Tras la condena a dos policías por ejecutar a un adolescente, la justicia de Argentina investiga ahora la posible existencia de una asociación ilícita de agentes de seguridad y civiles que pone en la mira de sus armas a jóvenes presuntos delincuentes, al vigilar barrios de clase media y alta.
Los policías de la oriental provincia de Buenos Aires Hugo Cáceres y Marcelo Puyó, quienes además dirigían una agencia de seguridad privada, fueron considerados por los jueces que los sentenciaron a prisión como funcionarios "de suma peligrosidad por su disposición a eliminar a delincuentes, situándose por encima de la ley.
El tribunal dictaminó en primer lugar el lunes condenar a 22 años de prisión a Cáceres y a 19 años a Puyó por el asesinato en 2000 de José Ríos, quien tenía sólo 16 años.
El adolescente murió a raíz de dos balazos en la cabeza y uno en el tórax disparados por Puyó, luego de lo cual éste y Cáceres "alteraron burdamente el escenario del crimen, según el fallo.
La justicia probó que en el caso de Ríos "no hubo enfrentamiento armado alguno, ni antes ni después del intento de robo por parte del menor, quien se había ocultado entre dos automóviles en un taller mecánico cuando fue ultimado por los agentes policiales.
Pero además del caso puntual de Ríos, los jueces ordenaron investigar a los dos agentes y a unos 30 policías más y civiles en busca de probar la presencia de una asociación ilícita, que, bajo el amparo de la agencia de seguridad llamada Tres Ases propiedad de Cáceres, actuaría como un verdadero escuadrón de la muerte.
La agencia funcionaba en la casa del policía en la localidad de Don Torcuato y tenía el amparo de las autoridades policiales de todo el distrito judicial que abarca otras localidades del área ubicada al norte de la ciudad de Buenos Aires, como Olivos, San Isidro y San Fernando.
Gabriel Lerner, representante de la familia de Ríos, explicó a IPS que la decisión del tribunal "es fundamental porque permitirá conocer cómo operaba la banda que desde 2000 se dedicaba a la "limpieza social a cambio de un arancel mensual pagado entre los vecinos de barrios de clase media y media alta.
"El caso de Cáceres y Pujó reveló que aquí no hubo exceso policial sino una práctica sistemática de higiene social en barrios donde la gente quiere vivir tranquila y tolera que se golpee, torture y asesine a chicos marginales, puntualizó Lerner, abogado de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
El profesional recordó que en la base de este caso está el informe de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que en 2000 advirtió a los juzgados sobre las sospechas que levantaban al menos 60 casos de menores de 18 años y acusados de distintos delitos muertos en distintos lugares del territorio estadual siempre en supuestos enfrentamientos con la policía.
En 2001, la Procuración General de la provincia, que comanda a los fiscales, denunció que ese año fueron otros 26 los casos de muerte de adolescentes en supuestos choques con efectivos policiales, la mitad de los cuales se aseguraba haberse desarrollado en el mismo distrito judicial donde operaba la agencia Tres Ases.
En aquel informe, la procuración había sostenido la existencia de "un ambiente ideológico en algunos sectores sociales acomodados, que justifica que se libere el gatillo policial y se aplauda la supresión física de los menores.
El procurador Eduardo de la Cruz denunció entonces que resultaba "muy fácil elegir chicos de 15 años para matarlos y demostrar que se es duro y se persigue el delito, mucho más fácil que combatir realmente a las bandas delictivas.
A todo esto, el gobierno de la provincia de Buenos Aires prohibió a comienzos de este mes alojar en las comisarías a adolescentes que hayan delinquido. La medida fue adoptada tras la muerte de tres jóvenes en un recinto policial que se incendió en medio de un incidente aún no esclarecido y en el cual algunos sobrevivientes aseguran haber sido golpeados. Las autoridades provinciales indican que los jóvenes deben ser derivados de las comisarías, donde muchos enjuiciados adultos permanecen por meses debido a la superpoblación carcelaria, a institutos especializados para menores de 18 años o ser puestos en libertad si la causa que los retiene es por problemas de conducta leves.
La polémica se instaló luego de que jueces de menores aseguraran que el problema es la falta de institutos a ese efecto, afirmación que fue retrucada por el gobierno provincial señalando que muchas veces la justicia envía tras las rejas a niños, niñas y adolescentes sólo por el hecho de no tener familia o ser pobres.
"Si los mecanismos de los jueces o el Ministerio de Desarrollo Social no funcionan, actúan otros como la justicia por mano propia o la formación de escuadrones de la muerte", alertó entonces la jueza Marta Pascual.
Pero el clima social que avala de algún modo por parte de sectores sociales el exterminio sigue imperando. Este martes, la condena a Cáceres y Puyó fue cuestionada este martes por oyentes de diversas radioemisoras de Buenos Aires, que celebraron la muerte de menores presuntos delincuentes y aplaudieron el accionar policial para exterminar a los adolescentes que intentan robar.
"Mejor, uno menos, resumió una oyente de Radio La Red refiriéndose al crimen de Ríos y a la sospecha de otros asesinatos por parte de la misma organización. El tenor del llamado de la mujer se repitió en numerosos mensajes, según aseguraron con estupor los conductores del programa periodístico matutino "Puntos de vista.
"Si no los matan a ellos, ellos nos matan a nosotros, razonó otro radioescucha del programa aludiendo a la ola de robos a mano armada y secuestros que comenzaron a crecer a mediados de los años 90 y tienen en vilo a la sociedad argentina.
En los últimos tres años, se agregaron los secuestros, aunque sin menores involucrados y donde aparecen policías en actividad como párticipes en muchos casos.
Lerner aseguró que conoce la tendencia de parte de la sociedad que avala una política de "mano dura policial contra los delincuentes, pero remarcó que en el caso de Cáceres y Puyó se puso al desnudo "un experimento muy concreto del accionar ilegal de estas bandas que operan sin permisos legales y cometen delitos muy graves.
El abogado precisó que la orden del tribunal para investigar si existe esta red se fundamentó en el hallazgo de documentos que prueban que al menos 50 menores fueron víctimas de la agencia de seguridad que dirigía Cáceres y que sigue funcionando en Don Torcuato pese a que él está detenido.
Los pesquisas encontraron que en su domicilio, donde funcionaba la agencia, había un equipo de comunicaciones conectado a siete bases móviles, en rigor vehículos blancos identificados con una sirena azul que patrullaban los barrios, además de registros de más de 30 empleados y armas y proyectiles prohibidos por su potencial de daño.
Asimismo, se hallaron rollos de fotografías sin revelar con más de 60 imágenes de menores que, en distintos momentos fueron o iban a ser blanco de la agencia de seguridad, de las cuáles dos fueron tomadas sobre los cuerpos de adolescentes ya ultimados por las balas de Tres Ases.
