En el último año, el gobierno de Argentina amenazó reiteradas veces con incumplir sus pagos al Fondo Montetario Internacional (FMI), pero este lunes anunció que en lo sucesivo pagará sin debate en cada fecha de vencimiento.
Esa decisión, criticada por algunos economistas por su aparente alineamiento con ese organismo financiero internacional, es destacada por otros expertos como un camino para lograr mayor autonomía en materia de política económica, en la medida en que deje de ser necesario negociar una y otra vez con el Fondo.
"Vamos a cumplir con el FMI porque buscamos que no haya ningún tipo de interferencia en la negociación con los tenedores de bonos" a los que el gobierno dejó de pagar a fines de 2001, alegó este lunes el jefe del gabinete ministerial, Alberto Fernández, sin dar mas detalles sobre la cuestión de fondo.
El anuncio de que se pagarán con reservas los próximos vencimientos de deuda con el FMI, sin previa discusión de metas económicas, representa un cambio de estrategia del gobierno encabezado por el presidente Néstor Kirchner.
Cuando Kirchner asumió en mayo de 2003, las reservas rondaban los 9.000 millones de dólares. Ahora son más de 18.000 millones, una situación "más holgada" según Fernández, que permite variar la anterior negativa a usar esos fondos para pagar deuda externa.
Cada mes, Argentina paga vencimientos al FMI de una deuda de alrededor de 15.000 millones de dólares.
Casi siempre el monto de esos pagos ha sido menos de 150 millones de dólares, pero en las ocasiones en que debía ser mayor, del orden de los miles de millones de dólares, se han producido tensas negociaciones, en las que el Fondo pidió fijar metas de política económica no aceptadas por el gobierno, o éste pidió un visto bueno a su gestión y objetivos que el FMI no otorgó.
El economista Eduardo Curia, asesor del Ministerio de Economía, restó trascendencia a la decisión de pagar, a la que calificó de "coyuntural".
En diálogo con IPS, dijo que se trata de administrar lo mejor posible un periodo transitorio hasta septiembre, cuando se va a renegociar la deuda con los acreedores privados.
"Estamos en una instancia difícil, las elecciones en Estados Unidos restaron del debate a un tradicional moderador entre el gobierno argentino y el FMI, y tampoco conviene romper relaciones con el organismo. Por eso es que se decidió pagar, aunque no se hayan aprobado las metas" del gobierno argentino, sostuvo.
El diputado Claudio Lozano, economista de la Central de Trabajadores Argentinos, coincidió con Curia en la idea de que el gobierno apuesta a un pago que elimine las turbulencias de cara a la renegociación con acreedores privados, pero subrayó que no cree que ese gesto implique mayor firmeza o autonomía en la relación con el FMI.
"Si lo que se quiere es mostrar firmeza para rechazar los condicionamientos, el gobierno debe demostrar que se aparta de los postulados que le exige el FMI, y eso hasta ahora no lo vimos", dijo a IPS.
En cambio, Alejandro Vanoli, profesor de Economía Internacional de la Universidad de Buenos Aires, opinó que la idea de pagar sin el aval del FMI a la política económica local "es interesante", en la medida que permite salir de los acuerdos con el organismo y avanzar en una política económica autónoma.
"Argentina podría recuperar el comando de su política económica y salir de un corsé que le impone tradicionalmente el FMI con recomendaciones de políticas recesivas y nefastas", comentó a IPS.
Para Vanoli, el nuevo camino evita el incumplimiento total, y preanuncia una mayor independencia, aunque el gobierno no la señale como una meta a alcanzar.
El experto consideró que las autoridades dejaron entrever esa intención en una carta que el Ministerio de Economía envió el jueves al FMI, con fuertes críticas a ese organismo internacional.
En la misiva, el gobierno acusó al FMI de cometer "graves errores" en el diagnóstico de la crisis argentina posterior al colapso de 2001, y de recomendar "políticas inadecuadas" para superarla, además de pedirle "mayor margen de acción" para sus decisiones.
Antes de que fuera enviada esa carta, el Fondo había difundido una autocrítica por errores que, según admitió, contribuyeron a profundizar el colapso económico argentino.
Para Vanoli, "no sería ninguna catástrofe" ignorar las recomendaciones del FMI. La deuda externa argentina total asciende a 145.000 millones de dólares, y si se añade la deuda en dólares por papeles emitidos para el mercado interno, el Estado debe en total 180.000 millones de dólares, y más de 100.000 de ellos tienen por acreedores a tenedores privados de bonos, que no cobran desde fines de 2001.
El gobierno de Kirchner ofreció a esos acreedores pagarles con una quita de 75 por ciento de la deuda.
Pero antes de comenzar el proceso de reestructuración correspondiente, previsto para septiembre, las autoridades esperaban tener aprobada la revisión trimestral de su acuerdo con el FMI.
A pesar de la buena marcha de la economía argentina, y de los aumentos del superávit fiscal y la recaudación tributaria, el Fondo postergó sin fecha la aprobación de las metas del gobierno, presionándolo así para que mejorara la oferta a los bonistas y aumentara las tarifas de servicios públicos.
Como esas exigencias fueron rechazadas por el gobierno argentino, el FMI evitó pronunciarse sobre las metas del gobierno, y privó a Kirchner de esa especie de aval en la renegociación con acreedores privados.
