Desgracias como el incendio del domingo en un supermercado de Paraguay no caen del cielo. No son una coincidencia de hechos fortuitos que atrapan en la tragedia a una multitud con mala suerte.
Son, al menos en América Latina, la materialización de errores, abandonos y miserias diversas, que se combinan de modo explosivo en un instante, indican los datos y los expertos.
La cantidad de muertos por el incendio del supermercado Ykuá Bolaños, en Asunción, llega ahora a 464. Sus dos propietarios y ocho de los empleados están presos y enfrentan la acusación de haber cerrado las vías de salida cuando se inició el fuego, para que nadie se fuera sin pagar.
La pobreza de recursos de los bomberos voluntarios y la falta de agua en los hidrantes hicieron el resto.
Las llamas se propalaron en minutos por el edificio, lo que indica mala calidad en la construcción, incumplimiento de normas de seguridad, o ambas cosas.
El concejal y urbanista paraguayo Luis Alberto Boh había dicho a IPS que, de haberse cumplido la ordenanza 25.097 al respecto, el fuego no se hubiera iniciado o se hubiera controlado rápidamente.
Pero con la corrupción, ”mal endémico” de Paraguay, ”no hay garantías de seguridad en las construcciones”, agregó.
Factores similares se conjugaron en Perú, pero el 29 de diciembre de 2001, para que estallara el gran incendio en Mesa Redonda, un mercado informal del viejo barrio limeño del Cercado, desparramado en estrechas galerías y veredas, repleto entonces de público y de material de pirotecnia importado.
Días antes se habían producido dos incendios, que fueron controlados por los bomberos. Pero nada se hizo para desactivar el polvorín en que se había convertido la zona, con toneladas de fuegos de artificio almacenados sin precaución y manejados por personas inexpertas, en muchos casos niños.
Mesa Redonda había conocido otros fuegos por las mismas causas, en 1991 y en 1997, cuando murieron siete personas.
Empero, ese día fatal de fines de 2001 a alguien se le ocurrió probar una bombarda, que detonó entre cajas de otros productos con pólvora. La explosión desató una de las peores tragedias en ese país. El fuego y el estallido de proyectiles que se disparaban en todas direcciones no pudieron ser controlados en varias horas.
El Centro de Operaciones de Emergencia de la Municipalidad de Lima contó 280 personas muertas, 785 desaparecidas (cuyos restos calcinados no pudieron ser identificados) y 218 heridas.
Movidos por la misma lógica de los responsables del supermercado paraguayo que cerraron sus puertas, muchos comerciantes optaron por recuperar sus mercancías. Y se internaron en la zona más caliente del accidente.
El desastre se agravó por ”un transformador de alta tensión que no debía estar allí. Al empezar el incendio, explotó y los cables electrocutaron a mucha gente”, explicó a IPS el especialista en prevención de accidentes Carlos Musse, gerente de la empresa operadora del Centro de Formación de Brigadas de Emergencia, con sede en Perú.
Aunque los bomberos salvaron muchas vidas, la desorganización conspiró contra el rescate y el combate al fuego.
¿Se aprendió algo del desastre? El gobierno de Alejandro Toledo prohibió la importación de productos pirotécnicos poco después. Pero éstos siguen ingresando al país de contrabando.
”En Mesa Redonda se colocaron extintores y señalización y se prohibió almacenar pirotecnia. Sin embargo, hay muchos mercados y, al irse la autoridad, todo vuelve a ser como antes”, dijo Musse desde Lima en entrevista por correo electrónico.
Las normas no cambiaron. ”Lo único que se hizo fue ampliar el presupuesto de bomberos para que compraran mangueras nuevas”, agregó.
También se adoptaron algunas campañas para educar a la población en medidas obligatorias, como vías de evacuación y extintores.
Los especialistas repiten que los cinco primeros minutos son cruciales para minimizar los daños de un incendio. Pero se requiere gran coordinación.
En ese aspecto ”no se ha avanzado en nada. Las empresas deben contar con una brigada contra incendios y capacitarla, lo cual casi nunca se cumple. Las autoridades, sobre todo el cuerpo de bomberos, no utilizan un sistema de comando para organizar la respuesta inicial”, explicó Musse.
