Los vínculos del Plan Cóndor, establecido entre regímenes militares de América del Sur en los años 70 para eliminar opositores, aún existen, dijo a IPS en la capital uruguaya la senadora chilena Carmen Frei.
Esa coordinación probó estar activa en 1991 y 1992, cuando ya habían caído las dictaduras militares del Cono Sur del continente, y el bioquímico chileno Eugenio Berríos, agente de inteligencia del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), fue trasladado en secreto a Uruguay, escondido o secuestrado durante más de un año y luego asesinado.
Creo que esos vínculos siguen existiendo, dijo Frei este martes en diálogo con IPS.
La legisladora de la cogobernante Democracia Cristiana estuvo entre el domingo y este martes en Montevideo para pedir que se dé curso a la extradición de tres militares uruguayos requeridos y procesados en Chile por asociación ilícita y el secuestro de Berríos, un caso por el cual ya están encauzados y detenidos más de 10 ex funcionarios civiles y militares chilenos.
Las autoridades de Uruguay nos han dado la certeza de que van a proceder con toda justicia, y también está la voluntad política de hacer cumplir lo que la justicia resuelva, dijo Frei. Los militares requeridos son Tomás Casella, Eduardo Radaelli y Wellington Sarli.
Frei, los también senadores Sergio Páez Verdugo, de la Democracia Cristiana, y Ricardo Núñez, del cogobernante Partido Socialista, y el abogado Alvaro Varela se reunieron el lunes con el vicepresidente uruguayo Luis Hierro López y con el titular de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, y con varios legisladores y políticos.
La senadora tiene un interés personal en este caso. Berríos, experto en el uso del gas sarín empleado por la dictadura chilena para matar opositores, estuvo implicado en la sorpresiva muerte de su padre, el ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), a comienzos de 1982.
La muerte de Frei Montalva en plena dictadura militar, cuando se perfilaba como líder de la oposición política, es investigada por el juez Alejandro Madrid, el mismo a cargo del caso Berríos.
A mi padre se le introdujo una bacteria, que no se pudo identificar pese a consultas con especialistas de Estados Unidos y Europa, y que lo llevó a la muerte, aseveró Frei.
Mi padre entra a una operación quirúrgica casi ambulatoria, y cuando lo están interviniendo, el 17 de noviembre de 1981, nos alertan de que lo están envenenando, relató a IPS. Frei Montalva murió en enero de 1982, pese a los esfuerzos por combatir una bacteria desconocida que le provocó una infección generalizada.
La advertencia, sobre la cual Frei no quiso explayarse, consistió en varias llamadas telefónicas con datos muy precisos y verosímiles.
Sabemos que durante todo ese tiempo había personal de los servicios de inteligencia dentro de la clínica Santa María (en la que estaba internado). Ya hay cinco médicos identificados que eran agentes de la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército), un grupo especial creado por la dictadura.
Agentes de la DINE fueron los que operaron en los casos más emblemáticos, como la muerte de mi padre o la del dirigente sindical Tucapel Jiménez, y de muertes por gas sarín, botulimia, ántrax, los productos que creaba ese genio loco, el bioquímico Berríos, explicó Frei.
La investigación está muy adelantada y se ha tomado declaración a decenas de personas. Tenemos una tremenda confianza porque el juez Madrid ha hecho un trabajo muy serio, sostuvo.
Pero, ¿en qué forma la extradición de los tres militares uruguayos ayudaría a esclarecer la muerte de Frei?
Queremos saber qué tan importante era Berríos para que hubiera esta movilización de personas dentro del ejército y los servicios de inteligencia que lo custodiaron, lo sacaron de Chile, lo trajeron a Argentina y a Montevideo y lo cuidaron durante un año y medio.
Hay muchas preguntas sobre lo que pasó con las sustancias que él produjo en Chile, y por qué al final deciden matarlo. Los últimos dos o tres años de Berríos son fundamentales para este proceso, aseguró Frei.
