El despliegue de 1.500 militares en ayuda de la policía del área metropolitana de la capital venezolana desde este mes motiva críticas de la sociedad civil y de la oposición, pese a que la cantidad de delitos mermó 33 por ciento sólo en la primera semana de puesta en marcha del plan.
La fuerza a cargo de la nueva tarea es la Guardia Nacional, una policía militarizada semejante a los Carabineros chilenos o italianos, la Guardia Civil española o la Republicana peruana, que desde su creación hace 60 años ha sido encuadrada como castrense junto a las fuerzas tradicionales del Ejército, la Marina y la Aviación.
El ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón informó que "se trata de un plan piloto, de trabajo coordinado entre la Guardia Nacional y las policías municipales, para combatir el delito en las horas álgidas de la noche entre jueves y domingo, y que se extenderá progresivamente por el país.
"Saludamos que al fin el poder nacional asuma el tema de la delincuencia con un plan, dijo a IPS Soraya Achkar, de la organización no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, "pero replantea un problema ya viejo en América Latina acerca de si la lucha contra el delito es asunto de civiles o debe incorporar a militares.
Desde hace más de 20 años la Red "sostiene que el tema es de la jurisdicción civil y debe ser encarado por policías civiles, debidamente equipadas y entrenadas, por razones que van desde las previsiones constitucionales y de acuerdos internacionales hasta la realidad de que el policía y no el militar es quien conoce cada barrio, apuntó Achkar.
Empero, Chacón aclaró que las operaciones de patrullaje preventivo y enfrentamiento al delito con la Guardia Nacional "responden a una fase de emergencia, que mantendremos hasta diciembre en el área metropolitana antes de que cobre forma definitiva, porque la inseguridad personal es el problema más sentido por los venezolanos.
La inseguridad y el desempleo encabezan todas las encuestas como los problemas más acuciantes de la población.
En Venezuela, con 25 millones de habitantes, se registraron el año pasado 11.330 asesinatos, recordó a IPS el criminólogo Marcos Tarre, y las proyecciones para 2004 dan un nuevo récord de 12.000 muertes violentas, 2,5 veces más que hace una década.
"Se trata de 31 homicidios por día, en tanto cada hora se cometen cinco atracos, añadió Tarre.
Estadísticas del Banco Interamericano de Desarrollo ubican a Venezuela en el sexto lugar en América Latina y el Caribe en cantidad de homicidios con relación a su población, con 33 muertes por cada 100.00 habitantes, superado por El Salvador, Colombia, Honduras, Guatemala y Jamaica.
A su vez, Caracas es la tercera ciudad en ese listado negro de la región, con 133 asesinatos por cada 100.000 habitantes, apenas por debajo de Medellín, en el occidente de Colombia, y Recife, en el nordeste de Brasil.
El ministro Chacón, un teniente retirado del Ejército en un gobierno presidido por Hugo Chávez, también proveniente de las filas militares con su pasado de comandante de paracaidistas, presentó un cuadro de mejoría de la seguridad ciudadana en Caracas el primer fin de semana de octubre por oposición al último de septiembre.
El total de delitos bajó de 305 a 204, y la cifra de homicidios descendió de 24 a 14, en tanto el hurto de vehículos cayó de 73 a 58, con mayor merma en las áreas donde la Guardia Nacional trabajó mancomunadamente con las policías municipales.
En Venezuela no existe una policía nacional y los estados y municipios se han dotado de sus respectivas fuerzas de seguridad interna, con abundantes desencuentros desde que Chávez llegó a la presidencia en 1999 y chocó con alcaldes y gobernadores pertenecientes a fuerzas políticas opositoras.
En ese marco, Chacón criticó a la alcaldía mayor, cuya policía metropolitana "se abstiene en las noches de patrullar con sus motocicletas, el vehículo adecuado para esa labor sobre la topografía de los barrios (populares) de Caracas, una ciudad que ha crecido de modo desordenado entre colinas y hondonadas de relieve y callejuelas accidentadas.
El gobierno "repite errores del pasado, con redadas, alcabalas (puestos policiales en calles) y requisas intempestivas que no van a la médula del problema y, entretanto, las policías municipales están desguarnecidas, dijo desde la acera opositora el diputado Nicolás Sosa, de la Comisión de Política Interior del parlamento.
Hace dos años, en el cenit de la aguda confrontación política entre Chávez y las fuerzas de oposición que buscaron desalojarlo de la presidencia antes de que cumpliera su mandato de seis años, el gobierno intervino la Policía Metropolitana de Caracas, que cuenta con más de 8.000 efectivos, y la despojó de las armas largas que poseía.
Frente a la tesis oficialista de crear un cuerpo unificado de policía nacional, Achkar abogó porque se mantengan las policías municipales y que éstas se coordinen en una estrategia común "que impida, por ejemplo, que un mal policía expulsado de un cuerpo sea reclutado por otro, como ocurre en la actualidad.
Por otra parte, "seguridad no es sólo acción policial, sino combate de las raíces sociales del delito y elementos propios de la convivencia urbana, como que las calles estén debidamente iluminadas, que los semáforos funcionen, que la policía esté bien entrenada y que la ciudadanía la respete y la acompañe, señaló Achkar.
"El Estado haría bien en utilizar con esos fines parte del cuantioso ingreso extraordinario que está obteniendo por los mejores precios del petróleo, que baten récord en los mercados internacionales, añadió.
El ministro del Interior informó también sobre otras iniciativas complementarias al uso de los militares en tareas de seguridad ciudadana, que acompañarán el nuevo plan, como la creación de redes de vigilancia e informantes entre las comunidades, encuentros deportivos entre la Guardia Nacional y grupos juveniles en los barrios, y estímulos para la denuncia confidencial de violencia callejera y doméstica.
Esa "inteligencia comunitaria se apoyará en las redes de cooperativas y de organizaciones sociales de base, que el gobierno ha impulsado para el acceso a los planes de salud ambulatoria, distribución de alimentos subsidiados, educación de adultos, empleo y microempresas, en desarrollo desde hace más de un año.