”En un incidente como el de Mesa Redonda o el de Ykuá Bolaños, intervienen no menos de una docena de entidades. Cada una tiene sus jefes, su organigrama, sus equipos y sus reglamentos. Si no se aplica el sistema de comando es imposible administrar la emergencia”, abundó.
La sensación de que nada cambió después de la tragedia limeña se refuerza porque no hubo responsables, pese a la presencia de varias toneladas de material no autorizado por la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil.
”A la hora del juicio, nadie resultó culpable. Ni el alcalde de Lima, ni los funcionarios que no controlaron, ni la empresa eléctrica (que tenía un transformador en zona no autorizada) ni el importador de los pirotécnicos”, dijo Musse.
Luego del desastre en Paraguay, nadie entra tranquilo a un centro comercial.
En Argentina proliferan explicaciones tranquilizadoras. Los supermercados exhiben manuales para evacuación, simulacros de incendios, salidas especiales, ventilación, etcétera.
La cadena francesa Carrefour asegura que, de los 250 empleados en cada uno de sus hipermercados, 30 fueron capacitados para situaciones de emergencia. Pero en muchos subsiste la convicción de que el Estado no controla eficazmente, sobre todo por la venalidad de los inspectores.
En el incendio de la discoteca Kheyvis, en diciembre de 1993 en Buenos Aires, las chispas fueron la negligencia de los propietarios y la ausencia de controles.
Esa vez murieron 17 jóvenes, y 24 fueron heridos. El local no tenía matafuegos, ventilación ni salidas adecuadas. Estaba habilitado para alojar 150 personas, pero esa noche había 600.
La justicia responsabilizó al dueño, a la arquitecta del edificio y a una funcionaria pública. Pero los 10 inspectores municipales procesados nunca fueron condenados. El juicio se paralizó tanto tiempo que sus delitos prescribieron.
En tanto, en la discoteca mexicana Lobohombo se emplearon materiales inadecuados y las puertas de emergencia estaban cerradas. En el incendio desatado allí el 20 de octubre de 2000 murieron 22 personas. Cuando acudieron a apagar el fuego, los bomberos descubrieron que los hidrantes no conducían a ninguna fuente de agua.
La tragedia dio pie a una revisión de instalaciones y a varias clausuras.
En cambio, el fuego en el bar caraqueño de La Guajira no se esclareció ni ayudó a mejorar la seguridad. Cincuenta personas perdieron la vida por quemaduras o asfixia, 33 hombres y 17 jóvenes meseras. Al menos tres de ellas eran menores de 18 años.
El incendio, en la noche del 30 de noviembre de 2002, víspera de una huelga general contra el presidente Hugo Chávez, fue casi ignorado por los medios de comunicación opositores, absortos en la cobertura de la medida antigubernamental
Esa omisión fue deplorada por organizaciones que trabajan con la infancia y contra la explotación sexual, pues fue determinante para que una losa de silencio cubriera el hecho y dejara impunes a sus responsables.
”El bar carecía de equipos de alarma y extinción de incendios y de vías de escape protegidas y señalizadas, y acogía esa noche más de 300 personas cuando su capacidad es para 100”, dijo entonces el comandante de bomberos Rodolfo Briceño.
¿Es el subdesarrollo de América Latina lo que propicia la negligencia?
”Ha habido casos flagrantes de incumplimiento en todos los países”, inclusive en la Unión Europea y en Estados Unidos, dijo Musse.
Pero ”en los países con menor calidad de vida se encuentra más este tipo de problemas. Lo más grave es la falta de prevención” de empresarios y autoridades, sostuvo.
En 2002, ardió la discoteca limeña Utopía, matando a 29 personas. La empresa no tenía licencia municipal y había sido advertida de sus incumplimientos. No tenía extintores y las puertas de escape estaban cerradas.
Solamente fueron procesados dos empleados. Pero ”los dueños son responsables, porque decidieron no invertir en los equipos básicos. A todas luces, sólo la corrupción puede hacer que los jueces los consideren inocentes”, concluyó Musse.
* Con aportes de Marcela Valente (Argentina), Diego Cevallos (México) y Humberto Márquez (Venezuela). (FIN/2004)
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