Estados Unidos estuvo lejos de ser transparente respecto del programa Petróleo por Alimentos con el que la comunidad internacional trató de paliar las penurias del pueblo iraquí en los años 90, advirtió el principal funcionario a cargo de la iniciativa.
El coordinador humanitario de la ONU para Iraq en 1997 y 1998, Denis Halliday, lo aseguró a IPS en momentos en que Estados Unidos arrincona al foro mundial con acusaciones de permitir sobornos y actos de corrupción en torno del hoy desaparecido programa.
Cada contrato, cada coima y cada (barril de petróleo iraquí) contrabandeado a Turquía, Siria y Jordania, e incluso a Irán, era bien conocido y estrechamente vigilado por los satélites estadounidenses utilizados para controlar el tráfico de armas, dijo Halliday, ex subsecretario general adjunto de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Pero el líder kurdo Massoud Barzani, aliado de Gran Bretaña y de Estados Unidos, hizo millones de dólares con embarques ilegales de petróleo y de gas a Turquía, junto con el proveedor iraquí, el hijo del hoy depuesto presidente Saddam Hussein, Uday, aseguró Halliday.
Las compañías petroleras estadounidenses que indirectamente compraron alrededor de 40 por ciento del petróleo iraquí (canalizado) a través del programa Petróleo por Alimentos pagaron (indirectamente) las coimas, agregó.
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El escándalo, según Halliday, no ensucia a la Secretaría General ni a la cúpula de la ONU, sino a los países miembros que crearon las mortales sanciones dispuestas contra Iraq en 1990, cuando Saddam Hussein ordenó la invasión a Kuwait, y 1991, cuando fue desalojado de ese reino por una coalición militar encabezada por Estados Unidos.
La ONU afronta generalizados cargos de soborno y de corrupción en torno del programa de Petróleo por Alimentos, que rigió entre 1996 y 2003 como excepción al embargo internacional que sufría Iraq por la invasión de Kuwait en 1990.
El sistema permitía la venta de cantidades limitadas de petróleo para adquirir alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios, bajo supervisión de la ONU y en especial de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia).
El programa manejaba entre 7.000 y 10.000 millones de dólares anuales, pero esos ingresos por ventas de petróleo pasaron en noviembre pasado a las arcas de la hoy disuelta Autoridad Provisional de la Coalición encabezada por Paul Bremer, el administrador civil estadounidense en Iraq.
El cambio disgustó a los opositores de la guerra que Estados Unidos lanzó contra Iraq, así como a funcionarios de la ONU que ayudaron a crear y administrar el exitoso programa. Las facultades de la Autoridad pasaron en junio al gobierno interino iraquí designado por Washington.
La entrega de alimentos y medicinas, en beneficio de más de 60 por ciento de la población de un país devastado por las sanciones y por la guerra, era implementado en territorio iraquí por una red de 44.000 funcionarios del gobierno de Saddam Hussein bajo supervisión de la ONU.
La mayoría de los cuestionamientos a la forma en que se implementó el plan proceden de políticos estadounidenses y periódicos derechistas que también acusan al secretario general de la ONU, Kofi Annan, de encubrimiento.
Esta campaña constante ha dañado a la ONU. Esto no es algo que nos guste, y por eso queremos llegar al fondo y aclarar todo lo más pronto posible, dijo Annan.
El máximo funcionario de la ONU logró el concurso de Paul Volcker, ex presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, para investigar las acusaciones de corrupción. Volcker preside un panel creado por el Consejo de Seguridad junto con Richard Goldstone y Mark Pieth.
Pero un subcomité del Senado estadounidense que realiza una investigación paralela acusó a Annan de bloquear el acceso a la información tanto a funcionarios de la ONU como a auditores internos.
Es, un poco, como tener un juicio en un tribunal de Nueva York mientras tribunales de otros lugares quieren procesar el mismo caso, dijo Annan al diario The New York Times.
El subcomité del Senado dijo el lunes que el régimen de Saddam Hussein amasó al menos 21.300 millones de dólares ilegalmente, el doble del cálculo inicial, a través del programa Petróleo por Alimentos.
El presidente del subcomité, Norman Coleman, manifestó el lunes preocupación por la posibilidad de que el dinero obtenido por Saddam Hussein sirva ahora para financiar la insurgencia iraquí contra la ocupación.
Funcionarios de la ONU fueron acusados de connivencia con Saddam Hussein o de ignorar las actividades ilegales que concitó el plan humanitario.
El investigador sobre armas iraquíes del gobierno estadounidense, Charles Duelfer, afirmó ante el subcomité del Senado que un ex funcionario de la ONU, Benon Sevan, recibió el producto de la venta de 13 millones de dólares como favor especial del depuesto presidente iraquí. Sevan rechazó la acusación.
Creo que el secretario general debería abrir los archivos al público, consideró Halliday. También debería permitir a los funcionarios de la ONU, así como a él mismo y a otro coordinador humanitario del foro mundial en Iraq, Hans Von Sponeck, reunirse con los investigadores del Senado estadounidense, afirmó.
Lo digo porque en el fondo de este escándalo están los propios países de la ONU… su abuso de la Carta de la ONU, su uso de sanciones al extremo del genocidio, el mal uso de las ganancias petroleras (30 por ciento desviadas como compensación a Kuwait mientras los niños iraquíes morían por el mal agua y la escasa comida), el interminable bombardeo y la invasión ilegal de (el presidente estadounidense George W.) Bush y (el primer ministro británico Tony) Blair, advirtió Halliday.
Estos son los escándalos reales. Allí es donde se encuentran los criminales, los criminales de guerra, añadió.
El ex director de presupuesto del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Merryll Cassel, concordó con el reclamo de transparencia de Halliday.
El escándalo por el programa Petróleo por Alimentos daña la reputación de la ONU, en especial cuando los medios de comunicación la acusan de bloquear una investigación estadounidense, declaró a IPS.
Por su parte, Phyllis Bennis, del Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington, dijo a IPS que no hay un solo informe de un representante estadounidense o británico cuestionando un contrato a causa de la ampliamente conocida (y típica en el sector petrolero) práctica del soborno.
Las compañías petroleras estadounidenses compraron petróleo iraquí durante años de sanciones orquestadas por Washington, según Bennis, y es poco probable, agregó que esas firmas se hubieran rehusado a participar en esquemas de soborno.
Era ampliamente sabido, sostuvo, que Turquía decidió permitir a la Fuerza Aérea estadounidense usar la base de Incirlik a cambio de permitirle comprar petróleo en negro.
