaba en niveles separados y con obligaciones diferentes a las naciones ricas y al mundo en desarrollo. Pero aquel principio se mostró insuficiente.
Las grandes compañías alegaron que se requerían inversiones millonarias para mudar del petróleo, el carbón y el gas a fuentes renovables y más limpias. Se necesitaba eficiencia en el uso de energía y desaliento al consumo desenfrenado. El influyente sector petrolero y energético ejerció una considerable presión sobre los gobiernos.
En consecuencia, la comunidad internacional mezcló en el Protocolo de Kyoto la lógica ambiental (de las responsabilidades comunes pero diferenciadas ante la naturaleza), con los principios de mercado.
Los mecanismos flexibles del Protocolo (comercio de emisiones, implementación conjunta y Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL) permiten a las compañías negociar entre sí derechos para emitir carbono e invertir en proyectos limpios en el Sur mientras ganan tiempo para reducir la contaminación en casa.
Si una empresa adopta una tecnología más limpia en su cadena de producción puede emitir tales certificados, que comprará otra compañía que no esté dispuesta a invertir en un proceso productivo menos contaminante. Así, la segunda firma podrá seguir emitiendo gases por encima de su cuota, al menos durante un tiempo.
El MDL incorporó también el compromiso de las naciones ricas de transferir y ayudar a desarrollar tecnologías limpias para el Sur. Pero, ¿hasta qué punto?
España es uno de los países que se desbocó en la contaminación de gases invernadero. Sus emisiones aumentaron 45 por ciento entre 1990 a 2004. Sus industrias tienen desde esta semana cuotas precisas de reducción, dispuestas por el gobierno.
La compañía energética española Endesa acaba de anunciar inversiones por 3.200 millones de dólares en seis centrales hidroeléctricas de América Latina a cambio de los gases que arrojan sus centrales térmicas en España. Endesa estima que logrará compensar en los próximos 20 años algo más de 400.000 toneladas anuales de dióxido de carbono.
Parece evidente que para Endesa esa inversión es menor que la de reconvertir las centrales térmicas. También puede inferirse que un plan de inversiones de semejante monto implicará ganancias.
Pero, ¿quién puede medir decenas de miles de fuentes mundiales de gases invernadero para saber si planes como el de Endesa funcionarán?
"Es imposible verificar si las emisiones de una planta de energía pueden ser compensadas a través de las plantaciones de árboles u otros proyectos. Los inversores perderán la confianza en los créditos que compren", sostuvo esta semana un comunicado de la organización Skinswatch, con sede en Gran Bretaña.
El activista Roque Pedace, de Amigos de la Tierra Argentina, dijo a IPS que "el MDL es un subsidio de los países en desarrollo hacia los industrializados".
Las potencias industriales "se asignaron por derecho adquirido unos cupos de emisión excesivos, y el comercio por vía del MDL les permite encontrar lugares más baratos para cumplir con ellos, a costa de la capacidad de reducción futura de los países donde se desarrollen esos proyectos", agregó.
En un sentido similar se pronunció el Grupo de Durban, una coalición internacional de organizaciones no gubernamentales, científicos y economistas preocupados por el cambio climático.
"El comercio de carbono entrega lucrativos derechos comerciales a los gobiernos y empresas del Norte sobre el uso de la capacidad natural de la tierra en materia del funcionamiento del ciclo del carbono, robando así un bien público a la mayoría de los habitantes", alegó el Grupo en una carta dirigida al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan.
En otras palabras, la contaminación que se generó en el Norte se reduce en el Sur.
Pero los mecanismos flexibles de Kyoto tienen límites. Los países no pueden echar mano de ellos para compensar toda su cuota de contaminación comprometida, y están obligados a emprender acciones reales antes de 2012, plazo establecido por el Protocolo.
Además, la Convención sobre el Cambio Climático tiene normas y organismos para asegurarse el cumplimiento de sus cometidos y evitar que todo el proceso acabe en un mero mercado del carbono funcionando "a todo vapor".
En 2012, los 35 países industriales deberán haber abatido sus emisiones a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990. Muy poco, dicen los científicos, pues se requeriría una reducción de 60 por ciento para detener el recalentamiento global.
Mientras, se irán profundizando los efectos ya visibles del cambio climático, como inundaciones de zonas costeras, sequías y tormentas más frecuentes e intensas.
"Los costos de los daños y de la adaptación al cambio climático crecerán mucho más rápidamente que las inversiones requeridas para una transición energética justa en el Norte y en el Sur", previno Pedace.
Para entonces, la comunidad internacional tendrá que echar a andar un pacto que involucre al mayor contaminador mundial, Estados Unidos, y a las grandes economías del Sur (como China e India), hoy exentos de obligaciones.
La cuestión seguirá siendo un modelo que desvincule el crecimiento económico de las emisiones de gases contaminantes. Seguramente el lucro no se habrá perdido por el camino.
