La psicosis reinante en Argentina por la creciente inseguridad urbana llevó al gobierno de la central provincia de Córdoba a adoptar una medida cuya legalidad es cuestionada, como es someter a examen de ADN a unos 12.000 policías y guardiacárceles con el pretexto de dar con un violador serial.
Este tipo de medidas se basa en el peligroso principio de que, para tener más seguridad, hay que avanzar sobre los derechos de los ciudadanos, señaló a IPS el abogado Gustavo Palmieri, experto en violencia institucional de la organización humanitaria Centro de Estudios Legales y Sociales.
Se pretende que es un avance en materia de seguridad cuando en verdad se trata de ocultar la incapacidad del Estado para desarmar redes autoritarias con complicidades en el delito y con un poder cada vez más concentrado, añadió Palmieri, en alusión a la corrupción policial.
Diferentes encuestas indican que la principal preocupación de los consultados es la inseguridad, que se expresa en una ola de secuestros con fines de extorsión sin precedentes en Argentina, robos violentos y delitos sexuales. Ante esa preocupación, hay propuestas que avanzan sobre algunos derechos básicos de las personas.
En los últimos meses los medios de comunicación se nutrieron de intensos debates respecto de planteos de aumentar las penas para los autores de delitos graves, bajar la edad de imputabilidad de los 18 años actuales y hasta elevar a la categoría de delito a contravenciones municipales como las vinculadas a la prostitución o a la venta callejera.
La medida de someter a análisis genético a todos los varones de la policía y del servicio penitenciario de la provincia de Córdoba fue tomada este mes por su gobernador, José Manuel de la Sota, del Partido Justicialista (peronista) al igual que el presidente Néstor Kirchner. En esta provincia viven casi un millón de los 37 millones de argentinos.
La extracción compulsiva de sangre comenzó con el análisis de ADN (ácido desoxirribonucleico) al jefe de policía, Jorge Rodríguez, quien se ofreció voluntariamente a inaugurar esa prueba que demorará varios meses debido a la falta de infraestructura para realizarla de forma masiva.
De la Sota pretendió responder así a la preocupación de una mujer violada en la ciudad de Córdoba, capital provincial, quien brindó un dramático testimonio anónimo en la red mundial de computadoras recomendando a otras mujeres sobre cómo enfrentar a su agresor, quien al parecer ya había atacado a otras 37 mujeres en los últimos dos años.
Según los análisis realizados en los restos de semen encontrados en la mitad de las víctimas, se trataría de la misma persona que ataca y somete sexualmente a mujeres de entre 15 y 25 años en una misma zona central de la ciudad, cercana al barrio de la Universidad Nacional de Córdoba, donde viven muchos estudiantes.
Algunas de las mujeres que denunciaron al agresor coincidieron en señalar que el hombre las había hecho colocar con los brazos contra la pared y las obligaba a separar las piernas para palparlas de armas, práctica habitual de operativos policiales que, sumados al temperamento del atacante, hacen sospechar que podría tratarse de un efectivo de esa fuerza de seguridad.
Hasta la difusión del testimonio de la mujer que se identificó como el nombre falso de Ana, el gobierno no había tomado ninguna medida efectiva contra el violador. Pero a partir de la publicación de su carta en el diario Clarín, de Buenos Aires, el gobierno provincial puso en marcha un plan resonante.
En primer lugar dispuso una recompensa de 50.000 pesos, equivalentes a unos 17.000 dólares, para quien brindara datos ciertos del agresor. Convocó a agentes federales para un sofisticado identikit y ordenó a todos los miembros de la policía provincial y del servicio penitenciario que se les practicaran exámenes de ADN.
Si un tipo al que le pagamos para que nos cuide anda violando señoras y señoritas por la calle, deberíamos darle prisión perpetua, por eso, para terminar con las dudas, ¿qué mejor que hacerles un ADN a todos los policías? El que se niegue será medio sospechosoà, dedujo al justificar la medida el propio De la Sota, quien pese a ser del mismo partido que Kirchner se encuentra en los antípodas ideológicos.
El ministro de Seguridad de Córdoba, Carlos Alessandri, consideró que la policía es una fuerza vertical que debe responder a órdenes superiores y anticipó que al que no le guste deberá buscarse otro trabajo.
La medida desató la polémica entre abogados, organizaciones humanitarias, académicos y juristas, y causó malestar en las filas policiales. En los días siguientes, estudios de abogados vinculados a la policía se colmaron de pedidos de asesoramiento para presentar recursos de amparo.
El problema es que se apela a un método de investigación compulsivo que entra en conflicto con la intimidad de las personas cuando lo que falla aquí es la capacidad del Estado para prevenir delitos y combatirlos, opinó Palmieri.
La misma reacción contraria tuvieron otros letrados de Córdoba, como Hugo Luna, quien recibió tantas consultas que resolvió elaborar un modelo de recurso de amparo para que los policías presenten. En ningún artículo de la ley orgánica provincial se obliga al cumplimiento de una orden arbitraria, dijo.
Luna, al igual que el penalista Carlos Hairabedián, sostuvo que el análisis solo puede ordenarlo un funcionario judicial en el marco de un proceso de investigación penal. Esta es una medida ilegal y demagógica, un disparate al que se llega cuando se quieren obtener resultados rápidos.
En tanto, De la Sota suscribió un convenio con el estadounidense Instituto Manhattan, de Estados Unidos, y la Fundación Axel Blumberg, dirigida por el empresario textil Juan Carlos Blumberg, padre del joven asesinado este año a mano de sus secuestradores.
El Instituto Manhattan es un centro de investigaciones en seguridad de orientación derechista que asesora a dirigentes políticos sobre medidas para combatir el delito, comenzando por la eliminación de las calles de limpiaparabrisas y prostitutas, según explicó su director ejecutivo, Carlos Medina.
Para Estados Unidos, el problema de la seguridad en América Latina, y por ende en Argentina, es una preocupación seria, explicó al rotativo Pagina 12 de Buenos Aires Gerardo Ingaramo, asesor de Blumberg y gestor de la idea de un convenio con las autoridades de Córdoba.
Hay que generar un prisma virtuoso y dinámico que premie las zonas más seguras del país para que allí vayan las inversiones. El gobernador De la Sota advirtió esto, y por eso vamos a trabajar juntos, confirmó Ingaramo.
