La recuperación de mil millones de personas traumatizadas por la guerra y otros desastres es posible mediante un plan de salud mental como el que propusieron ministros reunidos en esta capital.
Un sexto de la población del planeta sufre las secuelas psicológicas de la violencia masiva, dijo a IPS Richard Mollica, director del programa Trauma del Refugiado, de la Universidad de Harvard.
Las causas son guerras, conflictos étnicos, desastres naturales, crisis sociales, tortura, terrorismo y minas antipersonales, que matan cada año a más de 15.000 personas y mutilan a otras miles, explicó.
Para el experto, el problema es que las víctimas de los traumas post-conflicto, sobre todo en los países en desarrollo, carecen de la asistencia necesaria, por lo tanto la vida para muchos transcurre en medio de la depresión, la angustia, las pesadillas y el miedo, que los paraliza en su vida social y familiar.
Sin embargo, está científicamente comprobado que para los afectados hay esperanzas de recuperación si en cada sociedad se pone en marcha un plan de acción de salud mental, dijo Mollica con optimismo.
Con ese objetivo, los ministros de Salud de 49 países se dieron cita el viernes y este sábado en Roma, en el marco del Congreso Internacional de Ministros de Salud sobre Salud Mental y Recuperación Post-conflicto.
El congreso fijó compromisos tomando como referencia el proyecto Mil Millones, una iniciativa desarrollada por el programa Trauma del Refugiado de la Universidad de Harvard, en colaboración con el Programa Fulbright New Century Scholar, la organización humanitaria CARITAS y el Instituto Superior de Sanidad de Roma.
Mil Millones pretende ser una guía para los ministros de salud, y demuestra científicamente que un plan de acción de salud mental para ayudar a las poblaciones afectadas por situaciones de violencia es posible, si se adapta a la realidad y a la cultura de cada país.
Para Mollica, los ministros de salud son claves en este proyecto y están en la mejor posición para coordinar este tipo de actividades.
Según explicó el experto a IPS, el plan de acción propuesto es un modelo científico y teórico que demuestra que la violencia impide la salud mental y que existe una gran relación entre salud mental, desarrollo económico y derechos humanos.
Asimismo, rompe con dos mitos tradicionales: que los sobrevivientes no pueden superar los traumas post-conflicto, y que no existe relación entre la recuperación individual y la colectiva.
No basta con la atención de la salud, sino que hay que incluir todos los elementos que permitan reconstruir el tejido social, es decir, estructurar elementos de política, legislación, financiación, cooperación internacional, desarrollo económico, derechos humanos, ciencia basada en la salud mental, exhortó Mollica.
La tarea no es fácil. Los países que hemos vivido conflictos sabemos que será imposible resolver todos los problemas de salud mental, porque nuestros recursos son insuficientes… Lo que sí podemos es paliarlos y no quedarnos con los brazos cruzados, manifestó José Maza, ministro de salud Pública y Asistencia Social de El Salvador.
Entre 1980 y 1992, se enfrentaron en El Salvador la guerrilla izquierdista por un lado y fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares por otro, en un conflicto que dejó cerca de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.
Las dificultades son mayores en países con pobreza extrema y violencia constante como Haití, donde 70 por ciento de las mujeres sufren algún tipo de violencia, seis de cada 10 sufren maltrato físico o psicológico, más de 10.000 niños viven en la calle y 600.000 personas no tienen acceso a medicamentos. Aparte, las catástrofes naturales dejaron sin vivienda a más de 100.000 personas en 2004.
Sin embargo, los representantes gubernamentales de Haití asistentes al Congreso aseguraron que existe voluntad política para resolver esos problemas, e intentarán adaptar el plan de acción implicando a todos los actores sociales y aprovechando los recursos disponibles.
En Perú, la población aún sufre depresión, miedo, angustia y otras secuelas psicológicas por la ola de violencia y conflictos armados que azotó al país de 1980 a 2000, y que según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dejó 69.000 muertos, 6.000 desaparecidos, 40.000 huérfanos y 20.000 viudas.
En la mayoría de los países en desarrollo que han sufrido conflictos y violencia, las políticas de salud mental son insuficientes, porque tradicionalmente éstas han sido excluidas de los planes nacionales, dijo a IPS Ricardo Bustamante, director general de Promoción de la Salud de Perú.
Prueba de ello es que en Lima, la capital, hay un psiquiatra por cada 55.000 habitantes, y en el resto del país se estima que hay uno por cada 200.000, lo que es insuficiente para satisfacer la demanda, señaló.
Para paliar a esta situación, hemos establecido que la salud mental debe ser una de las 10 prioridades nacionales en el ámbito de las políticas de salud, dijo Bustamante, y agregó que esto ha permitido que se abra una línea importante de financiamiento y que comiencen a destinarse presupuestos en forma específica para este tema.
Los ministros reunidos en Roma se comprometieron a apoyar un plan de acción en sus países que incluya un servicio de salud mental, reconocido como una política de Estado.
Según los participantes del congreso, la salud mental abarca el acceso al trabajo, a la educación y a la atención médica, así como el respeto a los derechos humanos. En este sentido, cualquier proyecto de salud mental debe vincularse con el combate de la pobreza.
No hay que olvidar que el mejor tratamiento para los niños (traumatizados) es la escuela, y para los adultos, el trabajo. Hay quienes necesitan tratamiento psiquiátrico y otros farmacológico, pero todos necesitan trabajo y regresar a la vida normal, o al menos, intentar rehacerla, concluyó Mollica.
