Ministros, senadores, un ex alcalde de Sao Paulo, un ex presidente del Banco Central e importantes empresarios son objeto en Brasil de una investigación parlamentaria por corrupción. Los impuestos supuestamente adeudados por los acusados alcanzarían para reconstruir la infraestructura de transportes y energía del país.
La posibilidad de involucrar a políticos y empresarios importantes en varios delitos hace de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) una bomba que puede estallar en cualquier momento.
El objetivo de su investigación es la remesa supuestamente ilegal de divisas al exterior entre 1998 y 2002, que se estima puede haber sumado unos 30.000 millones de dólares.
Si la CPMI tiene éxito en desnudar esas operaciones financieras, comprobando su ilegalidad, los tributos que adeudan sus autores serán suficientes para construir la infraestructura de energía y transportes que Brasil necesita para asegurar su crecimiento económico en los próximos años, sostuvo a IPS el senador Flavio Arns, miembro de la comisión.
Las informaciones ya obtenidas permitieron a la Secretaria de Renta Federal, la autoridad impositiva, aplicar multas por 5.000 millones de reales (1.700 millones de dólares), informó el senador del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
Si la investigación se hace a fondo provocará un gran escándalo, porque están metidos numerosos políticos y empresarios importantes. Era generalizado el uso irregular de los mecanismos de remesa de divisas, dijo a IPS un cambista que prefirió mantenerse anónimo.
Pero la comisión, que es mixta y se compone de 17 senadores y 17 diputados, afronta problemas.
Una de ellos es la acusación del senador Tasso Jereissati, del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), contra el relator, el petista diputado José Mentor, de que se aprovechó de los datos obtenidos por la CPMI para investigaciones particulares que pueden servir a chantajes con fines políticos.
La acusación y el trascendido de informaciones en la prensa amenazan paralizar el trabajo de la Comisión.
La turbulencia se debe a un banco de datos enviado por fiscales de Estados Unidos a la CPMI, informando sobre 534.000 operaciones financieras hechas en el MTB Bank de Nueva York, de 1997 a 2003. Las operaciones, relacionadas con brasileños, suman 17.000 millones de dólares.
En la lista de personas que aparecen enviando dinero al exterior están políticos conocidos, como Paulo Maluf, el ex alcalde de Sao Paulo que intenta volver a ese cargo en las elecciones del 3 de octubre, grandes empresarios y parientes de Jereissati, según divulgó el diario local O Estado de Sao Paulo.
El apellido Jereissati aparece en 15 operaciones hechas por seis personas, que suman casi medio millón de dólares. Son parientes indirectos, reconoció el senador, afirmando que todos están amenazados de chantaje por el uso indebido de las informaciones de la CPMI.
El relator negó estar creando un banco de datos para uso propio y aseguró no haber pasado ninguna información a la prensa.
Dos hermanos del ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Luiz Fernando Furlán, también forman parte de la lista, enviando o recibiendo dólares. El ex presidente del Banco Central, Arminio Fraga, aparece personalmente enviando 68.000 dólares desde Estados Unidos a sus familiares en Brasil.
El problema es que esas operaciones en general fueron intermediadas por los doleiros, como se les llama aquí a los operadores informales de cambio, en un aparente intento por mantener en secreto la remesa de divisas y eludir los encargos impositivos.
Esta es una parte nueva de las irregularidades investigadas por la CPMI, que antes concentraba su atención en las cuentas llamadas CC-5, creadas por el Banco Central en los años 80 para atraer dólares, facilitando operaciones cambiarias de inversionistas no residentes en Brasil.
Esas cuentas son relativamente controladas, ya que exigen la identificación de las personas que envían más de 10.000 dólares. Pero en 1996, el Banco Central autorizó a cinco bancos de Foz de Iguazú, en la frontera con Paraguay, a tramitar remesas superiores sin identificar los remitentes.
Identificar las operaciones ilícitas es fácil, ya que basta cruzar sus datos con los de la Secretaría de Renta Federal, hecho que indicará si el remitente tiene ingresos y patrimonio que justifican las remesas de divisas, observó a IPS Claudio Weber Abramo, secretario ejecutivo de Transparencia Brasil, organización que combate la corrupción.
No es aceptable que disputas partidarias traben la investigación y aclaren las noticias ya difundidas que involucran sumas abultadas y personas importantes, pues ello confirmaría la creencia popular de que los poderosos siempre quedan impunes, apuntó.
Miles de millones de dólares salieron del país por esa vía, especialmente por el Banco del Estado de Paraná (Banestado). Hay estimaciones de que por las CC-5 salieron desde 1994 unos 100.000 millones de dólares de Brasil.
La Policía Federal, órgano del Ministerio de Justicia, descubrió que remesas de muchos millones de dólares fueron hechas por personas muy pobres, a veces desempleadas. Son los naranjas, como suelen llamar a los testaferros de negocios ilegales en este país.
La CPMI posee una enorme cantidad de datos que, al parecer, atemoriza a mucha gente poderosa, lo que puede explicar las presiones que está sufriendo el relator, según Arns.
Pero la disposición de los miembros de la Comisión es llevar la investigación hasta el final, descubrir las operaciones ilegales y sus autores, aseguró el senador. Parte del dinero debe provenir del tráfico de drogas, de armas y de la corrupción, otra parte representa la evasión de tributos, señaló.
De las investigaciones deben resultar muchas informaciones para la Policía y las autoridades impositivas, para el enjuiciamiento de los criminales y el cobro de miles de millones de dólares en tributos que financiarán el desarrollo, concluyó.
La CPMI, creada el año pasado, tiene previsto concluir sus trabajos a comienzos de 2005, pero podría prorrogarlos.
