Los efectos de los pesticidas en seres humanos vuelven a ser objeto de estudio en Estados Unidos, pese a las críticas sobre los intereses industriales en esas investigaciones.
Después de seis meses de negarse a aceptar estudios de terceros, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció que comenzará a vetar estudios éticamente problemáticos estudiando caso por caso.
La agencia también procura realizar sus propias investigaciones sobre el uso doméstico de pesticidas en el sudoriental estado de Florida, con fondos del Consejo Químico Estadounidense, un grupo industrial de presión.
El llamado Estudio de Investigación sobre Exposición Ambiental de la Infancia (CHEERS, por sus siglas en inglés) abarcará bebés y niños de hasta tres años. A cambio de la participación en el estudio, cada familia recibirá 970 dólares, una cámara de vídeo y otros incentivos, entre ellos un babero de investigación.
Los niños son especialmente vulnerables a los pesticidas porque en relación a su peso absorben más las sustancias que los adultos, y además sus órganos en desarrollo tienen menor capacidad de descomponer los compuestos tóxicos.
La EPA aclaró que no se requiere a los participantes que usen plaguicidas ni alteren de modo alguno la rutina de su hogar, pero los críticos opinan que el incentivo financiero es intrínsecamente falto de ética.
Inducen a personas de bajos ingresos a someterse a riesgos, acusó Jay Feldman, director ejecutivo de Beyong Pesticides (Más allá de los pesticidas), un grupo de presión sin fines de lucro.
El mensaje es que si usan esos pesticidas, serán recompensados, agregó.
Entre los pesticidas estudiados se incluyen los utilizados en limpieza del hogar y cuidado de jardines, así como ftalatos (sustancias usadas en plásticos) y éteres difenilbrominados (retardadores del fuego).
Tras un aluvión de críticas, la Agencia archivó el estudio CHEERS hasta una revisión final de un panel de expertos integrado por miembros de la Junta Científica Asesora de Estados Unidos, el Panel Asesor Científico federal y el Comité Asesor sobre Protección de la Salud Infantil, cuyo informe se publicará a principios de 2005.
Sin embargo, la mitad de los participantes ya han sido seleccionados y la EPA rechazó los reclamos para abandonar del todo la investigación.
Los científicos de EPA deben comprender plenamente cómo los niños se exponen a los pesticidas y a través de qué medios, arguyó el organismo.
CHEERS fue diseñado para llenar vacíos estadísticos críticos… y para tomar medidas que reduzcan la exposición infantil a los pesticidas, agregó.
Los niños que viven en hogares donde se usan pesticidas registran mayores índices de leucemia, tumores cerebrales y sarcoma de tejidos blandos.
Un estudio realizado por la organización ambientalista Greenpeace/India en abril determinó que incluso la exposición a pequeñas dosis de plaguicidas limita la capacidad analítica, la memoria y la motricidad de los niños.
La EPA justificó la elección del condado de Duvall, en Florida, para realizar el estudio porque esa zona tiene una gran concentración de pesticidas y además existen datos de un estudio previo hecho en 2001.
Pero los críticos arguyen que las tres clínicas de ese condado elegidas para el estudio atienden a los miembros más pobres y menos educados de la comunidad, y que la investigación podría favorecer a la industria química, sujeta a crecientes restricciones de sus productos.
CHEERS forma parte de un esfuerzo más amplio para recabar datos que permitan (a la industria) aumentar los niveles aceptables de pesticidas, afirmó Dennis McKinney, del grupo Funcionarios Públicos por la Responsabilidad Ambiental.
Las reglas de oro sobre ética en las investigaciones médicas en humanos están contenidas en la Declaración de Helsinki, un conjunto de principios adoptados por la Asociación Médica Mundial en 1964. Entre otras cosas, establece que los protocolos experimentales deben ser aprobados por comisiones independientes del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida.
Pero una revisión de seis estudios del efecto de pesticidas en humanos realizados por la industria química entre 1992 y 1999 concluyó que los experimentos fueron aprobados por comités éticos que formaban parte de las organizaciones patrocinadoras.
Los estudios fueron realizados en Europa y Estados Unidos, pero todos apuntaban a influir en las normas de la EPA.
Todos tenían graves deficiencias éticas o cientícias, o ambas, incluso falta de consentimiento informado, conflictos financieros de interés, falta de capacidad estadística, métodos de prueba inapropiados y resultados distorsionados, sostuvo Alan Lockwood, profesor de neurología de la Universidad de Búfalo, cuya crítica se publicó en noviembre en el American Journal of Public Health.
