La relación entre Colombia y Venezuela está en su peor momento desde 1987. El choque entre presidentes por el secuestro de un guerrillero colombiano en la capital venezolana afecta programas de desarrollo y el intenso comercio bilateral.
Mientras el presidente venezolano Hugo Chávez exigía públicamente a su par colombiano Álvaro Uribe una disculpa por el soborno de militares de Venezuela para cometer el secuestro, fueron detenidos en la frontera 37 camiones con un millón de litros de combustible rumbo a Colombia.
Se trata de combustible que se dirigía a Colombia de contrabando, en un flujo que alcanza hasta 20.000 barriles de 159 litros cada día.
Se supone que las autoridades venezolanas deben combatir ese tráfico, pero la contundente acción del viernes muestra el rigor con que Caracas bloqueará la relación bilateral mientras dure el diferendo.
El enfrentamiento escaló vertiginosamente después que el vicepresidente colombiano Francisco Santos y el ministro de Defensa, Jorge Uribe, admitieron esta semana que Bogotá pagó a cazadores de recompensas por la captura del guerrillero Rodrigo Granda, oficialmente arrestado en la nororiental ciudad colombiana de Cúcuta el 14 de diciembre.
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Pero investigadores en Venezuela comprobaron que Granda había sido secuestrado el día anterior en pleno centro de Caracas por individuos que lo llevaron por carretera hasta la frontera. Entre los secuestradores figuraban oficiales militares venezolanos y efectivos de menor rango, así como policías y ex policías.
Granda era un canciller, número dos en la estructura internacional de las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y vivía en una cómoda vivienda cerca de Caracas desde hacía un año.
El gobierno colombiano sabía de su presencia en Venezuela y en determinado momento lo mandó a buscar, dijo a IPS el estudioso de la relación bilateral Carlos Romero.
La hipótesis de Romero es que, con la operación, Bogotá intenta demostrar a Washington su disposición de descabezar a la conducción de la insurgencia.
El viernes, en su mensaje anual al parlamento y a la nación, Chávez exigió que Uribe reconociese públicamente que Colombia incurrió en un error y que presentase disculpas por la operación, que ha violado la soberanía venezolana.
Con mucho dolor he decidido llamar a nuestro embajador, y no regresará hasta que el gobierno colombiano (se) rectifique y pida disculpas, dijo Chávez ante los diputados que le ovacionaron de pie por esa declaración.
Asimismo, he ordenado paralizar todos los negocios con Colombia, todos los proyectos bilaterales. Lamentablemente se paraliza el gasoducto transcaribeño, hasta que no sea reivindicada la soberanía de Venezuela, y nada ni nadie me hará desistir porque represento la dignidad del pueblo de Venezuela, dijo Chávez.
Uribe reunió a varios de sus ministros la noche del viernes y respondió con un comunicado de nueve puntos, sin retractarse en absoluto de la operación contra Granda.
El pueblo colombiano tiene el derecho de liberase de la pesadilla del terrorismo. La política de recompensas es un instrumento legítimo de los Estados, que ayuda en la lucha, y las Naciones Unidas prohíben a los países miembros albergar a terroristas de manera activa o pasiva, expresó la presidencia colombiana.
El texto sostuvo que el señor Granda es reconocido y notorio vocero e integrante del grupo terrorista FARC y participó en un Congreso Bolivariano realizado en Caracas los días 8 y 9 de diciembre de 2004, en representación de la FARC.
Varios partidos políticos y movimientos sociales de América Latina enviaron delegados a un Congreso Bolivariano de los Pueblos que realizó asambleas en varias ciudades de Venezuela el 8 y 9 de diciembre. Granda quiso hablar en la reunión en la oriental localidad de Maturín, pero los organizadores no se lo permitieron.
El comunicado de Bogotá indicó que la policía de Colombia ha explicado de manera clara que no ha violado la soberanía de Venezuela y reiteró al mundo entero la necesidad de ayudarnos en la captura de los terroristas.
El texto concluyó reiterando disposición de Bogotá a tener relaciones constructivas con Caracas y proponiendo activar o crear un mecanismo binacional para examinar los hechos.
Según la radio colombiana Caracol, Uribe está dispuesto a discutir cara a cara con Chávez, en una cumbre multilateral, la situación que levó a la captura de Granda.
La respuesta de Bogotá no satisfizo a Chávez. Prácticamente justifican el secuestro de un ciudadano colombiano. Eso es lo último a lo que un gobierno puede llegar. No hay justificación ninguna para esta actitud, que un gobierno asuma la defensa del delito. No se puede combatir el delito con más delito, expresó.
Este es el peor momento para las relaciones en mucho tiempo, desde 1987, estimó el politólogo colombiano Alfredo Rangel, de la Fundación Seguridad y Democracia. Es de una gravedad inmensa, y la gran pregunta es si se pueden utilizar recursos públicos para realizar una acción ilegal en un país vecino, que es amigo, comentó.
En agosto de 1987 ambos estados estuvieron a punto de recurrir a las armas, después que Colombia patrulló con una corbeta misilística aguas pendientes de delimitación en el golfo de Venezuela, que Caracas considera suyas desde tiempo inmemorial.
El ex mandatario colombiano Ernesto Samper consideró precipitada la reacción venezolana de este viernes y pidió una reunión de los presidentes, porque este es un momento para obra con cabeza fría.
El diputado de la oposición de izquierda colombiana Gustavo Petro criticó que el señor Granda salió muy costoso para el pueblo. Si se paralizan las exportaciones de Colombia hacia Venezuela, que son más de 2.000 millones de dólares, representará la pérdida de empleo para unas 500.000 familias.
En Venezuela, el presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, Moisés Bittán, consideró exagerada las medidas dispuestas por Chávez, y pidió calma, porque, dijo, no deben ser afectados los megaproyectos binacionales ni el comercio.
En julio de 2004 Uribe y Chávez acordaron construir un gasoducto que cruce su frontera norte para llevar gas natural de Puerto Ballena, en la colombiana península de la Guajira hasta la petroquímica de Venezuela en la zona de Maracaibo.
Cuando Venezuela complete su red de gas y la producción de Puerto Ballena decline, a finales de la década, entonces el gasoducto se utilizará en sentido inverso para abastecer al norte colombiano. Será, además, la primera etapa del dispositivo que permitirá llevar gas venezolano hacia América Central.
El proyecto, que implica invertir entre 135 y 170 millones de dólares en dos años, queda paralizado por la orden de Chávez, explicó el canciller Alí Rodríguez.
También las compras gubernamentales venezolanas de alimentos colombianos se resentirán. El renglón había animado en los últimos años las exportaciones de Colombia a Venezuela, su segundo socio comercial después de Estados Unidos.
El comercio bilateral alcanzó el año pasado un estimado de 2.500 millones de dólares. La balanza comercial se inclina a favor de Bogotá.
Rodríguez dijo que ya no se permitirá más el llamado paso inocente de militares o policías colombianos que hacen gestiones en las zonas fronterizas y es una incógnita si la restricción del tránsito afectará a los ciudadanos comunes, en la más activa frontera existente entre países andinos.
