La propuesta de una directriz de la Unión Europea (UE) aún más restrictiva para otorgar asilo político es una de las mayores preocupaciones de los consejos de refugiados de las 15 naciones que conformaban hasta el 1 de mayo este bloque, ampliado ahora a 25 países.
La presidenta del Consejo Portugués para los Refugiados, María Teresa Tito de Morais, al igual que sus pares de la región, consideró que la nueva normativa todavía en fase de negociación cuestiona "la protección de los refugiados en la UE, violando obligaciones internacionales asumidas por sus Estados miembros.
Desmantelados los controles fronterizos tras el llamado Acuerdo de Shengen, "los flujos migratorios se convirtieron en una cuestión transnacional cuyo encuadre legal eficaz sólo podrá ser alcanzado a nivel europeo, sentenció Tito de Morais en entrevista a IPS.
Las barreras a la libre circulación en el área fueron levantadas en 1995, como consecuencia de la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen, firmado 10 años antes en la ciudad luxemburguesa del mismo nombre por ese país, Alemania, Bélgica, Francia y Holanda, y el cual contempla normas unificadas sobre visas, asilo y controles fronterizos. Además de sus fundadores, del convenio forman parte también Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Italia, Portugal y Suecia, todos miembros de la UE, a los que se suman Islandia y Noruega, ajenos a este bloque. En cambio Gran Bretaña e Irlanda, integrantes del también llamado hasta mayo Grupo de los 15, no adhieren al Acuerdo de Shengen. Para los consejos nacionales de refugiados de los países de la UE, "la propuesta de una directriz comunitaria relativa a las normas mínimas aplicables al procedimiento de concesión y retiro del estatuto de refugiado en los Estados miembros, continúa siendo objeto de una enorme preocupación, reveló Tito de Morais. Según la activista, esta norma podría "poner en riesgo la protección de los refugiados en la UE, violando las obligaciones internacionales asumidas por sus Estados miembros, a través del programa general de armonización en materia de asilo establecido en el Tratado de Amsterdam de 1997. Este acuerdo fue ratificado en 1999 en la meridional ciudad finlandesa de Tempere, donde se acordó un estatuto de protección uniforme, válido en todo el bloque.
Con anterioridad, el Convenio de Dublín de 1990 enumeraba los criterios para determinar, entre las partes contratantes, qué país era responsable del examen de las solicitudes de asilo, para impedir que los posibles beneficiados comparasen cuál era el mejor para atender sus peticiones.
Asimismo, en Dublín se intentaba resolver el problema de los solicitantes de asilo por los que ningún país estaba dispuesto a asumir la responsabilidad, un fenómeno conocido entonces como "refugiados en órbita.
En julio de 2001, el proceso conoció un nuevo desarrollo, con la aprobación de una directriz de la UE que estableció las condiciones mínimas sobre la protección temporaria de refugiados procedentes de terceros países, vinculando a todos los firmantes del acuerdo, con excepción de los disidentes Dinamarca e Irlanda
Sin embargo, la regulación práctica de las intenciones políticas, conocida como "Dublín II, sólo entró en vigor en 2003 tras su firma en la capital de Irlanda, según la cual los solicitantes pueden ser retornados al primer Estado por el que accedieron a la zona Shengen, que probablemente será un país fronterizo.
Tito de Morais afirmó que la UE no debe enfocar esta cuestión desde una perspectiva puramente eurocéntrica y se mostró en total sintonía con las aprensiones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Ruud Lubbers, cuando en mayo de este año recordó que "los solicitantes de asilo vienen desde países y regiones con conflictos.
La UE debería contribuir "a un verdadero enfoque europeo común para abordar los movimientos migratorios irregulares, porque si este proceso sigue, añadió, "temo que la directriz será reducida a un catálogo de opciones, incluyendo alternativas que se alejan de los estándares internacionales aceptados sobre la protección de los refugiados y los derechos humanos y los principios establecidos desde hace más de 50 años", añadió Lubbers.
Según los últimos datos disponibles de Acnur, hasta el primer semestre de 2003 aproximadamente 75 por ciento de los 20 millones de refugiados y solicitantes de asilo en el mundo se encuentran en países en desarrollo.
