El Congreso de Bolivia autorizó este jueves a la Corte Suprema de Justicia el inicio de un proceso de responsabilidad al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, casi un año después de su renuncia acosado por la llamada guerra del gas y la muerte de 67 manifestantes.
El clima de fuerte presión social, que incluye la marcha de 2.000 campesinos hacia La Paz y otras movilizaciones en recuerdo de la revuelta popular que culminó el 17 de octubre de 2003 con el cambio de gobierno, venció las resistencias de los partidos que formaron la alianza de apoyo a Sánchez de Lozada (2002-2003) y que aún mantienen su peso en el parlamento.
El debate para quitarle los fueros, llamados caso de corte”, que protegen de ser juzgados por la vía ordinaria a los presidentes y ministros incluso hasta después de dejar los respectivos cargos, ocupó esta vez 12 horas y se extendió hasta esta madrugada, mostrando en escena las estrategias políticas de dos frentes.
El Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales y cercano al presidente Carlos Mesa, intentó primero sin éxito obtener los dos tercios de votos necesarios para enjuiciar a Sánchez de Lozada y a los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, de Defensa, y Yerko Kukoch, de Gobierno, en apego a recomendaciones de la Comisión Mixta de Constitución que examinó el tema.
Pero el intento de postergar una decisión parlamentaria por parte del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), del ex mandatario, al trabar esa iniciativa del MAS con otra propuesta, se volvió finalmente en su contra.
La sugerencia dilatoria del MNR de ampliar el proceso judicial a los 15 integrantes del gabinete que acompañó a Sánchez de Lozada, entre los que se cuentan dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y de Nueva Fuerza Republicana (NFR) no amilanó a los representantes de estos dos últimos partidos.
Así, esa segunda moción logró el respaldo de 126 votos, frente a 13 en contra y un voto en blanco, lo cual terminó convirtiéndose en motivo de festejo para el MAS por permitir la posibilidad de llevar al banquillo de los acusados al influyente político y prominente empresario minero que ya había gobernado Bolivia de 1993 a 1997.
En tanto, a 100 kilómetros de La Paz, alrededor de 2.000 campesinos cultivadores de la tradicional hoja de coca y de otras variantes agrícolas, organizados por el MAS, reanudaron este jueves su marcha hacia la sede del gobierno nacional para llevar a cabo este viernes actos de protesta y de homenaje a los caídos en octubre de 2003.
A fines de septiembre y hasta el 17 de octubre del pasado año, movimientos sindicales y campesinos protagonizaron la denominada guerra del gas, que tuvo su epicentro en la empobrecida ciudad de El Alto, contigua a La Paz, en oposición a la anunciada venta de gas natural a Estados Unidos y México a través del septentrional puerto chileno de Patillos.
Bloqueos de carreteras y el corte del suministro de gasolina a La Paz llevaron al entonces presidente Sánchez de Lozada a movilizar al ejército, que reprimió a los manifestantes con el saldo en sólo una semana de 67 muertos y 300 heridos, según datos aportados por la Asociación de Víctimas de la Guerra del Gas de la ciudad de El Alto.
La reacción popular se tradujo en manifestaciones masivas que paralizaron por completo las actividades de las dos ciudades y presionaron a Sánchez de Lozada a dimitir y dejar el gobierno en manos del Congreso para pocas horas después huir del país.
El parlamento eligió el camino de la sucesión constitucional y designó en su reemplazo el 17 de octubre al entonces vicepresidente Carlos Mesa, quien había renunciado al cargo — aunque no había sido aceptada formalmente— unos días antes apenas comenzó la represión y se conocieron las primeras muertes.
Actualmente, Sánchez de Lozada vive en Estados Unidos y desde allí reclamó hace algunos días, mediante un mensaje televisado, un juicio justo. Su equipo de abogados reclama por lo que entienden incumplimiento de procedimientos legales como la notificación al principal inculpado y el derecho a su defensa en las diferentes fases del juicio.
La memoria colectiva de los trágicos acontecimientos del año pasado, volvió con mayor drama con la exhumación de cuerpos de las personas fallecidas, iniciadas el lunes y que aún continúan en un humilde cementerio de El Alto, con el propósito de verificar las causas de las muertes.
Familias pobres reclamaron justicia al retirar la tierra de las sepulturas de hombre, mujeres y niños, cuyos cuerpos fueron cubiertos con la bandera boliviana en un velorio al aire libre, a la espera de los exámenes forenses.
A la conclusión de la sesión parlamentaria y al abandonar el hemiciclo parlamentario, el presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Sacha Llorenty, dijo a IPS que la autorización parlamentaria es ”un paso adelante en la dirección correcta” y anticipó gestiones para demostrar la ”culpabilidad del ex presidente y sus ministros”.
”No dejaremos que estos hechos queden en la impunidad”, dijo a IPS, a su vez, el representante de las víctimas de octubre, Néstor Salinas.
El activista perdió a su hermano David durante los hechos de violencia de entonces y ahora aboga por los familiares de los fallecidos y los heridos en aquella represión, que en la noche del miércoles rodearon las instalaciones del Poder Legislativo a la espera de la resolución congresal.
El diputado del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), Germán Choquehuanca, pronosticó que el resultado de la votación es el final político del MNR, el partido que en 1952 protagonizó una revolución de carácter nacionalista y en 1985 cambió su orientación a favor de una economía de libre mercado.
En opinión del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, el juicio sólo podrá culminar con una sentencia contra el ex presidente si previamente son removidos los actuales miembros de la Corte Suprema de Justicia, elegidos durante los gobiernos de Sánchez de Lozada y de Hugo Banzer, el ex dictador de los años 70 que luego gobernó democráticamente de 1997 hasta su muerte en 2001.
Actualmente, el único ex dictador latinoamericano en una cárcel es el boliviano Luis García Meza, quien fue procesado en un juicio de responsabilidades junto a sus ex colaboradores.
Este ex general de ejército fue condenado en rebeldía a 30 años de presidio, sin derecho a indulto, y posteriormente capturado en Brasil y extraditado a Bolivia en 1994.
El ex ministro de Sánchez de Lozada, Hugo Carvajal, del MIR, tras conocer la decisión del Congreso se puso a disposición de la Corte Suprema de Justicia.
”La medida afecta a mi persona, pero prefiero que sea yo el afectado y no la democracia”, dijo al explicar que el final violento no era el esperado en su carrera política, pero la asumió con responsabilidad y disciplina partidaria.
