Francisco da Costa Vale, se dio el lujo de comenzar a gobernar el pequeño municipio brasileño de Aroazes desde la cárcel, donde está detenido como supuesto autor intelectual del asesinato de uno de sus antecesores.
El caso de esta alcaldía en el nororiental estado de Piauí parece ir a contramano del resto de Brasil, donde decenas de los más de 5.500 homólogos de Costa Vale elegidos en las elecciones municipales de octubre no pudieron iniciar el año en sus respectivos cargos, como lo establecen las leyes.
En algunos casos la imposibilidad de asumir el mandato municipal se debe a anulaciones de las candidaturas, al resultado electoral u a otras decisiones judiciales. Además, existen alcaldes investidos que pueden dejar el gobierno en un futuro próximo ante nuevos fallos de la justicia electoral en respuesta a presentaciones de inhabilitación del elegido.
También se da el caso de que varios alcaldes y concejales ya abandonaron los partidos por los cuales fueron postulados en octubre.
Uno de ellos es Cícero Almeida, nuevo gobernante de Maceió, la capital del nororiental estado de Alagoas, que anunció "estar fuera del Partido Democrático Laborista que lo llevó al cargo, pocos minutos antes de la toma de posesión el sábado 1.
En Sao Paulo, el concejal Roberto Trípoli dejó el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) para obtener el apoyo de opositores y elegirse presidente del Concejo, imponiendo al alcalde José Serra una grave derrota política en los primeros minutos de su gestión.
Serra, también del PSDB, fue el que logró la actuación más destacada en los comicios de octubre al triunfar sobre la entonces alcaldesa Marta Suplicy, cuya derrota representó un duro golpe para los sueños de reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y para su izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
Pero el nuevo alcalde trataba de tener un aliado como presidente del Concejo. La maniobra hasta ahora exitosa de Trípoli le traerá muchas dificultades a Serra para gobernar una ciudad de 10,5 millones de habitantes y desde un municipio con una deuda estimada en 10.000 millones de dólares.
La "traición premiada de Trípoli llevó el presidente del PT, José Genoino, a defender la urgencia de una reforma política para "reorganizar el sistema electoral brasileño, que permite las frecuentes y numerosas migraciones partidarias sin ningún riesgo para los infieles.
En el Congreso Nacional legislativo, las representaciones partidarias son hoy muy distintas de las que salieron de las urnas en 2002. Hay partidos que perdieron decenas de diputados y pequeñas agrupaciones que duplicaron o triplicaron su bancada en los dos últimos años.
Esas migraciones desfiguran el resultado electoral y, por tanto, distorsionan la voluntad de los electores, argumentan los políticos defensores de la reforma como una prioridad de este año. En 2006, la cercanía de las elecciones presidenciales, estaduales y parlamentarias impediría la votación de un proyecto de modificación de ese tipo.
A todo esto, la renovación de los gobiernos en muchos de los 5.562 municipios de Brasil también se vio afectada por la multiplicación de acciones y fallos judiciales, que impidieron la toma de mando de nuevos alcaldes en casi uno por ciento del total de distritos.
El Tribunal Superior Electoral no logró dirimir las 938 quejas, que en muchos casos resultaron o pueden resultar la impugnación de candidatos o resultados electorales.
En Mauá, una importante ciudad industrial de la región metropolitana del meridional estado de Sao Paulo, el alcalde investido, Leonel Damo, del Partido Verde, asumió el cargo porque fue anulada la candidatura de su adversario del PT, Marcio Pires.
En el municipio de Criciuma, de importante actividad minera e industrial en el sur de Brasil, tomó posesión el sábado un alcalde que enseguida pidió licencia, para esperar un fallo final de la justicia electoral sobre la impugnación de su candidatura.
La reforma política pretendida busca evitar el número creciente de decisiones electorales sometidas a dictámenes judiciales y a falencias propias del sistema político, como la proliferación de partidos y la corrupción en las elecciones.
El financiamiento de las campañas electorales con recursos públicos es uno de los puntos en que coinciden los reformadores, para evitar el desequilibrio entre candidatos, favoreciendo los que cuentan con respaldo financiero de grandes empresas privadas.
Se pretende, además, establecer un mínimo de votación para que los partidos tengan derecho a representación parlamentaria y un tiempo para su propaganda en las emisoras de radio y televisión. Las opiniones convergen para dos por ciento de la votación nacional y elección de diputados en por lo menos cinco de los 26 estados brasileños.
Las coaliciones serían prohibidas en las elecciones proporcionales, es decir para diputados y concejales. Y los votos no se destinarían a los candidatos individualmente, como ahora, sino a los partidos, que presentarían sus listas de candidaturas en las cuales votarían los electores.
Las femenistas defienden esta última regla, como única forma de elevar su participación en el poder político. En la década pasada el movimiento logró la aprobación de una cuota de 30 por ciento de las candidaturas de cada partido. Pero el mecanismo frustró los anhelos de equilibrio de género.
Las mujeres son sólo 8,2 por ciento del total de 513 diputados nacionales, 12,5 por ciento de los diputados estaduales y 12,6 de los concejales.
Sin las listas fijas de los partidos, en que muchas mujeres estén entre los primeros, no habrá el deseado aumento de la representación femenina, reconoció Almira Rodrigues, una de las directoras del Centro Femenista de Estudios y Asesoría, que trabaja en Brasilia.
