El ex dictador Augusto Pinochet fue procesado este lunes como autor de nueve secuestros y un homicidio en el marco del Plan Cóndor, por el juez Juan Guzmán, quien ordenó además el arresto domiciliario del hombre que gobernó Chile desde septiembre de 1973 hasta marzo de 1990.
La suerte del general retirado de 89 años de edad dependerá una vez más de la Corte Suprema, que en última instancia deberá determinar si su salud mental le permite enfrentar un juicio o si corresponde absolverlo, como ya ocurrió en julio de 2001 en el proceso por la llamada Caravana de la muerte.
Esperamos que la Corte Suprema rectifique la denegación de justicia a las víctimas de la dictadura (del anterior caso) y ratifique ahora el fallo del juez Guzmán, dijo a IPS la secretaria general de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), Viviana Díaz
La resolución del magistrado, a cargo también del proceso por la Caravana de la muerte, fue recibida con júbilo por la AFDD y otras agrupaciones humanitarias, así como por dirigentes de los partidos Comunista, Socialista, Por la Democracia y ex militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
El abogado Pablo Rodríguez, defensor del ex dictador, presentó de inmediato ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de amparo basado en la demencia senil de Pinochet, pidiendo que se revoque el procesamiento que calificó de ilegal.
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Este es un abuso ante los derechos humanos más elementales de una persona que es procesada sin tener ninguna posibilidad de defenderse, afirmó Rodríguez, quien fue un activo desestabilizador del derrocado gobierno de Salvador Allende (1970-1973) como líder del disuelto movimiento de extrema derecha Patria y Libertad.
Esto no es más que un nuevo episodio, un nuevo capítulo de la persecución política más implacable que ha existido en este país en contra de una persona, alegó el abogado. Todo el país sabe que en los últimos años el ministro Guzmán ha perseguido al general Pinochet, enfatizó.
En su resolución de 52 páginas Guzmán incluyó informes y declaraciones de tres peritos psiquiatras, designados por el propio juez, la defensa de Pinochet y la parte acusadora, que diagnosticaron al ex dictador una demencia subcortical moderada.
En 2001 otros peritajes médicos detectaron una afección similar, aunque en un grado leve, lo cual permitió que una mayoría de jueces de la Corte Suprema lo absolviera en el proceso que le seguía Guzmán como coautor de 57 homicidios y 18 secuestros de prisioneros políticos en octubre de 1973.
Esos crímenes fueron cometidos por la llamada Caravana de la muerte, una misión militar especial que Pinochet creó a cargo del general Sergio Arellano Stark para que agilizara los juicios a detenidos tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
La resolución emitida este lunes por Guzmán incorpora numerosos antecedentes de actuaciones públicas del ex dictador, incluyendo una entrevista con un canal de televisión de Miami en 2003, para argumentar que sus facultades mentales permiten que sea llevado a juicio.
El juez acusó a Pinochet del homicidio calificado del militante comunista Ruiter Correa Arce y de los secuestros de una mujer y ocho hombres, entre los cuales se incluyen Edgardo Enríquez y Jorge Fuentes, dos altos dirigentes del MIR.
Los 10 casos considerados por Guzmán corresponden a chilenos detenidos en otros países del Cono Sur de América Latina en el marco del Plan Cóndor, que coordinó en los años 70 y 80 a los cuerpos represivos de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
El Plan Cóndor fue creado por jefes de servicios de policía política de esos países que se reunieron en Santiago de Chile desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre de 1975, invitados por el entonces coronel Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Contreras, ahora general retirado, tenía como único superior jerárquico a Pinochet, con quien se reunía a diario mientras dirigió la DINA, disuelta por la dictadura en 1978 y sustituida por la Central Nacional de Informaciones, que operó hasta febrero de 1990, un mes antes de la restauración de la democracia en Chile.
El abogado Eduardo Contreras, uno de los acusadores de Pinochet, dijo que el Plan Cóndor es sin duda el caso más emblemático, por los alcances internacionales que tiene, por la clara impronta del dictador en todos los crímenes.
Como ha dicho Manuel Contreras, Pinochet estuvo presente desde el comienzo (del Plan Cóndor) hasta dando luz verde a la reunión convocatoria para que se generara ese pacto operativo, agregó el abogado.
Viviana Díaz se declaró muy contenta con el sometimiento a proceso y la detención domiciliaria del ex dictador. Esta es una resolución histórica y trascendental para todos los familiares de las víctimas y todos los demócratas de este país que quieren que en Chile no haya impunidad para los violadores de derechos humanos, señaló.
Cuando existe voluntad de investigar de acuerdo a los antecedentes que obran en los tribunales de justicia desde hace casi 30 años, es posible llegar a procesar a todos aquellos que están inculpados por crímenes de lesa humanidad, agregó la dirigente de la AFDD.
La presidenta del gubernamental Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, dijo que le parecía muy bien la resolución de Guzmán, porque el proceso no es en sí una condena ni una incriminación, es el camino del Estado de derecho para acreditar las responsabilidades.
El diputado Eugenio Tuma, jefe del grupo parlamentario del Partido Por la Democracia señaló que el proceso a Pinochet es un precedente respecto de la coordinación que existió en Sudamérica en cuanto a violaciones de los derechos humanos.
Los países que vivieron el horror de un régimen militar están comenzando a sincerarse con ellos mismos y Chile está dando un ejemplo en esta materia, indicó el diputado.
Todos somos iguales ante la ley y, en esos términos, Pinochet debe responder ante la justicia y ser sancionado, concluyó Tuma.
La abogada Julia Urquieta, también de la parte acusadora en el proceso, afirmó que el ex dictador debe ser condenado por todos sus crímenes y no solamente por éstos, sino por todos los robos cometidos que han quedado comprobados en las cuentas del (banco estadounidense) Riggs.
El juez Sergio Muñoz está investigando a Pinochet por supuesto enriquecimiento ilícito, a partir de informes del Senado estadounidense sobre las cuentas secretas que el dictador mantuvo en el banco Riggs y que podrían ascender a unos 12 millones de dólares.
El magistrado Alejando Solís lleva a cabo a su vez el proceso por los asesinatos del ex comandante en jefe del Ejército de Chile, general Carlos Prats, y de su esposa, Sofía Cuthbert, cometidos en septiembre de 1974 en Buenos Aires por la DINA.
En esta causa la Corte de Apelaciones resolvió hace dos semanas despojar de su fuero penal a Pinochet para ser investigado por Solís, pero la defensa del ex dictador presentó un recurso ante la Corte Suprema, que aún no emite su fallo
