Mientras buena parte del resto del mundo celebra la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, políticos oficialistas y opositoras de Estados Unidos presionan por la aprobación de leyes que pongan coto a las emisiones de gases invernadero.
El Protocolo de Kyoto, aprobado en 1997 en el marco de la Convención sobre Cambio Climático, es rechazado por el gobierno de George W. Bush, que lo considera costoso y dañino para la economía estadounidense. El tratado obliga a países industriales a reducir emisiones de gases invernadero.
La gubernamental Agencia de Protección Ambiental (EPA) alimenta los argumentos de Bush al considerar que las ciencias climáticas se caracterizan por la "incertidumbre".
Funcionarios destacados como John Marburger III, asesor de Bush en materia científica, cuestiona los informes más aceptados sobre el origen humano del recalentamiento del planeta.
Mientras, se amplía la brecha entre el gobierno central y aquellos de los estados, más sensibles ante la posibilidad real de perder producción agrícola, sufrir incendios forestales e inundaciones costeras. Muchos legisladores rechazan las propuestas de recorte voluntario formuladas por Bush.
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La principal iniciativa legislativa, el proyecto denominado Ley de Manejo del Clima, fue presentada por el republicano John McCain y el demócrata Joseph Lieberman en 2003, y obtuvo el respaldo de 43 de los 98 senadores.
"Definir el problema no es suficiente. Debemos actuar para hallar la solución, o el costo de la inacción seguirá aumentando", advirtió McCain la semana pasada.
Estados Unidos produce la cuarta parte de las emisiones de gases invernadero. Sólo el estado de Texas supera a un país como Francia.
Desde la Revolución Industrial, se han acumulado en la atmósfera altas concentraciones de gases como el dióxido de carbono y el metano, resultantes de la quema de combustibles fósiles, que permiten la llegada de la luz solar a la superficie de la tierra pero impiden que el calor se disipe en el espacio exterior.
El cambio climático resultante puede provocar el aumento del nivel del mar y la destrucción de numerosos ecosistemas, advierten expertos.
Líderes de todo el mundo discutieron durante varios años un acuerdo para reducir las emisiones que causan el efecto invernadero, hasta que en 1997 firmaron el Protocolo de Kyoto.
El convenio fue aprobado por 188 países, pero su entrada en vigor requería la ratificación de 55 países partes de la Convención, que sumaran al menos 55 por ciento de las emisiones globales de gases invernadero, según los volúmenes de 1990.
El proceso insumió casi siete años. La ratificación en noviembre de Rusia, que emite 17,4 por ciento del total mundial de gases invernadero, permitió la entrada en vigor del Protocolo.
Según el Protocolo, en 2012 las emisiones de los países industriales que lo ratificaron deberán ser 5,2 por ciento inferiores a las de 1990. Estados Unidos y Australia no están obligados, pues no ratificaron el pacto. El proyecto de McCain y Lieberman apunta a los sectores de transporte, industria y servicios públicos, que suman 85 por ciento de las emisiones de gases invernadero estadounidenses.
De ser aprobada, la ley crearía un mercado de intercambio de créditos de contaminación, tal como el de la lluvia ácida instaurado por la Ley de Aire Limpio de 1990.
El proyecto formula metas más modestas que las del Protocolo de Kyoto: obliga a las industrias a reducir para 2010 sus emisiones a los niveles de 2000, alrededor de uno o dos por ciento menos que hoy.
Economistas prevén que el plan crearía 800.000 empleos para 2025, y que las pérdidas de la industria energética serían relativamente pequeñas.
Las gestiones para que el proyecto se aprobara en 2004 fracasaron por la oposición del gobernante Partido Republicano. Sus impulsores volvieron a presentarlo la semana pasada, y afirman que en ambas cámaras legislativas crece la intención de aprobarlo, con o sin aval de la Casa Blanca.
"Vemos que el interés aumenta fenomenalmente, especialmente en el Senado, pero aún tenemos alguna distancia que recorrer hasta la Cámara de Representantes", dijo Manik Roy, director de asuntos legislativos del Centro Pew sobre Cambio Climático Global.
Incluso el senador Chuck Hagel, un republicano del estado de Nebraska que calificó el Protocolo de Kyoto de "escandaloso" y "arbitrario", anunció que la semana próxima presentará tres proyectos cuya misión es la reducción del recalentamiento planetario.
"Reducir las emisiones de gases invernadero es uno de los desafíos importantes de nuestro tiempo. La sociedad humana ha contribuido con la contaminación, y, según sugiere la evidencia, con el recalentamiento del planeta", dijo Hagel la semana pasada.
Y el senador de Alaska Ted Stevens, que votó contra el proyecto McCain-Lieberman en 2003, convocó a un subcomité del Senado para considerar el cambio climático y se manifestó especialmente preocupado por sus efectos en la población inuit de su estado.
La Cámara de Representantes está dominada por republicanos que adhieren más incondicionalmente al talante de la Casa Blanca, pero allí también cunden las iniciativas sobre cambio climático.
"Hasta los republicanos conservadores están diciendo que es un problema real", observó Roy, quien, sin embargo, advirtió que "comenzar a tratar el asunto no equivale a respaldar legislación específica".
Mientras, la política energética de Bush va en una dirección completamente diferente.
El presidente alienta, por ejemplo, la explotación de petróleo, gas y carbón en tierras fiscales, incluido el delicado Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, en Alaska. Sus planes en ese sentido han sido reiteradamente bloqueados por el Congreso legislativo.
Bush también ha considerado que la energía nuclear es "limpia" y "segura". El presupuesto que presentó incluye apoyo federal a las primeras centrales nucleares a construirse desde los años 70, cuando el accidente en la de Three Mile Island, Pennsylvania, dejó sin efecto los proyectos del sector.
De hecho, muchas compañías transnacionales de matriz estadounidense tienen mucho que ganar con la reducción de emisiones, pues buena parte de su facturación corresponde a países que han ratificado el Protocolo de Kyoto.
La empresa química Dupont gana un tercio de sus 26.900 millones de dólares de ventas anuales en esos países. Y en la última década, la compañía redujo 65 por ciento sus emisiones de gases invernadero.
