Un proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión se abre paso en Venezuela, visto por unos como una herramienta democratizadora y protectora de la infancia, y por otros como un arma para que el presidente Hugo Chávez amedrente a los medios de comunicación y controle a la sociedad.
Un borrador del proyecto fue aprobado el año pasado por el parlamento con los votos de la mayoría oficialista, que ocupa 87 de los 165 escaños, y desde octubre está en curso la segunda y definitiva discusión, artículo por artículo y en un escenario polarizado, con los partidarios de Chávez en una acera y sus detractores en la otra.
Según el ministro de Información, Andrés Izarra, la ley marcha sobre cuatro ejes, y los dos primeros son el respeto que deben ofrecer los moderadores de los programas televisivos y radiales, y la transmisión en un horario adecuado de los episodios cargados de sexo y violencia, para proteger a los niños.
A eso se agrega la voluntad de formar ciudadanos críticos de los contenidos de los medios de comunicación, y la instrumentación de una industria audiovisual y radiofónica acorde con el modelo de cambio socioeconómico que vive el país, afirmó.
El propósito declarado del proyecto es establecer la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, y sus relacionados, para fomentar, entre otros valores, la democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la salud y el desarrollo, de conformidad con la Constitución y las leyes, especialmente la que protege a niñas, niños y adolescentes.
Las herramientas serían acotar el horario de difusión de programas considerados inconvenientes para la infancia, otorgar al Estado y las comunidades espacios en todas las estaciones difusoras, brindar facilidades a productores independientes, crear un organismo de vigilancia, e imponer a quienes violen las nuevas normas elevadas multas o, como último recurso, la suspensión o cierre.
Izarra destacó que según el proyecto 60 por ciento de la producción televisiva tiene que ser de productores independientes, lo que lleva a una política del Estado para desarrollar una industria audiovisual, y los diputados oficialistas alegan con ardor que la televisión no puede seguir como monopolio de un grupo reducido de familias.
Una asamblea de decenas de productores independientes reunida la última semana de octubre en Caracas reclamó que las disposiciones para incentivar la producción local se acompañen de un fondo para el financiamiento del talento nacional.
El proyecto establece que sólo podrá presentarse como productor independiente quien carezca de parentesco, aun lejano, con los actuales propietarios de los grandes medios, y no haya trabajado con ellos en un periodo de por lo menos dos años.
Es una exageración y una condena al desempleo: ¿cómo es que no puede presentar un proyecto de programa alguien que hace un año o más dejó de ser empleado nuestro?, dijo a IPS el directivo de un canal privado, en condiciones de anonimato.
Un segundo aspecto polémico es el de las definiciones sobre sexo, violencia salud y lenguaje, que el proyecto clasifica en una escala de gravedad de la A hasta la D y los calza sobre los tres horarios: de siete de la mañana a siete de la tarde, con severas restricciones; hasta las once de la noche, con algunas limitaciones; y en las madrugadas, con mayores libertades pues se considera un horario para adultos.
Los detractores del proyecto sostienen que, con esa medida, los organismos de control podrán impedir o sancionar la transmisión en vivo de sucesos como, por ejemplo, el ataque sobre las torres generas de Nueva York en 2001.
De ninguna manera se establece censura previa. Sólo se trata de que los medios, aunque puedan informar en vivo cuanto deseen, no incurran en uso amarillista de imágenes o sonidos para explotar el morbo en horarios destinados a la formación de niños y adolescentes, dijo a IPS la diputada oficialista Desirée Santos.
En cambio, para el comunicólogo Antonio Pasquali, quien dirige la organización no gubernamental (ONG) Comité por una Radio y Televisión de Servicio Público, se trata de una disposición de carácter totalitario, que promueve la censura y la autocensura y llevará a que el régimen establezca lo que se puede transmitir y lo que no.
Qué se debe transmitir y qué no debe ser fruto de un acuerdo entre emisores y sociedad. Si el Estado quiere una mejor radio y televisión debe predicar con el ejemplo, pero las que están en manos del gobierno sólo hacen propaganda, en tanto el país pide a gritos una tercera voz, que no existe, dijo a IPS.
Otro estudioso, Marcelino Bisbal, director del posgrado en Comunicación de la Universidad Católica Andrés Bello, también cree que en Venezuela hay un proyecto autoritario, escasamente democrático, que tiene la necesidad de dotarse de un instrumento jurídico para controlar un espacio que queda para disentir.
Para Expresión Libre, una ONG de comunicadores de oposición, estamos ante la intención de imponer a la sociedad un modelo intervencionista y autoritario, debido a que para la voracidad comunicacional del oficialismo no es suficiente el control de los medios de comunicación públicos, la Radio Nacional, la televisora VTV y la agencia Venpres.
La última palabra sobre información veraz, oportuna e imparcial la tendrán funcionarios del gobierno, lo que producirá un inhibición generalizada en medios y periodistas, es decir, la autocensura, dijo a IPS Eduardo Orozco, de Expresión Libre.
En cambio José López, de la Red Latinoamericana de Radios a favor de la Paz, sostuvo que con la ley y la apertura a los medios comunitarios y alternativos que vive Venezuela ahora las comunidades tendrán múltiples vías para expresarse y le van a sacar ventaja a quienes les devolvieron la palabra.
La ley no busca censura o autocensura, sino crear mecanismos que permitan a todos los venezolanos defenderse por los caminos legales de las injurias y atropellos a que son sometidos diariamente por algunos medios de comunicación, dijo Izarra.
La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el proyecto no cumple con los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión.
La ley no pretende abarcar todo, y creemos que mediante sentencias judiciales de interpretación podrá ajustarse el instrumento, alegó Izarra, al presentar las conclusiones de mesas de trabajo que dirigió.
Alfonso Marquina, diputado de la oposición socialdemócrata, encabezó a los parlamentarios críticos precisamente de esa generalidad que contraviene un principio del derecho: no puede haber descripción vaga de una falta o delito, dejando la posible falta a la discrecionalidad de un órgano que interprete.
La cúpula del sistema de supervisión de la radio y la televisión será un Consejo de Responsabilidad Social con 21 miembros, de los cuales seis representarán al gobierno central, dos a otros entes estatales, tres a ONG de usuarios, cinco a radios y televisoras, tres a profesionales, uno a universidades y uno a las iglesias.
La legislación venezolana sobre radio y televisión se remonta a 1941, con un reglamento enmendado muchas veces y al que se han añadido otras leyes y normas de menor jerarquía, en tanto la vigente Constitución de 1999 prohíbe la censura previa y reivindica el derecho del pueblo a contar con una información veraz y oportuna.
