En México, donde 45 por ciento de su población vive con menos de dos dólares al día, un funcionario utilizó 12.500 dólares de la firma estatal que dirige para pagar una liposucción a su esposa, la casa presidencial compró un juego de sábanas en 5.300 dólares y un diplomático abonó 11.700 dólares por seis colchones y siete almohadas.
Esos gastos son algunas de las perlas del despilfarro, que muchas veces llega a la corrupción, descubiertas en los círculos cercanos al presidente Vicente Fox durante su gestión de tres años y 10 meses.
Aunque no hay ninguna evidencia que involucre al mandatario en esos actos, opositores y analistas sostienen que los casos demuestran el descontrol que existe en materia de gasto público.
El gobierno perdió hasta la estética en materia de corrupción, declaró a IPS el historiador Lorenzo Meyer, al comentar el caso de la liposucción practicada a la esposa del director de Pemex (Petróleos Mexicanos), Raúl Muñoz, y que fuera pagada con dinero público, según publicara el lunes el diario local Reforma.
Aunque Muñoz afirmó que devolvió a PEMEX el dinero de las cirugías de su esposa, entre los opositores a Fox surgieron pedidos para que renuncie el funcionario involucrado y se efectuaron duras críticas contra el gobierno por su presunta incapacidad para controlar los gastos de sus colaboradores.
Fox, quien dijo estar investigando el caso de Muñoz, llegó a la presidencia en diciembre de 2000 portando como uno de sus estandartes la lucha contra la corrupción, mal que los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 1929 a 2000 transformaron en moneda corriente, según lo indican diversos estudios.
Desde el inicio de mi gobierno establecimos tareas de recuperación de la confianza ciudadana en el gobierno, una confianza que había sido destruida por un pasado de corrupción e impunidad, por un pasado de ineficiencia, señaló Fox en una conferencia que dictó el martes ante estudiantes de Canadá, en el marco de una vista de dos días a ese país..
En el último índice de percepción de corrupción divulgado por la organización Transparencia Internacional, México recibió una calificación de 3,6 sobre 10, la misma de 2003, lo cual lo ubicó entre los países donde ese problema es considerado aún grave.
Estudios del capítulo local de esa organización, con su sede mundial en Alemania, afirman que entre octubre de 2002 e igual mes de 2003 se registraron 101 millones actos de corrupción en el uso de servicios públicos en México. Además, indican que por esa vía los ciudadanos desembolsaron más de 950 millones de dólares.
Las estimaciones fueron hechas por Transparencia Mexicana con base en el cruce de diversas encuestas y estudios.
Aunque exista interés real de luchar contra la corrupción, escándalos como el caso del director de PEMEX y otros anteriores, sobre los que la presidencia mexicana no reacciona rápido ni con contundencia, desacreditan los esfuerzos del gobierno, sostuvo Meyer.
Arturo González, jefe de la estatal pero independientes Auditoria Superior de la Federación (ASF), declaró el martes que México no ha logrado avanzar en el combate contra la corrupción a pesar de los esfuerzos del gobierno federal en los últimos cuatro años.
La administración pública en México está sometida a prácticas que impiden la modernización por inercias burocráticas, discrecionales de todo tipo e ineficiencias que alientan la corrupción en todas sus expresiones, sentenció González.
Para luchar contra la corrupción, en la gestión de Fox se puso en marcha una ley para transparentar la información pública, otra que regula los ascensos y permite evaluar a los funcionarios públicos y varios acuerdos para obligar a que rindan cuentas todos los organismos del Estado y los que reciben su dinero.
Además abrió en la red mundial de computadoras (Internet) una sitio donde se pueden consultar todas las compras que hace el gobierno y se suscribieron varios acuerdos internacionales para combatir la corrupción.
Hay un discurso correcto desde el gobierno contra la corrupción y es posible que sí se esté atacando el problema, pero los escándalos que tocan al círculo presidencial dejan un mal sabor de boca, dijo a IPS Norberto Carrillo, consultor empresarial que asesora a firmas que hacen negocios con organismos del Estado.
En junio de 2001, cuando el gobierno de Fox apenas cumplía un semestre, medios de comunicación locales revelaron que como mensaje de la presidencia de México se había comprado un juego de sábanas por 5.300 dólares y de toallas por 400 dólares.
En medio de contradicciones de funcionarios, entre ellas las del propio Fox, que admitieron que esas compras aparecían en las cuentas del gobierno pero que no se habían concretado, el caso despertó un gran revuelo.
Por ese caso, bautizado por la prensa local como toallagate, renunciaron Carlos Rojas, a su cargo de presidente del Comité de Adquisiciones de la Presidencia, y otros funcionarios menores. Las compras de toallas y sábanas finalmente nunca se hicieron, según afirman funcionarios del gobierno.
A fines de 2003 saltó otro escándalo. Se trató entonces de las compras onerosas de mobiliario para la sede en París de la misión diplomática de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
Según se supo, el entonces embajador mexicano ante ese organismo, Carlos Flores, erogó 11.700 dólares para adquirir seis colchones y siete almohadas para la residencia diplomática. A ello agregó una plancha eléctrica de 500 dólares, un sacacorchos de más de 300 dólares y una máquina de lavar ropa de 6.000 dólares, entre otras compras.
Como en el caso precedente y otros, el presidente Fox minimizó los hechos y dijo que se investigarían. Finalmente el embajador fue removido del cargo, pero las compras quedaron hechas.
Un caso en el que el gobierno sí reaccionó con contundencia fue el de Guido Belsasso, ex comisionado del Consejo Nacional contra las Adicciones de la Secretaría de Salud.
Belsasso fue despedido en agosto de 2003 tras la publicación de un reporte en el que se señaló el presunto uso de influencia de ese funcionario para conseguir negocios paralelos en beneficio suyo y de su familia.
Tras un largo proceso, la secretaria (ministerio) de la Función Pública, resolvió este mes inhabilitar a Belsasso por 40 años para ocupar cargos públicos, pero no presentó ante la justicia ninguna querella penal o civil en su contra.
La corrupción y el despilfarro a niveles de gobierno indigna, pues se producen en un país donde más de la mitad de sus 102 millones de habitantes son pobres, señaló el politólogo José Antonio Crespo.
Según Transparencia Mexicana, en el país los hogares más pobres destinan hasta 29,5 por ciento de sus ingresos anuales al pago de sobornos de diverso tipo.