Las estadísticas muestran que en la primera mitad del año pasado disminuyó notablemente el número de aspirantes a obtener asilo que llegan a la UE en comparación con los años anteriores, mientras la cantidad total de solicitudes a ese beneficio es muy inferior del que se observaba a principios de los años 90.
Los pedidos de asilo en Europa occidental alcanzaron su punto máximo en 1992, con casi 700.000. Pero la UE no estaba preparada para un número tan elevado de refugiados y su capacidad existente quedó desbordada en breve plazo, a lo que se unió el que los países miembros demostraron no estar dispuestos a asignar recursos en proporción a la magnitud del problema.
En el seno del bloque europeo de entonces, después de acoger a 350.000 bosnios a comienzos de la década del 90, el gobierno de Alemania presionó con firmeza para lograr algún tipo de acuerdo que lo ayudara a repartir la carga.
En 1995, el Grupo de los 15 aprobó una resolución no vinculante sobre el reparto de refugiados en relación con la admisión y residencia temporal de las personas desplazadas.
La salida masiva de refugiados de la república ex yugoslava de Bosnia-Herzegovina a mediados de los años 90 y de la provincia serbia de Kosovo a finales de ese período hizo que el reparto de la carga fuera una cuestión destacada en la UE durante toda la década. Y sigue siendo controvertida.
La proporción de solicitudes de asilo recibidas por Alemania en relación con Europa occidental descendió, sin embargo, de 63 por ciento de comienzos de la década pasada a 23 por ciento en 1999.
El proceso de armonización de las políticas de asilo en la UE constituye uno de los grandes desafíos de los consejos para los refugiados de los países miembros, con el fin de lograr "que los sistemas de asilo sean más justos, eficaces y previsibles, no sólo en beneficio de los gobiernos sino también de los refugiados y los solicitantes de asilo, subrayó Tito de Morais.
"Concuerdo plenamente con Acnur cuando sostiene que en muchos casos, sin embargo, ha prevalecido el criterio del mínimo común denominador, y en consecuencia la protección de los refugiados ha disminuido en vez de mejorar, añadió la presidenta el CPR.
A las preocupaciones de Ludders y de Tito de Morais se une también una campaña sistemática de medios de comunicación controlados por sectores de la derecha xenófoba europea, destinada a presionar a los gobiernos a no aceptar más refugiados.
Un ejemplo clásico frecuentemente citado, pese a que ya pasaron seis años, es el del periódico The Dover Express, de Gran Bretaña, que en octubre de 1998 llegó a calificar a los inmigrantes y asilados de "aguas residuales humanas".
Con frecuencia, los partidos conservadores, mayoritariamente en el poder en la UE, deben usar argumentos prácticos de orden económico para acallar los clamores de la extrema derecha, a veces en coalición gubernamental como en los casos de Austria, Italia y Portugal.
El llamamiento al pragmatismo, en especial de la derecha económica, recuerda que con la mortalidad actual en la UE sería necesaria la llegada en promedio de 1,4 millones de inmigrantes al año entre 1995 y 2050 para mantener constante la proporción entre población activa y pasiva.
En cambio, la inmigración neta hacia el bloque fue de una media de 857.000 personas anuales desde 1990 hasta 1998.
Tito de Morais advirtió que, mientras los convenios de Schengen y Dublín son obligatorios para los Estados que los han ratificado, "otras actividades de armonización han tenido lugar fuera de un marco vinculante, en un proceso intergubernamental que dista de ser transparente.
Un motivo de preocupación sobre la nueva directriz "es que ésta deja a discreción de los Estados miembros su aplicación. Será necesario "reducir al mínimo la distancia entre uno y otro extremo de la balanza, donde se sitúan respectivamente los intereses de los países en controlar sus fronteras y el uso abusivo del asilo, y los derechos individuales de los refugiados, explicó.
Para ello, acotó, "habrá que comenzar por definir los principios y garantías fundamentales que deberán caracterizar los procedimientos de asilo y no, como se propone, "proceder a la interpretación de términos como 'persecución', 'agentes de persecución', alternativa interna de fuga o pertenecer a un grupo social específico.
Desde comienzos de la década del 90, los gobernantes de la UE han reiterado al más alto nivel su intención de fundar una política común de asilo e inmigración. Empero, según la presidenta del CPR , "pese a esta postura de principios, tal objetivo siempre se ha distinguido por ser de difícil concreción.
