Desde que el actual presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, anunció este mes que no se postulará para un tercer mandato, surgen nombres de potenciales candidatos a diario. Pero la carrera de caballos no es lo que importa, advierten activistas.
Lo fundamental es la falta de democracia existente en el Banco y su institución hermana, el Fondo Monetario Internacional (FMI), señalan grupos observadores de las instituciones de Bretton Woods.
El debate no debería concentrarse en quién conduce el Banco, sino en otros dos asuntos, señaló Rick Rowden, analista político de la organización ActionAid/Estados Unidos.
Uno es el proceso de selección antidemocrático por el que Estados Unidos simplemente instala a su candidato. Pero incluso éste es un asunto menor. El verdadero desafío para ciudadanos de todos los países es cuestionar la naturaleza antidemocrática del propio Banco Mundial y el propio FMI, exhortó.
La incertidumbre sobre la identidad del próximo presidente del Banco, con sede en Washington, no cambia ciertas características que siempre han acompañado al puesto, señalan los críticos.
El nuevo presidente, advierten, será casi con seguridad un ciudadano estadounidense y la elección se realizará a puertas cerradas, pese al enorme impacto de las políticas de la institución financiera multilateral sobre la vida de millones de personas en el mundo en desarrollo.
Desde que Wolfensohn, de 71 años, anunció por televisión el día 2 que probablemente dejará su cargo a fines de mayo, la máquina de rumores de Washington ha arrojado innumerables nombres de potenciales sucesores, desde tecnócratas poco conocidos hasta el ex presidente estadounidense Bill Clinton y el saliente secretario de Estado (canciller) Colin Powell.
Asimismo, se creó un nuevo sitio de Internet (www.worldbankpresident.org) para solicitar noticias, comentarios y sugerencias sobre quién debería ser el próximo presidente del Banco Mundial. Ya hay 17 personas en la lista, y ninguna de ellas ha negado públicamente que se les haya ofrecido el puesto.
La lista incluye a John Taylor, subsecretario del Tesoro estadounidense; Anne Krueger, subdirectora gerente del FMI; Randall Tobias, el ex ejecutivo farmacéutico que encabeza los esfuerzos contra el sida del gobierno de George W. Bush; Christine Todd Whitman, ex directora de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, y Elaine Chao, secretaria de Trabajo de Estados Unidos.
El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, fue el favorito alguna vez, pero salió de la carrera hace dos semanas cuando fue designado como el próximo subsecretario de Estado.
Por costumbre, el presidente de Estados Unidos elige al presidente del Banco Mundial, así como el director gerente del FMI es elegido por gobiernos europeos. Actualmente, el español Rodrigo Rato ocupa el máximo cargo del Fondo.
La lógica detrás de esta división de poder, surgida tras la creación de ambas instituciones en la conferencia de Bretton Woods, al final de la segunda guerra mundial, es que los países que aportan más dinero (y los triunfadores en esa guerra) deben estar a cargo.
Estados Unidos, la mayor economía mundial, tiene un papel central y es el mayor accionista en casi todas las instituciones financieras multilaterales.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la participación de Estados Unidos en el Banco (que prestó unos 20.000 millones de dólares para varios proyectos el año pasado) oscila entre 14 y 22 por ciento, y en el FMI, entre 17 y 22 por ciento. El Fondo prestó 40.000 millones de dólares en 2003.
Sin embargo, los críticos que reclaman más apertura y transparencia en ambas instituciones señalan que en realidad éstas son financiadas por los contribuyentes, quienes tienen derecho a opinar en su conducción y políticas de gasto.
Además, los programas impuestos por el Banco y el FMI afectan la vida diaria de más y más personas en los países pobres, que exigen una representación justa.
Estas instituciones están diseñadas para representar al mundo de la década de 1940, afirmó Rowden. Pero el mundo ha cambiado profundamente, y hoy los ciudadanos piden cuentas y transparencia a las instituciones de gobierno, observó.
Según Soren Ambrose, analista político del grupo 50 Años Bastan, de Washington, la gente percibe cada vez más que estas instituciones no practican lo que predican, es decir, aliviar la pobreza y ayudar a los países pobres.
Ambas organizaciones deben rendir cuentas a los ciudadanos de los países donde operan, y no a los interesas empresariales de los países que aportan el dinero, exhortó.
