Tras un juicio de casi tres años, el Tribunal Oral Federal de Argentina absolvió este jueves a los 22 acusados de integrar la llamada conexión local para el atentado perpetrado en 1994 contra la AMIA, el más cruento en la historia del país, y puso en el banquillo a la investigación que le precedió.
Los jueces, en un polémico fallo, dejaron en libertad a los cinco principales imputados de participar en el brutal ataque a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en el que murieron 86 personas, y en cambio ordenó abrir procesos penales contra jueces, fiscales, funcionarios, legisladores y dirigentes de entonces de la comunidad judía.
La investigación de 10 años de duración se desmoronó como el edificio de la mutual cuando el tribunal ordenó la libertad del mecánico Carlos Telleldín, acusado de preparar la camioneta usada como coche-bomba, y a los ex policías Juan José Ribelli, Raúl Ibarra, Mario Bareiro y Anastasio Leal, señalados como mediadores entre el primero y los autores materiales del ataque.
La sentencia causó estupor e indignación entre familiares y abogados de las víctimas, aunque muchos de ellos ya habían manifestado su temor a un fallo como el que finalmente se conoció. Las desilusiones en este proceso fueron llegando una tras otra para los familiares, desde el ataque mismo ocurrido hace una década.
La abogada de la AMIA, Marta Nercellas, explicó a IPS que, a pesar de todos los vicios de la pesquisa, no sólo estaba probado que Telleldín preparó la camioneta sino que hubo una gran cantidad de evidencias que involucraban a Ribelli, y sobre las cuales este ex comisario de policía se abstuvo de dar explicaciones.
"Nunca pudo justificar el incremento de su patrimonio en 2,5 millones de dólares desde el día siguiente de recibir el vehículo de manos de Telleldín, según se demostró con el acta de la escribanía", recordó Nercellas. "Argumentaba que era dinero de una herencia y se negó a darnos más explicaciones", agregó.
Ribelli tampoco aclaró nunca por qué aportó al juicio gran cantidad de testigos que luego se comprobó que eran falsos ni explicó por qué razones siempre estaba cerca de los lugares claves en relación al atentado y sobre todo a la pesquisa que se realizó con posterioridad.
"Para nosotros hoy es un día de duelo por la muerte de la justicia", declaró Sofía Guterman, madre de Andrea Guterman, una joven muerta en el atentado.
"Nos sentimos muy desanimados y responsabilizamos por esto al Estado que no investigó como debió investigar", añadió.
Para Guterman, el tribunal oral consideró que no se podía demostrar la participación de los acusados por las irregularidades que se cometieron en la pesquisa durante la etapa de instrucción, conducida por el juez federal Juan José Galeano, uno de los que ahora estará entre los investigados.
Laura Ginsberg, quien perdió a su esposo en el atentado a la AMIA, se manifestó indignada por la resolución. ?Sabíamos que este era un juicio fraudulento porque se construyó sobre una instrucción ilegal, y lo dijimos antes que comenzara el proceso hace tres años y nadie nos escuchó?, protestó la mujer.
Los familiares y los abogados sostienen que los acusados tenían responsabilidad en el atentado, pero admiten también que las gravísimas irregularidades cometidas en la investigación previa, que ellos fueron denunciando una a una, impiden ahora una condena.
El quiebre más grande de la investigación ocurrió cuando se comprobó que Galeano había pagado 400.000 dólares a Telleldín para que acusara a los cuatro ex policías. Más allá de la posible veracidad de su versión, el testimonio del mecánico quedó invalidado por el delito de extorsión cometido por el juez, que fue separado de la causa por ello.
En setiembre de 2003, agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) admitieron en el juicio que ese organismo que depende directamente de la presidencia del país había aportado el dinero que el juez entregó a Telleldín en dos cuotas, tal como confirmó el propio mecánico y su esposa encargada de cobrar el monto señalado.
Pero además de la extorsión, el juez Galeano está acusado de no preservar pruebas y de destruir otras. También es investigado por el Consejo de la Magistratura y por la Justicia Federal por su desempeño en el cargo. Ahora también se pidió se investigue a los fiscales que lo acompañaron y a otros funcionarios judiciales.
El tribunal oral pidió, por otra parte, que se investigue a Norberto Oyarbide y Gabriel Cavallo, otros dos jueces involucrados en la instrucción de esta causa, a Carlos Ruckauf y Carlos Corach, quienes fueron ministros de Interior del gobierno de Carlos Menem (1989-1999), a Hugo Anzorregui, jefe de la SIDE de la época, y al ex secretario de Seguridad Andrés Antonietti.
Del mismo modo, identificaron al menos a siete legisladores sobre los que se pidió que se les haga un seguimiento para verificar si incurrieron en el delito de falso testimonio. Todos pertenecieron entonces a la Comisión de Seguimiento de la Investigación sobre los Atentados.
Los jueces, que darán a conocer los fundamentos del veredicto en dos meses, sugirieron que hubo una intención de encubrimiento por parte del gobierno de Menem, que alcanzó incluso al entonces dirigente de la comunidad judía Rubén Beraja sobre quien también ordenaron una investigación penal.
El tribunal optó por anular todas las pruebas presentadas contra los acusados de integrar la conexión local del ataque. En paralelo, la justicia federal investiga la conexión internacional por la que se pidió la captura de 10 diplomáticos iraníes sospechosos de coordinar el ataque.
Se sostiene para ello que el ataque fue perpetrado por el grupo libanés Hezbollah (Partido de Dios) con apoyo financiero iraní.
Ahora, la investigación deberá seguir para dar con los autores materiales, deberá volver sobre los absueltos ?en caso de que la querella acuda a una nueva instancia judicial tal como anticipó Nercellas a IPS— y deberá poner en el banquillo a los investigadores de este proceso plagado de vicios.
