Jeff West, uno de los coordinadores del estatal centro de consumo seguro de drogas intravenosas conocido como InSite, conduce a los visitantes a través de un pasillo con una luz débil. Pero se nota que el lugar está limpio.
Doce cabinas con espejos hacen el lugar más parecido a un vestuario que a un centro de salud. Casi todas ellas están ocupadas.
La música suena. Los habitués prefieren los oscuros sonidos country de Johnny Cash, la banda de thrash metal Slayer o el canadiense Neil Young. Es un ambiente cómodo, tal como lo pretendían los creadores de InSite, dijo West.
"La reducción de daños es la filosofía de este lugar. Queremos crear un ambiente que no imponga obstáculos para ingresar en él, y en que los usuarios de drogas tengan acceso a servicios de salud", explicó.
Los habitués, la mayoría varones, llegan con sus drogas, como heroína, cocaína, morfina, crack, metadona, metanfetaminas y la combinación del analgésico Talwin y del estimulante Ritalin (la denominada "heroína de los pobres").
Muchos sufren, además de su adicción, problemas de salud mental y viven desde hace años en el barrio de Downtown Eastside, considerado muy peligroso.
Casi 5.000 personas acudieron a InSite para inyectarse drogas desde que abrió en septiembre de 2003. El centro cuenta con 2.500 usuarios regulares y van allí unas 500 personas cada día, de 10 de la mañana a cuatro de la tarde.
Enfermeros y otros técnicos en salud están allí para ayudar a los usuarios, que tienen acceso a una amplia gama de materiales para preparar y consumir las drogas: torniquetes, cocinillas para calentar crack y otras sustancias, jeringas, alcohol, algodón, gasa, filtros para ácido ascórbico (producto usado para disolver heroína yo otras drogas) y bandejas de cartulina.
Se trata del primer proyecto piloto —con una duración de tres años— para la instalación de un sitio donde los usuarios de droga pueden inyectársela minimizando los riesgos sanitarios.
Las autoridades se han ganado la inquina del gobierno del vecino Estados Unidos y de agencias de la ONU al implementarlo.
Más de 2.000 personas murieron de sobredosis en la sudoccidental provincia de Columbia Británica, donde se encuentra Vancouver, desde 1990.
En 1993, el entonces forense general de la provincia, Vince Cain, recomendó abrir un sitio así en Vancouver. Su propuesta tuvo poco eco.
El sucesor de Cain, Larry Campbell —hoy alcalde de Vancouver y figura en que se inspira la popular serie televisiva "Da Vinci's Inquest"—, informó luego que la cantidad de muertes se había elevado a una por día.
E incluso algunos miembros del Departamento de Policía de Vancouver comenzaron a advertir que su capacidad para controlar el suministro de droga en las calles era limitado, pues esta ciudad portuaria siempre recibiría heroína barata desde Asia.
Las autoridades habían ordenado a la policía reprimir el comercio de drogas dentro de los bares, lo que llevó a los usuarios a consumirlas en la vía pública, especialmente en Downtown Eastside. Y muchos comenzaron a robar vehículos, hogares y pequeños comercios para costearse el vicio.
A pesar de que muchas voces entre las autoridades respaldaban la instauración de una política de reducción de daños, buena parte del público continuó rechazando la idea de que el Estado brindara a los adictos un sitio donde consumir legalmente su droga.
El rechazo continúa aun hoy.
"En lugar de reconocer a los usuarios crónicos de drogas como incapacitados que necesitan ayuda desesperadamente, o de encontrar modos de obligarlos a tratarse, apelamos a medidas que condenan a los enfermos a seguir en un círculo de degradación", escribió en una carta al diario Vancouver Sun la lectora Karen Spier en noviembre.
En 1997, uno de cada cuatro drogadictos en Downtown Eastside fueron diagnosticados con VIH, el virus causante del sida, y 80 por ciento, con hepatitis C y con tuberculosis.
Cuando el Ministerio de Salud canadiense calificó en 1997 la situación de emergencia pública, abrió una ventana al debate público sobre los modos de paliar la situación.
Expertos que conocían las experiencias de las ciudades de Frankfurt, Amsterdam y Sydney fueron invitados a Vancouver, mientras las autoridades sanitarias comenzaron a brindar nuevos servicios a los drogadictos.
Funcionarios municipales y legisladores provinciales comenzaron a desarrollar planes sobre la base de cuatro pilares: prevención, cumplimiento de la ley, tratamiento y reducción de daños, los mismos que fundamentaban los programas en Alemania y en Suiza.
Con el apoyo del entonces alcalde Philip Owen, el plan avanzó. Fueron necesarias reformas a las leyes sobre drogas, en medio de críticas de las autoridades estadounidenses y de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), una agencia de la Organización de las Naciones Unidas.
John Walters, el zar antidrogas del gobierno estadounidense, calificó InSite de "suicidio patrocinado por el Estado". La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) abrió una oficina en Vancouver para estudiar la distribución de marihuana y heroína.
La JIFE sostuvo en marzo que InSite violaba acuerdos mundiales sobre el control del abuso de drogas, y que cualquier país que pretenda implementar medidas de reducción de daños debería investigar exhaustivamente el impacto de tales medidas primero.
Campbell, ya en ejercicio de la alcaldía de Vancouver, desacreditó a la JIFE. "No tengo ninguna confianza en esa agencia, de todos modos. Está financiada casi enteramente por Estados Unidos y no sabe qué es la reducción de daños. Es de las organizaciones que dicen: 'Hagamos una guerra contra las drogas.'"
InSite es operado en conjunto por la Autoridad Costera de Salud de Vancouver, un órgano del Ministerio de Salud, y la organización civil Portland Hotel Society, con un presupuesto anual de 1,6 millones de dólares.
Entre el 10 de marzo y el 31 de agosto, hubo 107 casos de sobredosis en su local, pero ninguno de los 72 usuarios involucrados murió.
Cuarenta y seis por ciento de los comercios cercanos encuestados al azar apoyan InSite, mientras 34 por ciento rechazan el proyecto. Sesenta y tres por ciento de sus usuarios calificaron la calidad de los servicios de excelente, y 32 por ciento, de buena.
