Actos de corrupción probados o en investigación desde inicios de los años 90 ponen contra la pared, como nunca antes, a un nutrido grupo de ex presidentes y a dos aún en funciones en América Latina, una región con graves problemas de este tipo según el estudio divulgado este miércoles por Transparencia Internacional (TI).
En ese grupo de políticos involucrados en casos de corrupción, que viene engrosándose desde comienzos de los años 90, se cuenta una veintena de hombres que pasaron por el gobierno, salvo dos que todavía ocupan sus cargos.
Entre ellos hay quienes estuvieron en la cárcel, otros que están detrás de rejas, también bajo proceso pero en libertad y hasta sospechosos y que podrían ser enjuiciados.
En la lista sobre percepción de la corrupción de Transparencia Internacional (TI), donde los países se clasifican en una puntuación que va del cero (alta corrupción) al 10 (alto nivel de honradez), los países más sanos en América Latina son Chile, con 7,5 puntos de calificación, y Uruguay, con 6,2.
El resto de naciones de la región exhibe calificaciones de 4,9 para abajo, siendo el peor del mundo Haití con 1,5 de nota.
Las lista que cada año difunde TI, organización no gubernamental con sede en Alemania, se obtiene en base a encuestas entre empresarios, analistas y estudiantes.
América Latina está marcada por la corrupción, pero hay señales que indican que su combate tiene algún éxito, dijo a IPS el mexicano Arturo del Castillo, director de CIE Consulting & Research, un centro de investigación y consultoría especializado en temas relacionados a la lucha contra este mal político.
Para el experto, la ola de imputaciones contra gobiernos y ex presidentes es una prueba de esos avances. Del Castillo sostuvo que en ningún período de la historia de América Latina hubo tantos ex gobernantes acusados, como la que se registra desde comienzos de los años 90.
El grupo de acusados comenzó a crecer de modo importante desde 1992, cuando el entonces presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, terminó abruptamente su mandato por un escándalo de corrupción y en medio de movilizaciones populares, explicó el director de CIE Consulting & Research.
En la primera fila de los acusados, aparece hoy el presidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, a quien la Contraloría General de su país pide destituir por resistirse a informar sobre el origen de cuentas bancarias millonarias que habría utilizado en su campaña electoral en 2001, lo cual dibujaría la figura de un delito electoral.
Bolaños sucedió en la presidencia a Arnoldo Alemán (1997-2002), quien fue condenado en primera instancia a fines de 2003 a 20 años de prisión por lavado de dinero.
Un problema similar al de Bolaños afronta su par de Costa Rica, Abel Pacheco, quien es centro de una pesquisa desde 2003, también por la financiación supuestamente irregular de su campaña política.
En la última lista de TI, Costa Rica recibió la calificación de 4,9 y Nicaragua apenas 2,7.
El antecesor de Pacheco, Miguel Angel Rodríguez (1998-2002), quien asumió la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 15 de septiembre y debió renunciar a ese cargo menos de un mes después, afronta la acusación de haber recibido comisiones ilegales durante su mandato presidencial en negocios de telecomunicaciones a cargo de la firma francesa Alcatel.
Ese efímero secretario general de la OEA regresó a su país y fue inmediatamente detenido y esposado. También en Costa Rica tiene un caso pendiente el ex presidente Rafael Calderón (1990-1994), quien no puede abandonar su país hasta que no concluya la investigación de su presunta participación en un caso de corrupción con recursos del Seguro Social.
En el caso de Bolaños en Nicaragua, la OEA decidió intervenir, para lo cual envió esta semana una misión especial para tratar de evitar una crisis institucional en ese país centroamericano, pues la oposición, que es mayoría en el Congreso legislativo, tienen el poder y la facultad para destituirlo.
”Para los opositores políticos siempre es muy tentador enarbolar el ataque a la corrupción. Es importante tomar este asunto con mucho cuidado, pues la idea del combate contra los corruptos no es llegar al extremo de poner en crisis constantes a las instituciones, esto no ayuda a nadie”, opinó Del Castillo.
El experto no quiso señalar cuáles de los casos estarían inspirados en revanchas políticas, pues arguyó ”que ese es un terreno movedizo”.
A su entender, el origen de las acusaciones contra gobernantes o contra quienes ejercieron el poder esta ligado a la existencia de una mayor conciencia ciudadana respecto del mal social que arrastra la corrupción, también a la aprobación de leyes y acuerdos internacionales al respecto y al papel fiscalizador que asumieron muchos medios de comunicación.
Según el índice de TI, el problema de la corrupción en América Latina es importante. En Argentina, país calificado por TI con 2,5 puntos en esta escala de 0 a 10 de mayor a menos corrupto, el ex presidente Carlos Menem (1989-1999) está procesado por varios cargos, entre ellos por su posible responsabilidad en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
Menem, quien ya estuvo detenido por varias semanas en Argentina, vive ahora en Chile y pesa sobre él un pedido de captura internacional por negarse a declarar en varias de las causas en las que se lo investiga.