Queremos saber hasta qué punto hubo complicidad y asociación ilícita. ¿Por qué hubo esta colaboración tan estrecha entre estos servicios, que venía desde el Plan Cóndor? Queremos saber qué papel jugaron (fuerzas de) Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, prosiguió.
Estamos hablando de hechos que sucedieron cuando ya había gobiernos democráticos en nuestros países. Por eso es tan importante saber la verdad. No queremos manchar a nuestras instituciones armadas, pero al amparo de ellas, personas desquiciadas cometieron delitos que tienen que ser sancionados, sostuvo.
La senadora Frei estimó que tanto los tribunales chilenos como los uruguayos están más fortalecidos ahora para asumir estos desafíos. Tengo confianza en la justicia, concluyó.
El expediente judicial del caso Berríos fue reabierto en Uruguay en marzo, 12 años después del crimen, y tras permanecer archivado y secreto por más de un lustro.
Esta semana, los tres militares requeridos por Chile deberán comparecer ante el juez penal Gustavo Mirabal, que dará inicio así a las actuaciones del proceso de extradición.
Como una novela en esporádicos capítulos, el caso se fue revelando en el transcurso de años, poniendo a prueba las instituciones democráticas de Uruguay.
Berríos abandonó Chile en noviembre de 1991, cuando la justicia se aprestaba a citarlo para declarar por el asesinato de Orlando Letelier (ministro del derrocado gobierno de Salvador Allende), cometido en Washington en 1976.
Su carrera como agente del régimen incluía el desarrollo del gas sarín, de los explosivos que mataron a Letelier y de armas químicas que la dictadura chilena pensó utilizar en caso de guerra por un diferendo fronterizo con Argentina, a inicios de los años 80.
Tras un breve pasaje por Argentina, Berríos y el mayor Carlos Herrera, quien también huía de la justicia, llegaron a Montevideo con identidades falsas.
Herrera (ahora condenado por ejecutar a Tucapel Jiménez en 1982 y procesado en la causa por el secuestro y muerte del bioquímico), oficiaba de protector de Berríos, y alquiló con nombre falso un apartamento en el barrio montevideano de Pocitos, cuyo garante fue el uruguayo Casella.
Berríos vivió también en varios hoteles y finalmente en una casa del balneario de Parque del Plata, cercano a la capital, siempre protegido por militares chilenos y uruguayos, según consta en el expediente judicial chileno.
En un confuso episodio, el 15 de noviembre de 1992, el bioquímico se presentó agitado a la comisaría de Parque del Plata, denunciando que era víctima de un secuestro
Pero lejos de protegerlo, las autoridades policiales lo devolvieron a quienes él denunciaba como sus captores: Casella y Radaelli. El químico y agente chileno no fue visto con vida nunca más.
Este incidente se hizo público en Uruguay en junio del año siguiente, luego de una burda operación de inteligencia que pretendía colocar a Berríos viviendo tranquilamente en Italia.
Se desató así una crisis sin precedentes desde la restauración democrática de 1985. De inmediato, y pese a una sanción menor contra algunos de los oficiales implicados, los altos mandos militares se declararon responsables de lo ocurrido, en una desafiante actitud ante el poder civil del gobierno del centroderechista Luis Alberto Lacalle.
En semanas, se sucedieron la destitución de un jefe de policía, el traslado del comandante de la inteligencia militar, amenazas de muerte a legisladores, roces diplomáticos con Chile y la caída del ministro del Interior, Mariano Brito.
Pero aún no había prueba tangible de la muerte. En enero de 1995 el cuerpo de Berríos apareció enterrado en las arenas de una playa con dos impactos de bala. El asesinato se había cometido entre fines de 1992 y los primeros meses de 1993.
Precisamente en febrero de 1993, en una visita privada de Pinochet a Uruguay, Casella fue fotografiado junto al ex dictador, mientras oficiaba como su acompañante personal.
