El discurso de responsabilidad social de las empresas promovido en la esfera internacional y adoptado por el Foro Económico Mundial (FEM) adolece de una falla estructural, porque dedica escasa atención a la evasión impositiva de las compañías, según activistas presentes en este encuentro de Suiza.
A pesar de los recientes casos tan sonados de defraudación impositiva de las firmas estadounidenses Enron y WorldCom y de la italiana Parmalat, los ejecutivos empresariales y el mismo FEM no consideran el incumplimiento fiscal como parte del programa sobre la responsabilidad social del mundo de los negocios, dijo el experto suizo Andreas Missbach.
La cuestión adquiere una dimensión más seria si se considera que la evasión fiscal de las empresas priva a las naciones en desarrollo de un ingreso anual de 50.000 millones de dólares, vitales para superar las causas de la pobreza y el atraso, observó Bruno Gurtner, de la Coalición Suiza de Organizaciones de Desarrollo.
"Responsabilidad Social de las Empresas (RSE)" es uno de los temas del programa de la reunión de este foro de gobernantes, expertos, banqueros y ejecutivos de las principales firmas transnacionales, que esta semana se realiza en el centro turístico suizo de Davos, su sede anual desde la creación a comienzos de los años 70, salvo en 2002 cuando se trasladó a Nueva York.
Pero, de las 86 páginas que la agenda del también llamado Foro de Davos dedica a la cuestión de la RSE, sólo tres se ocupan de la evasión impositiva, precisó Missbach.
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El asunto tampoco aparece en la Iniciativa de Asociación contra la Corrupción, lanzada por el FEM, a pesar de la clara evidencia de que esa práctica guarda estrecha relación con ingredientes básicos de la corrupción, como las transacciones ilegales, el secreto bancario, las compañías creadas en el exterior y la fuga fraudulenta e ilícita de capitales, insistió.
También brilla por su ausencia en el debate sobre la gobernanza de las empresas, refirió este experto, que representa a la Declaración de Berna, una organización no gubernamental con sede en la capital suiza.
Un informe preparado por la empresa estadounidense de auditorías PricewaterhouseCoopers reconoció que la gobernanza de las empresas es un tema de preocupación para los inversores institucionales, que quedan desamparados cuando estallan escándalos como los de Enron, Parmalat y demás.
En el examen de la gobernanza se incluyen aspectos como reducción de la corrupción, colusión, nepotismo, distribución inapropiada y transparencia insuficiente de los informes financieros, aplicación inapropiada de las normas, y ausencia de una clara separación entre la administración y la propiedad de la compañía.
Sin embargo, el informe de PricewaterhouseCooper sobre el buen gobierno de las empresas no menciona las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones impositivas, con el uso agresivo de técnicas de evasión fiscal ni con la transparencia de información sobre el programa impositivo de las compañías, dijo Missbach.
La RSE ha sido discutida en los últimos años por organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil. En el aspecto vinculado a las cuestiones humanitarias mereció un prolongado debate en la Subcomisión de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, un cuerpo integrado por expertos independientes que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Luego de prolongados de debates, esa Subcomisión aprobó un proyecto de resolución sobre la responsabilidad social de las empresas en el terreno de los derechos humanos, que ha merecido la aprobación de las principales organizaciones de la sociedad civil especializadas en esa materia.
Ese texto será examinado en su sesión anual de marzo y abril venideros por la Comisión de Derechos Humanos, máximo cuerpo de la ONU en esos asuntos.
Pero de la evasión fiscal nadie se ocupa a pesar de que los escándalos recientes llamaron la atención sobre el incremento de los mecanismos de evasión, como la transferencia de precios, la refacturación, métodos especiales creados en el exterior, dudosos fondos de caridad y otros medios de abuso impositivo, lamentó Missbach.
El caso de Enron es un ejemplo, citó. Esa compañía fue habitué del Foro de Davos, hasta que se produjo su debacle en diciembre de 2001, y presentada como un modelo a seguir en el mundo empresarial del siglo XXI.
Enron tenía 811 subsidiarias fuera de Estados Unidos, 692 de las cuales estaban registradas en las Islas Caimán, un paraíso fiscal ubicado en el mar Caribe. Esas filiales fueron usadas como parte de una estrategia elaborada para la evasión impositiva.
Desde 1996 hasta 2000, Enron obtuvo beneficios sin descuentos impositivos por 1.800 millones de dólares. Sin embargo, nunca pagó tributos a las ganancias en Estados Unidos.
La agresiva evasión fiscal de las compañías transnacionales ocasiona enormes pérdidas de ingresos impositivos en desarrollo y es motivo de falta de inversión en sus infraestructuras sociales y físicas, remarcó Gurtner.
El especialista de la Coalición Suiza de Organizaciones de Desarrollo, dijo a IPS que los 50.000 millones de dólares perdidos cada año por esa causa se aproximan a la suma anual destinada a la ayuda oficial al desarrollo otorgado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a las naciones ricas.
Gurtner comentó que los Objetivos de Desarrollo del Milenio, establecidos por la ONU con el propósito de reducir la pobreza y elevar los niveles de salud y de educación en el mundo, requieren medidas para asegurar que el alivio de la deuda y la ayuda internacional no sean perjudicados por nuevas transferencias de capital a cuentas bancarias de paraísos fiscales.
La Declaración de Berna y la Coalición Suiza de Organizaciones de Desarrollo forman parte de la Red por la Justicia Tributaria, una entidad no gubernamental extendida por todos los continentes en procura de ese fin como indica su nombre.
John Christensen, encargado desde Londres de la coordinación internacional de la Red, sostuvo que las iniciativas impulsadas en los últimos años para fortalecer los sistemas nacionales de tributación han sido debilitadas por las persistentes y poderosas influencias de las empresas y de los individuos más acaudalados.
El tipo de globalización económica vigente dificulta e inclusive imposibilita que los sistemas impositivos nacionales recauden libremente los gravámenes que pesan sobre las grandes compañías, apuntó el responsable de la Red.