Aunque la desaparición forzada de personas persiste en todo el mundo, como lo indican los más de 40.000 casos en estudio en la actualidad por un cuerpo especializado de la ONU, la comunidad internacional dilata la aprobación de un tratado normativo para enfrentar este grave crimen.
Un grupo encargado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) de elaborar un proyecto de ese instrumento jurídico concluyó este fin de semana en Ginebra un nuevo período de discusiones sin que se vislumbre una conclusión cierta de las labores antes de marzo venidero, como se había previsto inicialmente.
La redacción del documento ha resultado más ardua de lo esperado. Federico Andreu-Guzmán, consejero de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) reconoció que la negociación es difícil, es dura.
El jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, Rodolfo Matarolo, admitió también la complejidad de una negociación que se desarrolla en un grupo de composición abierta, es decir, que pueden participar otros estados además de los 53 miembros de la comisión humanitaria de la ONU.
Los impedimentos surgen porque algunos países se oponen en realidad a un nuevo instrumento internacional y a un órgano de seguimiento, observó Andreu-Guzmán.
Países como Rusia, China, Etiopía o Angola no quieren verdaderamente un cuerpo de fiscalización efectivo. Por ese motivo torpedean los debates sobre las definiciones de los términos jurídicos y confunden las deliberaciones, dijo el experto de la CIJ.
Pero al mismo tiempo, contamos con la posición de quienes piden una convención precisa y un comité autónomo de seguimiento, se entusiasmó el jurista.
Las sesiones del grupo muestran ciertamente que, a pesar del atraso en la redacción y de la obstrucción de algunas delegaciones, se han registrado avances.
Los países de América Latina, promotores originales del proyecto, han ganado de manera paulatina el apoyo de los europeos, de Canadá, de Nueva Zelanda y de Australia.
Un punto crítico del debate fue la tipificación de las desapariciones como crímenes de lesa humanidad y la inclusión de ese concepto en el preámbulo del tratado. Cuando el grupo de trabajo inició sus sesiones, en enero del 2003, entre los miembros existía una fuerte oposición a esa noción sobre este delito.
Ahora, en cambio, ha sido adoptada mediante un apoyo decidido de los Estados, incluidos de manera sorprendente algunos como Japón y Gran Bretaña, comentó Andreu-Guzmán.
Otro pronunciamiento significativo del grupo de trabajo sobrevino cuando se discutió la inclusión, en la propia definición de desapariciones, de la referencia a esos delitos perpetrados por actores no estatales, como guerrillas o grupos insurgentes.
Japón, por ejemplo, sostuvo que los actores no estatales requieren un régimen aparte en el tratado. La cuestión debe resolverse, pero no en la misma definición del crimen, insistió. Ese criterio, que finalmente prosperó, fue compartido hasta por Estados Unidos, resaltó el consejero de la CIJ.
Los informes recibidos por los participantes sobre la actual situación de las desapariciones en el mundo han sido inquietantes.
Las referencias fueron ofrecidas por Darko Göttlicher, miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, otro cuerpo de la ONU que tiene por misión servir de comunicación acerca de la suerte o el paradero de los desaparecidos, entre los familiares y la sociedad civil, por un lado, y los gobiernos, por otro.
Los nuevos casos de desapariciones ocurridas este año y que son puestas en conocimiento del grupo de trabajo, suman centenares, dijo. Sólo entre enero y septiembre de este año, se transmitieron llamamientos urgentes al gobierno de Nepal por 117 casos de desapariciones, dijo Göttlicher.
El grupo de trabajo envía centenares de mensajes por año referidos a los más de 40.000 casos de desapariciones que tiene en examen, insistió el experto. En los últimos cinco años, este cuerpo de ONU consiguió establecer la suerte o el paradero de 5.320 desaparecidos, de los cuales 837 casos se esclarecieron en 2003.
Las principales diferencias que surgen en la redacción del instrumento jurídico se refieren a la misma naturaleza del tratado y a la identificación de órgano encargado del seguimiento de su aplicación.
Los países latinoamericanos y algunos europeos, como España, Italia y Grecia, proponen la adopción de una convención, en el mismo nivel jurídico de los tratados contra la tortura o inclusive de los pactos sobre derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales.
En cuanto al órgano de seguimiento, su elección es en favor de un comité autónomo, como disponen esos pactos, integrados por expertos independientes propuestos y designados por los gobiernos.
Sin embargo, otros estados prefieren que el tratado se reduzca a un protocolo facultativo del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. El órgano de seguimiento debería ser, indican, el mismo Comité de Derechos Humanos que fiscaliza la aplicación de ese pacto.
La delegación de Suiza introdujo una variante al proponer la creación de un subcomité, agregado al Comité de Derechos Humanos, pero con funcionamiento autónomo.
Matarolo dijo que Argentina propone que el instrumento sea una convención y que las funciones de supervisión recaigan en un comité independiente y específico.
La Comisión Internacional de Juristas también cree que sería mucho mejor tener una convención y un órgano propio del tratado, como un comité contra las desapariciones forzadas.
El Comité de Derechos Humanos está saturado de trabajo, observó Abreu-Guzmán. Ese organismo sólo tiene capacidad para estudiar la situación de 15 países por año y apenas examina 30 quejas individuales en el mismo período.
El grupo de redacción del proyecto de tratado volverá a sesionar en enero próximo y presentará su informe a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que se reúne en Ginebra durante marzo y abril.
Pero los expertos estiman improbable que el informe pueda contener el texto acabado del proyecto, por lo cual las labores del grupo de trabajo deberán prolongarse por lo menos un año más.
