El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil tiene políticas y proyectos interesantes, además de una titular respetada, pero es frecuentemente atropellado por emergencias económicas, frustrando las expectativas de los ecologistas.
El Ministerio no ha logrado extender los criterios ambientales a todo el gobierno (la llamada transversalidad), opina el diputado Fernando Gabeira, quien abandonó al gobernante e izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) en octubre, decepcionado por decisiones gubernamentales en desmedro del ambiente y de los derechos humanos.
Un decreto autorizando la siembra y la venta de la soja transgénica cultivada con semillas contrabandeadas desde Argentina fue la principal discrepancia de Gabeira con el gobierno. La medida legalizó un hecho consumado, la siembra ilegal que se lleva a cabo en el sur de Brasil desde 1997.
Además, Brasilia autorizó la importación de neumáticos usados desde Paraguay y Uruguay, so pretexto de respetar el libre comercio dentro del Mercado Común del Sur (Mercosur), y no cumplió la promesa de homologar la demarcación de un territorio indígena en el norte del país, enumeró Gabeira para IPS.
El Ministerio de Medio Ambiente empezó bien, con buenos programas, pero la recesión económica del año pasado lo convirtió en chivo expiatorio, blanco de acusaciones de constituir un obstáculo al crecimiento por retardar el otorgamiento de licencias ambientales para grandes proyectos productivos, comentó el legislador.
Pero a juicio de Gabeira —conocido ecologista desde inicios de los años 80—, la principal falla de esta administración es la ausencia de una política nacional de saneamiento básico, déficit que eleva las enfermedades por contaminación hídrica, las muertes y los costos de la salud.
Nueve millones de niños brasileños viven sin saneamiento en este país de 178 millones de habitantes, y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que ya lleva 19 meses, no diseñó una política para ese sector, olvidado en la política ambiental, acusó.
Tampoco hay avances en el combate a la deforestación amazónica y las quemadas, incendios forestales provocados para preparar la siembra o pastizales. Pero hay un esfuerzo por controlar ese proceso de larga data, alimentado por el modelo de desarrollo económico vigente, reconoció el diputado.
Entre las iniciativas positivas, Gabeira destaca la forma en que las autoridades conducen la pavimentación de la polémica carretera BR-163, en la Amazonia oriental, por primera vez con amplia participación de la sociedad y de ecologistas, para definir medidas que reduzcan el impacto ambiental.
También es buena idea el plan de concesión de áreas forestales públicas para explotación sustentable de comunidades y empresas privadas, opinó.
Se trata de un proyecto polémico, propuesto por el Ministerio para contener la apropiación de tierras públicas por particulares, un problema de propiedad del suelo que está en la raíz de la deforestación desenfrenada.
Los fracasos ambientales del gobierno se deben al modelo económico adoptado, de crecimiento y ajuste fiscal a cualquier costo, opina Adriana Ramos, coordinadora de Política y Derechos del no gubernamental Instituto Socioambiental (ISA).
La buena disposición al diálogo y la búsqueda constante de soluciones negociadas que caracterizan a la ministra de Medio Ambiente, la ecologista de larga trayectoria Marina Silva, la colocan sin embargo en desventaja en las disputas internas del gobierno, dijo Ramos en entrevista con IPS.
En la discusión sobre la soja transgénica, la ministra Silva aceptó el hecho consumado de las siembras, pero negoció la formulación de una solución definitiva para la cuestión, una Ley de Bioseguridad, que se tramita en el Senado.
La principal confrontación actual dentro del gobierno es entre la cartera de Silva y el Ministerio de Minas y Energía, cuya titular, Dilma Roussef, presiona por licencias ambientales para decenas de nuevas centrales hidroeléctricas, arguyendo que sin ellas Brasil puede sufrir un déficit energético a partir de 2007.
El temor a la repetición de los apagones de 2001 y el consecuente racionamiento de electricidad, que se prolongó por ocho meses ese año, conspira contra las exigencias del Ministerio de Ambiente.
No se trata de obstaculizar las centrales hidroeléctricas, sino de evitar daños ambientales y sociales con la ejecución de proyectos de gran impacto y mal elaborados, que pueden incluso impedir un mejor aprovechamiento de las cuencas hidrográficas, argumentó la ecologista Ramos.
Muchos de esos proyectos fueron diseñados sin evaluación del potencial energético de los ríos ni del área más adecuada, tanto desde el punto de vista ecológico como energético, acotó.
Son proyectos heredados de décadas anteriores que no logran cumplir los nuevos criterios ambientales y generan conflictos. El nuevo modelo energético establece normas, como estudios de la cuenca hidrográfica y licencias ambientales, previas a la presentación de una nueva iniciativa. Pero esta política no resuelve las debilidades de planes anteriores.
Las políticas discrepantes, que a veces enfrentan a la cartera ambiental con otros ministerios, como el de Agricultura y el de Trabajo, por ejemplo, tienden a seguir sacrificando el ambiente, por imposición de los intereses económicos, explicó Ramos.
Esto, sin embargo, no significa ausencia de políticas ni de una postura correcta de la ministra Silva, sostuvo. Esto es consecuencia de un gobierno de coalición de muchos partidos, con intereses dispares, que dificulta el cumplimiento de los criterios ambientales en todos los sectores, concluyó.
