El impacto de los desastres naturales en América Latina y el Caribe agudiza anualmente la pobreza de millares de sus habitantes, ya de por sí vulnerables a toda nueva exigencia económica.
Lo perdimos todo, suele ser la frase mil veces repetida de sobrevivientes de terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, avalanchas, deslizamientos de tierras y otros cataclismos que, con dramática frecuencia, azotan la región.
Salvaron sólo la vida y ésta les exige ahora volver a levantar sus casas y buscar alimento para sus hijos. La naturaleza les cambió el entorno, pero ellos no tienen alternativa distinta a la de quedarse en el mismo lugar.
Los desastres naturales causan pérdidas de tal magnitud, que retrasan considerablemente los esfuerzos por superar las condiciones de vida de los países en desarrollo, advirtió, en su informe de 2003, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
De 1970 a 2001, estas catástrofes causaron en la región 246.569 víctimas mortales, afectaron a más de 144 millones de personas y dejaron un daño económico estimado en 68.600 millones de dólares, según datos de esa agencia de la Organización de las Naciones Unidas.
A su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señaló a esta región como una de las más expuestas a las amenazas naturales del planeta, pues abarca al menos cuatro placas tectónicas activas.
El Salvador, por ejemplo, fue azotado por dos terremotos en el primer bimestre de 2001, con un saldo de 1.159 víctimas fatales, 1,6 millones de sus poco más de seis millones de habitantes damnificados y un impacto económico directo e indirecto evaluado en 2.800 millones de dólares.
América Latina está situada sobre uno de los bordes de la cuenca del Pacífico, donde tiene lugar una parte significativa de la actividad sísmica y volcánica del planeta, añade el BID en su informe especial El desafío de los desastres naturales en América Latina y el Caribe.
Además, la variabilidad climática, que se manifiesta en intensas sequías, inundaciones y fuertes vientos en toda América, se ve exacerbada como consecuencia de la recurrencia del El Niño, un fenómeno climático cíclico derivado de una corriente de agua cálida que nace en el océano Pacífico frente a Australia y se desplaza hacia el este hasta las costas de América.
Debido a la polarización del régimen pluvial, ocurren regularmente sequías e incendios de bosques en algunos lugares y lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e inundaciones en otros, puntualizó el BID.
En toda la región, y en particular en el mar Caribe y en el extremo occidental de América Central, son frecuentes las tormentas tropicales y los huracanes originados en los océanos Pacífico y Atlántico.
Uno de los más destructivos de la última década fue el Mitch, que en 1998 devastó buena parte de América Central, con daños ambientales y económicos valorados en unos 6.000 millones de dólares.
Según estadísticas del BID, el sector más afectado en toda la región fue la agricultura, en tanto Honduras sufrió los mayores daños, estimados en casi 4.000 millones de dólares, que equivale a 81,6 por ciento de su producto interno bruto (PIB).
Todos los análisis sobre el tema coinciden en que la población de menores recursos sufre con mayor rigor el impacto de cualquiera de estos cataclismos, dada la precaria calidad de sus viviendas, alto grado de hacinamiento y pésimas condiciones de vida en términos generales.
La pobreza, por su misma índole, expone a la gente a un riesgo mayor. Al disponer de menos recursos, los pobres se instalan donde consiguen tierras baratas, o sea en áreas propensas a desastres, alertó el BID.
Para especialistas, la degradación del ambiente en las áreas rurales, donde se estima que más de 50 por ciento de las familias son pobres y dependen excesivamente de los recursos naturales para subsistir, aumenta la vulnerabilidad ante los desastres.
La deforestación, el pastoreo inadecuado, las alteraciones de las riberas y el uso de métodos de cultivo en laderas, figuran entre las principales causas de ese deterioro del entorno.
En ese sentido, los expertos advierten con alarma que los manglares, que confieren protección natural contra los fuertes vientos, están desapareciendo de las regiones costeras propensas a huracanes.
Al mismo tiempo, la erosión continua del suelo y la pérdida de cubierta vegetal en las áreas montañosas reducen la capacidad para absorber las lluvias torrenciales y la tierra se vuelve más susceptible a deslizamientos e inundaciones repentinas y violentas.
Cuba, cuyo sistema de prevención de desastres ha logrado reducir al mínimo la pérdida en vidas humanas, no ha logrado, sin embargo, minimizar los daños a su economía, que se mueve en condiciones precarias desde inicios de los años 90.
El huracán Charley, que pasó por la porción occidental del territorio cubano el 13 de agosto, provocó daños evaluados en unos 1.000 millones de dólares e inclusive dejó sin energía eléctrica por más de 10 días a una provincia (Pinar del Río) que ni siquiera la había azotado directamente.
Peor aún fue el costo del huracán Michelle, que causó destrozos evaluados en 1.800 millones de dólares al impactar en noviembre de 2001 a la mitad del archipiélago cubano.