Es de destacar que una encuesta de KPMG, realizada entre 1.000 empresarios, rectores universitarios, líderes de la sociedad civil y funcionarios de los tres poderes del Estado, concluye que los niveles de corrupción en Argentina son los más bajos de los últimos 20 años.
Otro a punto de ser requerido por la justicia es el ex presidente derechista de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció en octubre de 2003 obligado por la revuelta popular en oposición a la venta de gas natural a América del Norte en condiciones consideradas malas para el país, y tras ordenar la represión que dejó 67 muertos. Ese país, recibió 2,2 puntos en la lista de TI.
El 14 de este mes, el parlamento autorizó a la Corte Suprema de Justicia iniciar un proceso de responsabilidad contra el ex mandatario, quien huyó y vive todavía en Estados Unidos .
La investigación por la gestión de Collor de Mello, en Brasil, país con 3,9 puntos de calificación en el índice de corrupción divulgado este miércoles, es considerada el punto de partida de estos estudios que dan cuenta de la actual ola de acusaciones de corrupción contra mandatarios y ex mandatarios.
En Chile, el país con menor indicador de corrupción en América Latina según TI, es sobre el ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) que llueven cargos por enriquecimiento ilícito, además de las imputaciones por delitos contra la humanidad. Se lo investiga por ocho millones de dólares guardados en secreto en bancos estadounidenses y de cuyo origen se tienen serias sospechas.
Otro caso es el de Ecuador, donde más ex presidentes enfrentan procesos por irregularidades en el total de la región. Abdalá Bucaram, quien fue destituido en 1997 por el Congreso por ”incapacidad mental” en medio de protestas sociales, vive en Panamá, sin que hayan finalizado aún los procesos por corrupción y despilfarro de dineros públicos iniciados en su contra.
Ecuador tiene 2,4 puntos en el índice de TI. Allí también se investiga a Fabián Alarcón, el sucesor interino (1997-1998) de Bucaram y quien estuvo seis meses detenido por la contratación irregular de funcionarios. Luego vino la gestión de Jamil Mahuad (1998-2000), que fue derrocado en medio de movilizaciones sociales, en particular de indígenas.
Mahuad, luego de ser reemplazado por su vicepresidente, Gustavo Noboa (2000-2003), pasó a residir en Estados Unidos desde donde enfrenta un proceso judicial por abuso de funciones.
También Noboa salió abruptamente del país luego de ser acusado de corrupción en el manejo de fondos públicos y hoy vive en República Dominicana con el rango de exiliado político.
La lista de ex mandatarios en aprietos se alarga con Alfonso Portillo (2000-2004), de Guatemala, que TI califica con 2,2.
Portillo se instaló en México luego de haber sido acusado por la supuesta apertura de varias cuentas bancarias con recursos públicos y de otros cargos. Los fiscales informaron que se preparan para pedir la extradición de Portillo.
En el Caribe, el ex presidente de Haití Jean Bertrand Aristide, cuyo mandato fue interrumpido en febrero en medio de movilizaciones violentas en su contra y la intervención de Estados Unidos, es señalado por grupos humanitarios y opositores de corrupción y de ejercer la violencia política.
Haití, con 1,5 puntos en grados de honestidad, comparte con Bangladesh el puesto 145, el último de la lista confeccionada por TI.
En Paraguay, que según TI es el más corrupto de América Latina con 1,9 puntos de calificación, Juan Carlos Wasmosy, quien gobernó entre 1993 y 1998, fue condenado en primera instancia en abril 2002 a cuatro años de prisión por cometer varias irregularidades, aunque un tribunal de apelaciones lo absolvió en septiembre.
Su sucesor hasta 1999, Raúl Cubas, fue denunciado también por el uso ilegal de fondos públicos luego de que renunciara al cargo en medio de una revuelta social tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña y de siete jóvenes manifestantes en marzo de 1999.
Cubas huyó a Brasil y regresó en 2002 a Paraguay, donde es procesado en libertad en diversas causas por su gestión al frente del gobierno. El siguiente presidente paraguayo hasta 2003, Luis González Macchi, fue a su vez acusado y está en proceso por el desvío al parecer irregular de 16 millones de dólares de liquidaciones bancarias. Cierran la lista Perú, calificado por TI con 3,5 puntos, y Venezuela, con 2,3.
El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), enfrenta desde su residencia en Japón, donde vive desde que renunció vía fax a su tercer mandato consecutivo, un pedido de extradición por acusaciones vinculadas a delitos contra la humanidad y al hurto de dinero públicos.
Carlos Andrés Pérez, gobernante venezolano de 1974 a 1979 y de 1989 a 1993, fue sentenciado por apropiación de dineros públicos a pena de prisión domiciliaria.
El director de CIE Consulting & Research sostiene que esta larga lista de ex mandatarios acusados indica que la corrupción ya no es un asunto que pueda esconderse fácilmente en América Latina.
Empero, advirtió que aún a la justicia de la región le falta madurar para borrar la sospecha de que detrás de algunos de los procesos por corrupción, hay revanchismos políticos más que pruebas.
