El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la mayor central empresarial, Fedecámaras, volvieron a chocar este miércoles y desnudaron las profundas heridas que se han causado y bloquean sus reclamos formales de diálogo.
Chávez se impuso el 15 de agosto en un referendo sobre su mandato, con seis millones de votos contra los cuatro millones que alcanzó, en su intento por revocarlo, la coalición opositora Coordinadora Democrática, de la cual Fedecámaras es parte básica, al punto de que su presidenta, Albis Muñoz, integró el comando de campaña opositor.
Apenas ganó, Chávez llamó al diálogo a quienes reconociesen su triunfo, pero Muñoz y otros dirigentes empresariales reivindicaron las denuncias de fraude que se propone sustanciar la Coordinadora.
Esta semana, 90 de las 230 cámaras nacionales y regionales que integran la central patronal discutieron los términos del diálogo que asumirían con el gobierno, mientras Chávez lanzaba una ofensiva para profundizar la revolución bolivariana, comenzando por consolidar programas de crédito, alimentación y construcción de viviendas.
El presidente ordenó un inventario de tierras ociosas para construir viviendas pero, sobre todo, para la producción agrícola, lo que interpretaron los empresarios del campo como una nueva ofensiva contra grandes propiedades rurales como la que en 2001 llevó a la oposición a organizar huelgas y marchas que detonaron un breve golpe de Estado.
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Un manifiesto de Fedecámaras recogió este miércoles una especie de memorial de agravios sobre el conflicto que había aceptado zanjar con el referendo de agosto, y afirmó que el resultado de esa consulta popular ha generado duda sobre su transparencia y veracidad, que embarga a la sociedad venezolana y anula la confianza de los electores hacia todo comicio venidero.
El gobierno promulgó leyes que violan normas constitucionales y pretende imponer otras que coartan la libertad de expresión y propician el desconocimiento de la propiedad privada, según Fedecámaras.
La patronal acordó atender el llamado del gobierno para establecer conversaciones sobre la economía nacional, dijo Muñoz, pero reivindicó el papel protagónico de la empresa privada, con inversión productiva y la generación de empleo digno, en el marco de una economía de mercado.
Fedecámaras también exigió que se practique el tripartismo (acuerdo entre Estado, empresas y sindicatos) para la creación, discusión y aprobación de leyes laborales, sociales, educativas y económicas.
La respuesta gubernamental no se hizo esperar y el ministro de Información, Jesse Chacón, dijo que el manifiesto de Fedecámaras no constituye una respuesta adecuada al clima de diálogo deseado por el gobierno y los empresarios, y que fue redactado por el sector más extremista de la organización empresarial.
Si Fedecámaras quiere seguir siendo parte de la Coordinadora de oposición y actuar como un partido político, es su problema, pero no se puede ser empresario y político al mismo tiempo, agregó.
Cuatro millones de electores favorecieron a la oposición, subrayó el ministro, pero una mayoría de seis millones, para la que pedimos respeto, nos dijo que apoyaban el camino que hemos seguido y ése es el mandato que vamos a respetar, como en toda democracia: el mandato de la mayoría.
Chacón rechazó los reclamos de respeto a la legalidad hechos por la central patronal que olvidó decir en su comunicado que participaron en el golpe de Estado (efímero de abril de 2002), al punto de que su entonces presidente, Pedro Carmona, presidió el gobierno de facto que disolvió todos los poderes públicos por dos días.
Agregó que las demandas de libertad de expresión que hace la central patronal rayan en lo ridículo ante un mundo que no sólo ve cómo esa libertad se practica en Venezuela, sino cómo se abusó manipulando la información durante el golpe, el paro petrolero (de diciembre de 2002 y enero de 2003) y aun durante el referendo.
No le imponemos condiciones a Fedecámaras, pero no se las aceptaremos para el diálogo. Les llamamos a que dejen la política y se dediquen a crear riqueza. Mientras tanto, seguiremos el diálogo con otras organizaciones empresariales y avanzaremos en la concertación, sector por sector, concluyó el ministro.
El diálogo gobierno-empresarios ha sido aceptado e iniciado por otras cámaras, como la Asociación Bancaria, la Cámara de la Construcción, la de Hidrocarburos, la Asociación Pro-Venezuela, varios gremios rurales y la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, que agrupa a los principales inversionistas estadounidenses.
Llamamos a deponer conductas irreflexivas. No hay razón valedera para pretender deslegitimar la voluntad de seis millones de venezolanos, dijo Ramón Espinoza, presidente de Pro-Venezuela, una asociación de empresarios nacionalistas.
Creemos que ha llegado el momento de pasar la página del referendo e iniciar un diálogo constructivo para repotenciar el aparato productivo del país, comentó a IPS Pedro Palma, ejecutivo de la Cámara Venezolano-Americana.
En cambio, Lope Mendoza, presidente del gremio de industriales, deploró la respuesta de Chacón.
Teníamos la esperanza de establecer un diálogo con el alto gobierno. Continuaremos labores y contactos con los niveles medios y técnicos en los ministerios y otros organismos públicos, que nunca llegamos a abandonar, apuntó.
Esperemos que la racionalidad prive. Si el gobierno se cierra al diálogo todos perderemos, señaló Ricardo Baquero, uno de los vicepresidentes de Fedecámaras.
Del lado sindical, líderes de la mayoritaria Confederación de Trabajadores de Venezuela, también opositora, han condicionado el diálogo a que el gobierno les reconozca oficialmente, a lo que el Ejecutivo se rehúsa desde 2001, con el argumento de que hubo inconsistencias en el proceso que ese año eligió a la directiva de esa central sindical.