La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, está preparando nuevos casos para procesar el próximo año, pero todavía no sabe si podrá contar con los fondos necesarios para funcionar.
La Asamblea de Estados Parte, integrada por los países que firmaron el Estatuto de Roma, que constituyó la Corte, propuso un presupuesto de 84 millones de dólares para el año próximo. Organizaciones de la sociedad civil consideran que es muy poco.
El presupuesto que se apruebe definitivamente en la Asamblea, que sesionará hasta este viernes, determinará qué actividades podrá realizar la CPI en 2005.
El tribunal tiene jurisdicción en 94 países, con Estados Unidos como gran excepción. En este cuerpo se presentan casos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad en que los gobiernos respectivos no pueden o no quieren actuar.
La CPI analiza actualmente dos casos, sobre la guerra civil en la República Democrática del Congo (RDC) y en Uganda.
La Corte sólo puede procesar a sospechosos de perpetrar crímenes de guerra cometidos luego del 1 de julio de 2002, fecha en que las partes firmaron el Estatuto, y sólo si el acusado es un ciudadano de un país firmante o si el delito se cometió en una de esas naciones.
El tribunal tiene su sede en La Haya, Holanda, y ese podría ser su principal debilidad, sostuvo William Pace, de la Coalición para la CPI, red de organizaciones no gubernamentales que apoya el funcionamiento de la Corte.
Podría estar demasiado centralizada en La Haya, con muy poca comunicación con los pueblos donde se cometen los crímenes, dijo Pace a IPS en entrevista telefónica.
Pace afirmó que el presupuesto que se debate esta semana en la Asamblea es vital para saber el alcance que tendrá la CPI en el futuro.
El presupuesto es como un borrador de lo que la Corte quiere hacer y cómo quiere funcionar. Para nosotros, este presupuesto tiene serias deficiencias porque creemos que repite los errores de los tribunales 'ad hoc' (especiales) del pasado, señaló.
El activista se refería a los tribunales internacionales creados por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los crímenes cometidos en la ex Yugoslavia y en Ruanda
El proceso contra el ex presidente yugoslavo Slobodan Milosevic (1990-2000) se vio empantanado este año debido, entre otras cosas, a las dificultades para convocar a los testigos.
Hay 66 cargos contra Milosevic, relacionados con atrocidades cometidas en 1999 en la meridional provincia serbia de Kosovo, y en 1991 y 1992 en la actual Croacia, así como un cargo de genocidio en la actual Bosnia-Herzegovina en el período 1992-1993, con musulmanes y croatas como víctimas.
La CPI concluyó que no tiene dinero suficiente para realizar juicios como el que se intenta contra Milosevic, y prefiere optar por procesos sobre casos más específicos, reduciendo los costos, el tiempo y el número de testigos.
La no gubernamental Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en París, dijo dudar de la capacidad de la CPI para velar por el respeto a los derechos humanos.
Las dificultades económicas de la Corte le harán muy difícil proteger a las víctimas, señaló en un comunicado.
Organizaciones de derechos humanos afirman que para que la CPI cumpla con sus objetivos se necesita un compromiso de los países que la apoyan.
La CPI comienza a alcanzar a las víctimas y a los testigos. Ahora esperamos que esos países pongan dinero en la mesa para que esto siga funcionando, dijo el director del programa de Justicia Internacional de la organización Human Rights Watch, Richard Dicker.
No se trata de darle a la Corte un cheque en blanco, sino de garantizar que tenga el respaldo financiero y político necesario para esta fase crítica de su trabajo, añadió.
El presupuesto de 84 millones de dólares sugerido para el año próximo es superior en 10 millones al de 2004. Se prevé que los costos en 2005 serán mucho mayores.
El fiscal general de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, expresó preocupación de que la falta de recursos impida una serie de investigaciones que tiene previsto iniciar en 2005.
No podré anunciar la apertura de una nueva investigación sin estar seguro antes de que contamos con los recursos suficientes, dijo Moreno Ocampo al inicio de la Asamblea de Estados Parte.
En la reunión iniciada el lunes participaron representantes de 80 de los 94 países que ratificaron el Estatuto de Roma. Autoridades de otros 40 naciones participan del encuentro como observadores, pero entre ellos tampoco está Estados Unidos.
Washington firmó el Estatuto de Roma el 31 de diciembre de 2000, pero su adhesión no duró mucho tiempo.
El gobierno de George W. Bush envió en mayo del año pasado una carta a los funcionarios de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) a cargo de organizar el tribunal: Informamos que Estados Unidos no pretende convertirse en parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional adoptado el 17 de julio de 1998.
Representantes de Washington argumentaron que participar en la Corte dejaría a militares estadounidenses en el extranjero expuestos a acusaciones por motivaciones políticas, lo cual socavaría la guerra internacional declarada por el gobierno de Bush contra el terrorismo.
Los cuatro países más poblados del mundo (China, con 1.300 millones, India, con 1.060, Estados Unidos, con 290, e Indonesia, con 217), así como Pakistán, Corea de Norte, Iraq e Israel, y la mayoría de las naciones bajo regímenes militares, optaron por quedar fuera de la jurisdicción del tribunal.
