«Chávez, acuérdate que tú también fuiste un preso, rezaba un cartel llevado por Ana Martínez a una marcha de familiares de detenidos en la capital venezolana en reclamo de atención a la grave situación de las cárceles, donde este año murieron 225 personas, la mayoría a manos de compañeros de infortunio.
La leyenda aludía a la prisión que el hoy presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cumplió de 1992 a 1994 en el caluroso penal de Yare, próximos aunque aislados de centenares de presos comunes, luego del cruento y fallido alzamiento militar que lideró cuando era teniente coronel del ejército.
El recordatorio de los parientes fue un dardo contra el olvido el 23 de este mes, día de la Virgen de las Mercedes, patrona de los presos en el culto católico, apenas tres días después que seis reclusos murieron, algunos decapitados, y 35 resultaron heridos al cabo de una riña colectiva y motín en Uribana, una cárcel del centro-oeste del país.
"Lo que los presos necesitan no es represión, sino que los atiendan con oportunidades de trabajo, de estudio o de deporte, que no los exploten las mafias dentro de la cárcel y que no los castiguen con traslados, porque eso es sembrar más muerte, dijo a IPS Martínez, madre de un detenido en la cárcel caraqueña La Planta.
En Venezuela hay 32 establecimientos penales con capacidad para 16.000 presos, pero albergan a 19.984, según estadísticas oficiales, 47 por ciento de los cuales tienen sentencia firme mientras los demás aún aguardan la decisión final de la justicia. Los extranjeros, de 56 nacionalidades, suman 1.548.
Organizaciones no gubernamentales indican que, en lo que va del año, han muerto 225 presos, la mayoría en homicidios atribuidos a sus compañeros de celdas. En 2002, último año con estadísticas completas, se registraron 317 muertes en las cárceles, y 250 en el primer semestre de 2003, según la el grupo humanitario Provea.
"Los motines, huelgas de hambre y de sangre (cortaduras en brazos y tórax), reyertas, la acción de mafias internas y aún las torturas a manos de carceleros constituyen los factores que cobran más vidas en las prisiones, unas mientras cumplen condena y otras mientras esperan justicia, declaró a IPS Humberto Prado, del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones.
Pero no se piense que el olvido es monopolio de las autoridades. Apenas pasó la estela del último motín, desatado tras un enfrentamiento con armas blancas y de fuego entre reclusos considerados de media y alta peligrosidad, también la prensa, radio y televisión regresaron sus objetivos a la confrontación política que consume a este país desde hace varios años.
"El problema de las cárceles es estructural y nuestra esperanza es conseguir resultados en el mediano plazo, dijo bajo el asedio de los micrófonos el nuevo ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, otro ex preso, por haber sido lugarteniente de Chávez en el golpe frustrado.
"Dificulto que haya un juez que sepa cuál de esos seis venezolanos que murieron en Uribana era juzgado en su tribunal, sostuvo Chacón, tras lo cual anunció la realización de reuniones entre las autoridades implicadas en el tema de justicia para analizar el retardo procesal.
El ministro añadió que orientará su gestión a la construcción de nuevas cárceles, en reemplazo de las ya obsoletas, así como a disminuir el atraso procesal, humanizar la acción de la militarizada Guardia Nacional, que cuida el perímetro de las cárceles aunque también interviene en casos de motines, y mejorar la selección y empleo del personal de custodia. Al respecto, Carlos Nieto, de la organización humanitaria Una Ventana a la Libertad, comentó a IPS que "es inadmisible que una cárcel como La Planta, con 1.100 detenidos, tenga apenes siete u ocho vigilantes, y que en los seis años que Chávez lleva en el poder la Dirección de Prisiones del Ministerio del Interior haya cambiado de mano 12 veces.
El tema de la inseguridad "es duro", apuntó. "La semana en que la prensa fijaba su atención en el motín de Uribana morían tres presos en El Dorado, en el sudeste del país, dos en El Rodeo y uno en Tocorón, ambos ubicados en el centro, y en la sudoccidental ciudad de Mérida fue abatida de un balazo una mujer cuando acudió a ver a su pariente preso en la cárcel del lugar, recordó.
Para Prado, la violencia, el ocio y el hacinamiento son problemas de las cárceles, "pero también factores como la alimentación y salud. El presupuesto para alimentar un preso es de menos de 60 centavos de dólar por día, y aún así lo escamotean las mafias", aseguró.
También indicó que "hay 35 detenidos con VIH/sida (virus de inmunodeficiencia humana, causante del virus de inmunodeficiencia adquirida) que no disponen de atención adecuada.
Los capellanes católicos de las cárceles han insistido en sus documentos en que "el olvido institucional respecto de la situación de las prisiones alimenta la radicalización de las situaciones conflictivas y violentas.
El estado de las cárceles en la década del 90 fue el mayor lunar para los derechos humanos en Venezuela, solapado en medio de la crisis política que absorbió al país después que Chávez llegó al poder en 1999 e impulsó un proceso de cambios políticos y sociales que denominó "revolución bolivariana.
El 27 de noviembre de 1992, mientras se desarrollaba la segunda sublevación militar contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993), decenas de presos fueron masacrados por los gendarmes en el Retén de Catia, una cárcel en el oeste de Caracas. Cuando visitó Venezuela por segunda vez en 1996, el papa Juan Pablo II se detuvo a las puertas de ese penal y lo bendijo, un gesto presentado por la prensa como la comparecencia del líder de la Iglesia Católica a las puertas del infierno. Catia fue demolido al año siguiente por órdenes del entonces presidente Rafael Caldera (1994-1999).
En 1994, en la cárcel de Maracaibo, al oeste del país, un incendio y motín causó la muerte de 100 detenidos, en su mayoría de la etnia indígena wayúu, y en octubre de 1996 unos policías desataron un incendio en una celda de La Planta donde purgaban castigo 25 detenidos, quienes perecieron carbonizados.
Un nuevo código procesal penal permitió liberar a miles de procesados sin sentencia desde 1999, aunque la medida impactó en los índices de criminalidad, según expertos policiales y abogados penalistas.
